En el Perú, el problema ya no es que la democracia funcione mal, sino que cada vez es más difícil sostener que funciona en sentido pleno. Hoy, el ciudadano vota sin que ese acto implique realmente una transferencia clara de dirección política. No porque el voto haya perdido valor formal, sino porque el sistema en el que se inserta ya no logra traducirlo en gobierno efectivo. La evidencia reciente es clara: procesos electorales con fallas logísticas que dejaron a más de 50.000 personas sin votar, una oferta de más de 30 candidaturas materialmente imposible de procesar por el ciudadano promedio, y una secuencia política en la que el poder ha sido ejercido por autoridades que no fueron elegidas para gobernar.
Este punto es central. El problema excede la debilidad institucional o la baja calidad democrática y alcanza la relación misma entre voto y poder. A esto se suma un segundo problema estructural: la imposibilidad material de un voto informado. La proliferación de partidos no amplía la capacidad de elección; la dispersa y la vuelve impracticable.
La inestabilidad se produce en el propio funcionamiento del poder. El Legislativo actúa sin necesidad de sostener mayorías ni de asumir la continuidad de un gobierno; su intervención es fragmentada, reactiva y orientada a presionar. Las herramientas institucionales –censuras, vacancias– forman parte de la disputa cotidiana. Al mismo tiempo, el poder político se entrelaza con circuitos que no pasan por la representación: intereses económicos, operadores y economías ilegales que inciden sin exponerse. El gobierno queda atrapado en ese entramado: cada decisión abre un frente, cada movimiento activa resistencias. Ejercer el poder implica, desde el inicio, administrar fuerzas que lo desgastan.
Por eso, la pregunta ya no es si el Perú atraviesa una crisis política, sino cómo debe ser caracterizado el régimen que emerge de ella. Lo que hoy opera en el Perú es una democracia vaciada: el voto existe, pero no produce gobierno; se eligen autoridades, pero no se define quién ejerce efectivamente el poder. En ese desplazamiento, la legitimidad electoral deja de ordenar el sistema y pasa a ser un requisito de entrada que puede ser rápidamente neutralizado.
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