Una política de eliminación o matanza de perros planeaba realizar la actual administración de la Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca, en Huanca Sancos, . En diálogo con El Comercio, el alcalde Héctor Quispe Huaripaucar reconoció que existió la iniciativa, pero precisó que con la reciente aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal, lo que se realizará ahora es sensibilizar a la población para un mejor tratamiento de los canes.

La medida se planteó en base a la ordenanza municipal N° 007-2011-MDSL/A y la ley N° 27596, que regula el régimen jurídico de canes. “No hemos entrado directamente a eliminar. Por el momento, estamos sensibilizando. Son casi tres meses de sensibilización a la población”, aclaró el alcalde Quispe.

¿Por qué se buscaba tomar la drástica medida? El burgomaestre refirió que los vecinos de su jurisdicción no cuidan adecuadamente a sus animales, y estos generan contaminación en las calles, lo que puede ser perjudicial para la salud de los niños.

“Casi todos los perros están en la calle. La población no sabe cuidar animales, crían por criarlos. Están correteando, dejando sus excrementos”, comentó acotando que gran parte de las 3 mil familias del distrito cuentan con un perro. 

“Un pozo para el entierro”
El grupo en Facebook USMP contra el maltrato animal compartió la imagen del Oficio Múltiple N° 048-2015-MDSL/A con fecha 9 de noviembre, en el que el alcalde se dirige al responsable del puesto de salud San José de Huarcaya, en Santiago de Lucanamarca.

En el documento, Quispe Huaripaucar informa al responsable de salud sobre la campaña que se realizará “durante todo el mes de noviembre” y le señala que “deberán abrir un pozo para el entierro de los canes eliminados”. Así incluso se había planteado ejecutar la ordenanza municipal, pero ahora uno de los nuevos planteamientos de la autoridad es que las familias tengan a sus perros en el campo y no en las zonas urbanas. 

Restricción
Cabe recordar que la semana pasada, el pleno del Congreso aprobó la Ley de Protección y Bienestar Animal, que establece sanciones ante maltrato y crueldad causados por el ser humano. La norma plantea pena privativa de la libertad no mayor de tres años, con 100 a 180 días multa, a los responsables de actos de crueldad contra animales domésticos. Pero en caso de muerte del animal, la pena se amplía de tres hasta cinco años de cárcel, con 150 a 360 días de multa e inhabilitación.

“Una vez que la ley es promulgada, esa ordenanza ya no puede implementarse”, aclaró a El Comercio el congresista Carlos Bruce, uno de los principales promotores de la norma.

Consultado sobre la iniciativa en Santiago de Lucanamarca, el legislador sostuvo que lo que el municipio debería de hacer es implementar un albergue para perros o patrocinar uno privado, recoger a los canes, enviarlos a esos establecimientos y luego ponerlos en adopción. “La ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación en lo que se refiere a lo penal”, sentenció.

Este documento daba cuenta de los planes en Santiago de Lucanamarca:

(Facebook)