El mandatario anunció que planteará una cuestión de confianza por las reformas judiciales y políticas presentadas ante el Congreso. (Foto: Presidencia)
El mandatario anunció que planteará una cuestión de confianza por las reformas judiciales y políticas presentadas ante el Congreso. (Foto: Presidencia)
Juan José Garrido Koechlin

Entre todas las reformas pendientes, tal vez la más importante sea la de los y el sistema de instituciones e incentivos que los rodea. Los partidos son indispensables para el funcionamiento del sistema democrático; cuanto mejor funcione el sistema, más servirá la democracia a la ciudadanía. ¿Cómo? Representándola mejor: haciendo que sus necesidades se encuentren debidamente expresadas; sirviendo de intermediario con el Estado y el resto de organizaciones civiles; y comunicando sus ideales y objetivos.

Pero sobre todo, como bien señala la politóloga Natasha Ezrow, los partidos políticos apuntalan el sistema democrático ante los embates autoritarios. Lo hacen minimizando la posibilidad de acción de los oportunistas, sirviendo al balance de poderes, transparentando las actividades del Estado y los gobernantes, entre otros.

Dicho esto, lo ideal sería, como tantas veces se ha dicho, reformar nuestro sistema con el objetivo de fortalecer a los partidos políticos. Partidos robustos se concentrarían en debates más ideológicos que retóricos, en negociar antes que en confrontar, en liderar competitivamente antes que de manera oportunista… En resumen, necesitamos partidos que fortalezcan al sistema democrático y no que lo petardeen.

Lamentablemente, mientras una de las reformas planteadas por el presidente apunta a fortalecerlos, otra apunta a menoscabarlos. Con esto último me refiero, por supuesto, a la no reelección de congresistas.

En el mundo ideal, los partidos políticos consolidan sus figuras y liderazgos por la vía de la experiencia política (es decir, la participación activa en cargos públicos). Esa experiencia aglutina capacidades de gestión, negociación, persuasión y liderazgo, entre otras. La acumulación es más importante en democracias precarias como la nuestra, por lo que fomentarla es esencial. Sin embargo, la imposibilidad de reelegir parlamentarios estropea esta figura, ya que obliga a las bases a subir la pirámide o morir en el camino. Por cierto, tan dañina es la no reelección congresal como la edilicia o la regional. La vida de un aspirante a ‘líder’ político se vuelve casi efímera.

El presidente Vizcarra ha hecho bien en poner sobre el tapete la necesidad de reformar el sistema político y judicial. Ha sido valiente al plantear las reformas frontalmente ante un Congreso parsimonioso. Pero el ímpetu de la gesta política parece obnubilarlo con respecto a lo primordial. La no reelección es popular, pero es una medida que perjudica al sistema democrático en el largo plazo, y el presidente no parece ser consciente de eso –y si lo está, no lo vemos muy preocupado–.

Esta situación suscita serios cuestionamientos sobre las razones detrás de las propuestas y la premura por hacerlas efectivas. ¿La no reelección busca castigar a la mayoría parlamentaria fujimorista o mejorar el sistema de partidos políticos? Si es lo último, es necesario señalar que ni el gobierno ni el mandatario han explicado la lógica del razonamiento. Si es lo primero, hay que resaltar que aunque la mayoría fujimorista merezca una reprobación mayúscula, es la ciudadanía la que debe ser la encargada de castigar a sus representantes por la vía electoral, no el presidente. De hecho, las encuestas nos indican que eso es lo que sucederá.

La reforma política debe responder a las necesidades del país, no a vendettas particulares, así estas sean populares. Todavía hay tiempo de rectificar.