Llegó marzo y ya se hace inminente el regreso de escolares y universitarios a las aulas. Nuevos horarios, nuevos docentes, nuevos compañeros. Muchos cambios. Pero hay algo que permanece constante: el deficiente sistema de transporte público en el país.
Esto, no solo en el sentido de que la capital, Lima, sea la ciudad con peor congestión vehicular de Latinoamérica, según el Índice de Congestión de TomTom. Hay otras aristas de este problema que no deben quedar en las sombras. Me refiero al acoso en el transporte público.
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 7 de cada 10 mujeres peruanas son víctimas de acoso sexual en el transporte público. Duele ver cifras como estas, especialmente sabiendo que muchas víctimas son niñas y adolescentes, un grupo en situación de vulnerabilidad. Y, si bien el Estado, mediante el MTC, ha adoptado acciones como la creación de un protocolo de atención para casos de acoso sexual en el transporte público, esto no es suficiente. El hacinamiento en buses, la falta de capacitación a conductores y cobradores (muchos de ellos, informales) y la indiferencia ciudadana son los ingredientes perfectos para que esta problemática siga latente. Y es que, según el protocolo, el conductor, el cobrador y los testigos juegan un rol activo clave en la actuación frente al acoso en el transporte público, pero ¿realmente es así?
Pedir que se corrija la informalidad, el deficiente sistema de transporte público en el país y la violencia contra la mujer, a propósito del Día Internacional de la Mujer, celebrado ayer, parece algo utópico, pero estoy convencida de que, atacando una causa a la vez, adoptando políticas con enfoque de género y un sistema de tecnología para reportar casos de acoso en el momento, menos niñas y adolescentes formarán parte de esas cifras.
WUF
