(Ilustración: Mónica González).
(Ilustración: Mónica González).
Mario Ghibellini

El presidente anunció la presentación de una al “respecto de las políticas de estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción”. En el discurso en el que dio a conocer su decisión, se tomó el trabajo, además, de precisar cuáles son los cinco propósitos cuya aprobación “sin vulnerar la esencia” se buscaba obtener de parte de la representación nacional. A saber, que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que las personas condenadas no puedan ser candidatas (al Parlamento o a la presidencia, se entiende), que cualquier ciudadano pueda participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas a través de elecciones primarias e internas, que se elimine el voto preferencial y que se garantice la participación política con alternancia (de género).

Superados algunos problemas de concordancia y con los modos verbales, la enumeración anterior es casi una cita textual de lo dicho por el mandatario, así que resulta legítimo sacar conclusiones a partir de ella.

Preguntémonos, en primer lugar, cuántas de esas iniciativas habían sido ya revisadas y descartadas por la Comisión de Constitución como para motivar el ultimátum al Congreso. Pues solo una: la que se vincula . Y si revisamos el calendario, descubrimos que fue archivada el 16 de mayo: seis días antes de hasta el Palacio Legislativo para protestar por ello y trece días antes de su anuncio de la cuestión de confianza. Cabe sospechar, pues, que el verdadero problema al que la medida intentaba responder era otro. Uno, por lo pronto, más reciente.

Y no hace falta ser un politólogo colegiado para adivinar que ese problema es el le había brindado un día antes del anuncio presidencial al fiscal supremo . De hecho, Vizcarra empezó el miércoles su discurso aludiendo a ese episodio y anexó al final de la enumeración de las materias sobre las que se disponía a demandar la confianza una exhortación a los congresistas “para que reconsideren el archivo de las denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la nación”.

—Exhortación de confianza—

Como no existe la ‘exhortación de confianza’, el presidente optó por la otra figura. Pero la verdad es que si el problema era el blindaje a Chávarry, presionar para que se apruebe la alternancia de género en las listas parlamentarias no parece la herramienta de solución más adecuada. Es como si el mandatario quisiera arreglar un mecanismo en el que hay una tuerca suelta, pero solo tuviese a la mano un martillo… Y a pesar de todo, decidiese acometer el inconveniente con el martillo.

A nadie se le escapa, ciertamente, que la explicación de esa incongruencia tiene que ver con el hecho de que la vergonzosa protección al referido fiscal ofrecía una coyuntura política perfecta para sacar al Congreso al fresco. Pero la utilización del instrumento elegido por el jefe de Estado entraña riesgos que no pueden ser ignorados.

Para empezar, es perfectamente posible que la mayoría a la que se pretende ajustar le conceda el 4 de junio al Gabinete Del Solar la confianza solicitada y luego siga haciendo lo que le viene en gana con respecto a las reformas políticas. De ahí los inútiles intentos del gobierno de colocarle parámetros al procesamiento que se les debe dar.

¿Quién podrá definir, por ejemplo, en qué momento se ha “vulnerado la esencia” de lo propuesto por el Ejecutivo en tal o cual reforma como para objetar la versión aprobada sobre la materia por el Legislativo? Ante cualquier tentativa de hacer algo semejante, no es muy difícil imaginar a la integrante más televisiva del Parlamento cambiando a “Condorito” por “El Principito” y recordándole al presidente que “lo esencial es invisible a los ojos”.

Los esfuerzos por imponerle plazos límite a la representación nacional para lidiar con todo el paquete de propuestas –el 15 de junio, según ha postulado el premier– son, por otro lado, casi una invitación al ludibrio; máxime cuando se añade al final la inspirada puntualización: “Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada”.

¿Resulta acaso verosímil la posibilidad de que, digamos, dos semanas después de la concesión de confianza, el presidente diga de pronto que se están demorando mucho en aprobar sus reformas o que se las han deformado y que por lo tanto procede a disolver el Congreso? ¿Cree alguien que estaría dispuesto a afectar para siempre su imagen –cuando no su situación legal– con las sombras de conspiración contra el Estado de derecho que una conducta así atraería sobre él?

En esta pequeña columna, estamos persuadidos de que no. Y la veracidad de ese diagnóstico es tan evidente que hasta los más ceporros de los inquilinos de la plaza Bolívar tienen que haber llegado a él, y por lo tanto la amenaza no ha de haberles producido otra cosa que ganas de desafiarla.

—Aserrín, aserrán—

En medio del apremio por recuperar , Vizcarra daría la impresión de haberse embarcado, pues, en un ejercicio aún más absurdo que el de la caminata hasta el Congreso (que por lo menos reportaba beneficios cardiovasculares). Por una parte, en lugar de someter a la oposición parlamentaria, la ha encabritado. Y por otra, según información , ha provocado tensiones con la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo titular prefería intentar primero el diálogo en la Comisión de Constitución. Y que, además, no debe contemplar muy complacido la prueba que toda esta situación ofrece de que es una ficha política fungible para este gobierno.

Ojalá no sea demasiado tarde para sugerirle al presidente que, para solucionar el problemita de la tuerca, cambie el martillo por una llave inglesa. Porque si no, desde el otro lado de la cancha le van a desenfundar seguramente un serrucho. Y eso ya sabemos cómo acaba.