:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/b2a7c7b7-0943-4f8a-8513-6ee0c26a149f.png "Gimena Valeri Collazos Portocarrero")
La descentralización en el Perú, iniciada en el 2002, prometía reducir el centralismo limeño, fortalecer la democracia y mejorar la gestión pública en las regiones. Se pensó que otorgar autonomía a los gobiernos regionales y municipales traería eficiencia y desarrollo. Dos décadas después, el resultado es claro: la descentralización ha sido, en muchos casos, un proceso con múltiples dificultades que aún no ha rendido los frutos esperados.
Lejos de consolidar instituciones sólidas, el proceso ha servido como plataforma para caudillos locales y redes de corrupción. Gobernadores como Gregorio Santos en Cajamarca y Vladimir Cerrón en Junín han utilizado sus cargos para construir movimientos políticos personales en lugar de gestionar eficazmente sus regiones. Además, la proliferación de partidos sin planes de gobierno ha generado un sistema fragmentado y disfuncional, donde cada elección regional y municipal se convierte en una lucha de intereses más que en una competencia de propuestas viables para el desarrollo.
El mayor problema ha sido la expansión de la corrupción. Antes de la descentralización, los escándalos estaban concentrados en Lima; hoy, los gobiernos regionales replican estos esquemas sin fiscalización real. La falta de un sistema efectivo de control y sanción ha permitido que muchos de estos casos de corrupción queden impunes, lo que incentiva aún más estas prácticas ilícitas.
La descentralización está lejos de empoderar a las regiones, sino a mafias políticas locales. Se han transferido enormes recursos sin capacidad de gestión ni supervisión efectiva. Siendo así, en lugar de promover el desarrollo, el modelo ha permitido el fortalecimiento del clientelismo, la improvisación y la impunidad.
¿Debe recentralizarse el poder? No. Pero mantener la descentralización sin reformas urgentes es perpetuarlo como un experimento. Sin controles estrictos, sin profesionalización de la gestión pública y sin sanciones reales, la descentralización en el Perú seguirá siendo, para la población, un sinónimo de ineficiencia, corrupción y promesas incumplidas, donde el poder se dispersa, pero la mala gestión y la falta de planificación permanecen.
