Martín Vizcarra, presidente de la República, aseguró que el Gobierno mantiene su línea de lucha frontal contra la corrupción. (Foto: Presidencia)
Martín Vizcarra, presidente de la República, aseguró que el Gobierno mantiene su línea de lucha frontal contra la corrupción. (Foto: Presidencia)
Pedro Tenorio

Con la firma en Brasil del acuerdo de colaboración eficaz entre fiscales peruanos y la empresa , el país ingresa a una nueva etapa del . Se espera que sea decisiva, dado que servirá para condenar, con base en pruebas objetivas, a ex funcionarios y autoridades corruptas, así como a los socios empresariales que pudieran estar involucrados. Sin embargo, debemos ser conscientes también de que este acuerdo no cierra por sí solo las posibilidades a quienes quieran seguir robándole al Estado –y a todos nosotros– de aquí en adelante. Y este es un asunto clave que no debería estar en segundo plano.

Porque, más allá de sus consecuencias penales, estos casos de le están infligiendo un daño nuclear a la política peruana: las encuestas registran hoy la enorme distancia que separa a los ciudadanos de los partidos que aparecen comprometidos o apenas salpicados con las denuncias. Según Pulso Perú (Datum), 88% rechaza al Apra, 85% a Fuerza Popular y más del 70% al resto de las organizaciones que participaron en las elecciones del 2016. Asimismo, un 75% cree que Ollanta Humala sabía que durante su gobierno se cobraban coimas a las empresas del denominado ‘’. Súmese a ello el bajo nivel de aprobación de la mayoría de los líderes políticos que, en el mejor de los casos, araña el 20%. Si la situación de descrédito y desconfianza ciudadana se mantiene, no es exagerado pensar que en el 2021 nos espera un salto al vacío. La propia clase política está a tiempo de evitarlo, pero dependerá de cómo encare el tema de la lucha anticorrupción.

El propio presidente ya comenzó a sentir el golpe. Primero quiso minimizar su vinculación, lejana y lícita, es cierto, con Conirsa, el consorcio liderado por Odebrecht a cargo de la Interoceánica Sur. Sin embargo, un 67% quiere que el tema sea investigado (Datum). Un 32% lo consideró “una falta que no merecía investigación”, quizás para evitar que la oposición en el Congreso se diera un festín. Ahora, el tema del ‘club de la construcción’ vuelve a tocar su puerta a partir de presuntos aportes para la campaña de PPK en el 2016. Son temas en los que Vizcarra no solo debe ser tajante, rechazando su participación, sino facilitar cualquier pesquisa que aleje toda sospecha que afecte su liderazgo.

El Parlamento tiene por delante una labor decisiva: trabajar en mecanismos que permitan desterrar la corrupción y sancionarla efectiva y ejemplarmente. ¿Va a continuar siendo relativamente “barato” ser corrupto en el Perú? De estos cambios dependerá –sí o sí– que sus partidos tengan alguna posibilidad en el 2021.