11 detenidos en Lima y más de 20 intervenidos en regiones por presuntas irregularidades electorales: el avance de las investigaciones

Las incidencias registradas durante la jornada electoral del 7 de junio continúan siendo materia de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Hasta la tarde del día siguiente, 11 personas, dos mujeres y nueve hombres, permanecían detenidas en la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en Pueblo Libre, por presuntamente haber atentado contra el derecho de sufragio en distintos puntos de la capital.

Según información a la que accedió este Diario, al menos nueve de los detenidos participaron como miembros de mesa durante la jornada electoral. La mayoría de los casos se registró en distritos de Lima Norte, como Los Olivos, Ancón y San Martín de Porres, donde las autoridades investigan presuntas alteraciones de cédulas de votación encontradas con rayaduras y otros tipos de marcas.

Uno de los hechos más notorios ocurrió en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. Allí fue detenido Oracio Javier Rafaile Huamayall, de 81 años, quien se presentó como personero de Juntos por el Perú (JP). De acuerdo con la información disponible, los miembros de mesa advirtieron presuntas marcas realizadas en el interior de 93 cédulas de sufragio, una situación que motivó la intervención policial y el inicio de las investigaciones correspondientes.

En ese mismo local de votación también fueron detenidos Joseph Aguilar Peñaloza, Martín Antonio Alarcón de la Cruz y Tomás Eduardo Alegre Díaz, quienes se desempeñaban como miembros de mesa y son investigados por la presunta alteración de cédulas halladas con rayaduras.

Otra intervención se produjo en el colegio Inca College, en el distrito de Ancón. Allí fueron detenidos Juan Carlos Espinoza Zapata, Pamela Alicia Cruz Lorenzo y Luis Milatania Carhuapoma, quienes también ejercían funciones como miembros de mesa y son investigados por la presunta manipulación de más de 15 cédulas de votación.

Una situación similar involucra a Mirtha Bardales, presidenta de mesa en el colegio Virgen María del Rosario, en San Martín de Porres. Tanto ella como otros dos integrantes de mesa son investigados por la presunta manipulación de 18 cédulas electorales.

Las diligencias de investigación siguen en curso mientras que los intervenidos han iniciado su estrategia de defensa frente a las acusaciones que se les atribuyen. El abogado penalista Walter Gutiérrez, defensor de Martín Antonio Alarcón de la Cruz, señaló que a su patrocinado se le atribuye el presunto delito de atentado contra el derecho de sufragio. “Se están tomando las declaraciones de los policías, de los investigados. Ya hemos deslacrado las cédulas y hemos podido ver que tienen un ligero rayón algunas, no todas”, indicó.

El letrado también cuestionó la legalidad de la intervención policial al sostener que ningún efectivo habría observado directamente la supuesta manipulación de las cédulas. “Consideramos que es una detención arbitraria, no obstante, estamos colaborando con las investigaciones para lograr la libertad de nuestro representado”, agregó Gutiérrez.

Por su parte, Jair Flores y Carlos Quiroz, abogados de Tomás Eduardo Alegre Díaz y Joseph Aguilar Peñaloza, respectivamente, señalaron que sus defendidos habrían permanecido detenidos más allá del plazo que consideran razonable para las diligencias preliminares. “No hay nada que los pueda sindicar, sin embargo el Fiscal y las demás autoridades pretenden retenerlos ahí”, afirmó Flores. Ambos abogados sostuvieron además que no existirían elementos objetivos suficientes para sustentar una eventual formalización de la investigación.

Además de los casos que derivaron en detenciones e investigaciones fiscales, durante la jornada electoral también se reportaron otras incidencias vinculadas al material de sufragio. En el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje, en La Molina, se detectaron 90 cédulas aparentemente marcadas. Hasta el lugar acudieron representantes de la Fiscalía, efectivos policiales, integrantes de las Fuerzas Armadas, personal de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones, miembros de mesa y personeros. La ONPE dispuso el reemplazo inmediato del material electoral y no se reportaron detenidos por este caso.

Precisamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que durante la jornada se registraron incidencias relacionadas con actas de sufragio en 17 mesas de Lima. “Hemos aplicado la contingencia del caso”, declaró el jefe interino de la entidad, Bernardo Pachas Serrano. El funcionario indicó además que la ONPE se constituirá como parte afectada y adoptará las acciones legales correspondientes. “Como se ha visto, nosotros hemos entregado el material electoral debidamente empaquetado”, subrayó.

Los hechos investigados forman parte de un panorama más amplio de incidencias registradas durante el proceso electoral. Según la Defensoría del Pueblo, en los 950 locales de votación supervisados en Lima Metropolitana se reportaron 2.355 incidencias. De ese total, 1.662 estuvieron relacionadas con hechos electorales, 511 con aspectos de organización del proceso y 182 correspondieron a situaciones de violencia. Asimismo, la entidad precisó que 1.561 incidencias ocurrieron durante la votación, 498 durante la instalación de las mesas de sufragio y 296 durante la etapa de escrutinio.

En Arequipa se registraron dos hechos que derivaron en la intervención de las autoridades. En la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en la mesa de sufragio N.° 005504, se reportó el hallazgo de 23 cédulas marcadas, situación que motivó la presencia de representantes del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

Además, en el local de votación Mario Vargas Llosa, en el distrito de Mariano Melgar, fue detenido un personero identificado por medios locales como Miguel Tupayachi, presuntamente vinculado a Fuerza Popular. El ciudadano es investigado por haber sustraído 261 cédulas de votación. El fiscal superior Roberto Reynaldo Román explicó que las cédulas retiradas ya habían sido contabilizadas y no presentaban observaciones. Según informó el diario Correo, el investigado habría llevado el material electoral a su domicilio y posteriormente regresó al local de votación, donde terminó reconociendo su accionar ante las autoridades. La detención se produjo en flagrancia.

Otro caso bajo investigación se registró en Tarapoto, región San Martín. En la institución educativa Cleofé Arévalo del Águila, ubicada en el distrito de La Banda de Shilcayo, la Fiscalía y la Policía Nacional intervinieron a Jhoan Pisco Sinto por presuntamente haber suplantado la identidad de otro elector para emitir su voto.

La Fiscalía informó que, hasta la 1:30 p. m. del 7 de junio, se reportó a 20 detenidos en distintos puntos del país. Los casos se registraron en los distritos fiscales de La Libertad (6), Cusco (4), Lima Norte (4), Santa (2), Lambayeque (2), Piura (2), Sullana (1), Amazonas (1), Ayacucho (1) y Cajamarca (1). Los intervenidos son investigados por presuntos delitos vinculados al proceso electoral, entre ellos propaganda electoral en horario prohibido, inducción al voto, venta de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral, resistencia o desobediencia a la autoridad, impedimento del ejercicio del derecho de sufragio y suplantación de votante.

Frente a los casos ocurrido este último domingo con las cédulas de votación, José Tello, especialista en temas electorales, señaló que el delito tipificado como atentado contra el derecho al sufragio, señalado en el artículo 359 numeral 4 del Código Penal, establece una pena de 2 a 8 años de cárcel. “Es un delito bastante grave, ya que hay manipulación de material electoral”, aseveró.