De Tampa al calabozo

El próximo lunes, el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto le tendrá que comunicar al juez Justiniano Romero cuál es la decisión que adoptaron en cuanto a la situación legal de la empresaria Sada Goray y los otros cuatro investigados (entre ellos, el periodista Mauricio Fernandini) en la trama de sobornos del sector Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo. Ese día se vence el plazo de detención preliminar (diez días) que agarró de sorpresa a la empresaria (que no reside en el país) la mañana del viernes pasado en el hotel del aeropuerto Jorge Chávez, creyendo que se trataba de una visita rutinaria en el marco del compromiso de colaboración eficaz con la fiscalía de no ausentarse por períodos muy largos de tiempo.

Vencido ese plazo, el equipo de Barreto formalizará su investigación (es decir, pasar de una etapa preliminar a una preparatoria) e informará al juez si es necesario que Goray y sus coimputados deben ser recluidos en un penal bajo la figura de la prisión preventiva durante los meses que duren las investigaciones. Para ello, tendrá que acreditar cómo Goray pasó de ser una de sus principales colaboradoras a alguien que está perturbando el esclarecimiento de los hechos. Son pocos los casos en que un colaborador pasa por ese trance. Pero si así ha sucedido es porque se consideró necesaria la medida para asegurar la investigación y que esta no sea obstaculizada por intereses particulares.

En la orden de detención del juez Romero, se detalla, por ejemplo, el riesgo de que Goray pueda eludir las investigaciones valiéndose, en primer lugar, de que no vive en el país y que inició los trámites para optar por una segunda nacionalidad en República Dominicana, de la pérdida de su residencia en el Perú y del cambio de su dirección fiscal en Uruguay. También, de su facilidad para estar en contacto, desde el exterior y con diferentes números, con sus coimputados y la posibilidad de que pueda influir en ellos. Pero lo más gravitante para que se pidiera su arresto fueron las inconsistencias en su testimonio inicial. En otras palabras, por no haber sido del todo transparente.

Si bien Goray reconoció que estuvo pagando millonarios sobornos a Salatiel Marrufo (dijo que dio S/4 millones y luego la fiscalía determinó que, en realidad, fueron S/5,4 millones y US$21 mil), omitió, por ejemplo, sus gestiones para que se cambiara al directorio del Fondo Mivivienda. Esto y nuevos detalles estarán plasmados en la investigación preparatoria de los próximos días. La hoy detenida Goray ha dicho que en estos meses estuvo viviendo en la ciudad de Tampa (Florida) y que desde allí colaboraba escrupulosamente con las investigaciones. Pero si hoy duerme en un calabozo de la prefectura es porque esto no es del todo cierto. Un destino que ella mismo buscó.