Treta y retreta

Algunos han recordado el gracioso paso para atrás que hacía Michael Jackson en sus videos; otros, al inmortal Don Ramón murmurando “con permisito, dijo Monchito” antes de escurrirse de una situación incómoda. Pero lo cierto es que la imagen que mejor ilustra el retroceso del Gobierno en el asunto de la franja informativa que les quiso imponer a los medios es la de una humillada hueste militar huyendo del campo de batalla a las gloriosas notas del himno de la arrugada. Esto es, al toque de corneta que en el argot de los cuarteles se conoce como ‘retreta’. Porque, vamos, es claro que el avance inicial tenía algo de carga contra el enemigo que, en los desvaríos de la señora Boluarte, planea un “golpe blando” contra ella: la prensa insidiosa que hurga entre sus relojes y sus afeites nasales, en combinación con el Ministerio Público.

Según lo que llegaron a adelantar los voceros del Ejecutivo con respecto al proyecto, la idea era modificar la Ley de Radio y Televisión para obligar a las estaciones privadas de una y otra cosa a transmitir diariamente un reporte oficial, de hasta 40 minutos, sobre los hipotéticos logros del gobierno en la lucha contra el crimen. Una movida que habría equivalido a abrirse un territorio liberado en cada uno de esos medios para modular mensajes a su regalado gusto acerca de un asunto en el que los triunfos reales han escaseado. Por eso muchos ya anticipaban anuncios ‘truchos’ semejantes a los de la captura del “número 2 de Sendero” o la identificación de un sereno de la Municipalidad de Lima como “uno de los extorsionadores más peligrosos del Perú”. A no dudarlo, en Palacio han de haber pensado por un instante que se les había ocurrido una treta ingeniosa. Pero ese pensamiento les tiene que haber durado, en efecto, solo un instante.

–Placa anotada–

La lluvia de opiniones jurídicas y de las instituciones ligadas a la prensa sobre la naturaleza inconstitucional y más bien propia de regímenes autoritarios de la propuesta, provocó una frenada en seco del Ejecutivo. Y con una velocidad solo superada por la de la destitución de la nueva directora general de la Digemid, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, tuvo que salir a decir que la iniciativa había sido “suspendida”. Un eufemismo con el que probablemente buscaba salvar cara, pero que rápidamente tuvo que corregir precisando que ya no se trabajaría “ninguna propuesta en ese sentido”. No faltaron, desde luego, las letanías sobre la “equivocada percepción” y la perfecta constitucionalidad de una idea que solo estaba siendo dejada de lado en aras de la “vocación democrática” del Gobierno: una paparrucha que no persuadió a nadie. Las buenas iniciativas no se descartan por problemas de percepción. Sencillamente, se explican mejor y se sigue adelante con ellas. Pero no fue eso lo que sucedió. Arana, que había sido el responsable de echar la bola a rodar solo cuatro días antes, tuvo que salir a soplar la ya mentada corneta antes de ser incluido en el festival de interpelaciones que se ha desatado en el Congreso, ahora que el clima de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo ha empezado a cambiar. Felizmente para él, casi al mismo tiempo reventó un enésimo caso de intoxicación masiva provocada por los alimentos que el Midis reparte a los escolares, y así su desaguisado –un mero papelón– resultó eclipsado por un auténtico escándalo. La mancha del fallido ardid contra la prensa, sin embargo, ha quedado estampada en su pechera y cuando salga del cuartel al que lo ha llevado su repliegue de emergencia, habrá que hacérsela notar.