Alan García, el sospechoso, por Federico Salazar

El ex presidente tiene derecho a la presunción de inocencia en los tribunales. No la tiene, en cambio, ante la opinión pública.

Cualquier persona tiene derecho a creer que Alan García está involucrado en negocios con los Odebrecht. Cualquier persona tiene derecho a considerar a Alan García sospechoso de haber tenido tratos ilícitos con la corrupta empresa brasileña o sus máximos directivos.

Los magistrados tienen que guiarse por leyes, pruebas y testimonios. Los ciudadanos tenemos más libertad para elaborar nuestros juicios. Recurrimos a la información y al sentido común.

La empresa Odebrecht desarrolló en las últimas décadas un esquema de corrupción de funcionarios para hacer negocios privados. En Brasil, se sabe hasta el momento que sobornó al menos a 179 políticos con 78 millones de dólares.

Los montos son irrisorios. Por el tamaño de las inversiones involucradas, el nivel de funcionarios involucrados debe ser mayor y los montos, también.

El segundo gobierno de Alan García aumentó en 1.900 millones de dólares el presupuesto de la carretera Interoceánica norte y sur. La carretera que es un desierto al lado de la Carretera Central, donde no se invirtió nada.

Alan García se puso el overall de Odebrecht, el casco de Odebrecht, se tomó varias fotos con el delincuente Jorge Barata, firmó decretos de urgencia y propició créditos en favor de la megaobra. Uno de sus viceministros, Jorge Cuba, está en la cárcel por soborno.

Durante la presidencia de Alan García, Barata visitó 16 veces Palacio de Gobierno. Doce reuniones fueron con el presidente de la República. Viajaron juntos 23 veces.

Ningún presidente en su sano juicio puede ni debe hacer eso. Favorecer la inversión no significa favorecer a un grupo o una empresa. Lo de Alan García con Odebrecht fue indebido e incluso escandaloso.

Ningún presidente debe ponerse el uniforme de ninguna empresa. Si las empresas privadas van a hacer obras públicas, será por su ganancia. La ganancia no es ilegítima si no hay malos manejos. No tiene que ser defendida por ningún funcionario, si no hay nada malo en ellas.

Alan García tuvo un cariño inusitado, excepcional y grandilocuente por la empresa de los corruptos y corruptores Emilio y Marcelo Odebrecht y su representante en el Perú, Jorge Barata.

Ya se sabe que Odebrecht pagó sobornos al ex presidente Alejandro Toledo. Declara que financió la campaña de Ollanta Humala. Pagó coimas por obras en la región Callao.

En las agendas de Marcelo Odebrecht aparecen las iniciales AG al lado de (proyecto) “O(l)mos”, cuya segunda etapa se licitó en el 2008.

García sostiene que se refieren a la constructora Andrade Gutierrez. “A otros habrán comprado”, dijo en Twitter. Y, luego, en Facebook: “Las iniciales AG no mencionan ningún dinero o soborno a cambio de una obra”. 

De acuerdo al semanario “Hildebrandt en sus trece”, sí habría referencia a dinero. “Gestionar plazos, máximo 1 millón” es lo que dirían las abreviadas anotaciones.

Es prematuro determinar que eso se refiera a una coima de un millón. No es verosímil que ese fuese el monto del soborno de una obra de más de 200 millones. Si se piensa en una comisión de 3%, y si la hubo, la coima podría haber sido de alrededor de 6 millones.

Barata declaró a la Comisión Lava Jato en el Perú que jamás le habría ofrecido un soborno al presidente García. ‘Me habría botado a patadas de Palacio’, habría dicho. 

Este testimonio, en lugar de favorecer la posición del ex presidente, la complica. Sabemos que Barata es un delincuente. ¿Uno se sentiría tranquilo si un delincuente lo defiende con tanto ahínco? 

El tiempo dirá si las sospechas se confirman o se descartan. Lo que el caso nos enseña de manera indubitable es que el Estado debe estar absolutamente separado de la empresa. Y los funcionarios, más.

No aceptemos nunca más a un presidente portando vergonzosamente el logo de alguna empresa privada.