La reciente eliminación de la violación sexual a menores como causal para el aborto terapéutico en el Perú es un retroceso preocupante que afecta directamente a niñas y adolescentes víctimas de violencia. Según el INEI, en el 2024 se reportaron más de 15.000 nacimientos de madres adolescentes menores de 15 años, una cifra alarmante que evidencia la magnitud y urgencia de esta problemática. ¿Cómo podemos negarles el derecho a interrumpir un embarazo que pone en riesgo su salud física y mental?
Los datos del INEI muestran que el embarazo adolescente sigue siendo un problema grave, especialmente en zonas rurales y regiones como Loreto, Ucayali y La Libertad, donde las tasas son considerablemente más altas que en las áreas urbanas. Obligar a estas niñas a continuar un embarazo producto de una violación no solo las expone a riesgos médicos, sino también a daños psicológicos profundos, como depresión y ansiedad.
¿Estamos realmente protegiendo a las víctimas o estamos priorizando creencias ideológicas por encima de sus derechos y bienestar? La evidencia médica y las recomendaciones internacionales insisten en que el aborto terapéutico debe estar disponible para proteger la vida y salud de las menores.
¿Qué futuro les estamos dejando a estas niñas? Desde mi perspectiva, negar el derecho al aborto terapéutico a menores víctimas de violación es una grave injusticia. No se trata solo de leyes, sino de empatía y respeto. Como sociedad, debemos garantizar que estas niñas tengan acceso a salud, apoyo y justicia, no más violencia ni abandono.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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