Después de 30 años enterraron a víctimas de Sendero en Aranhuay

Los deudos de Aranhuay (Huanta, Ayacucho) aún no olvidan cómo un grupo de terroristas de Sendero Luminoso ingresó a su pueblo y asesinó a machetazos y pedradas a sus familiares. Es una imagen mental escalofriante que se ha repetido en sus mentes una y otra vez desde la década de los 80, cuando perdieron a sus esposos, a sus padres, a sus hijos.

Con lágrimas de dolor, el último viernes un grupo de deudos recibió los restos de sus desaparecidos en pequeños ataúdes blancos. Algunos esperaron 33 años, otros 28 para poder cerrar el círculo de una búsqueda sin descanso.

Yabel Carbajal Ccohachi es el hijo de Marino Carbajal, comunero asesinado por senderistas en 1983. También es el representante de los deudos y desde esa posición afirma que “hasta el momento al pueblo de Aranhuay la justicia no ha llegado”. Se refiere a que aún no se conoce a los responsables de las masacres y a las reparaciones recibidas por parte del Estado, que califica de “burla”. Según comentó, algunas familias recibieron S/10 mil, que debían repartirse entre siete integrantes.

“Hermanos, para nosotros es difícil, no es fácil superar, porque cuando alguien de nuestros familiares muere por una enfermedad o un accidente es distinto, pero cuando mueren en manos de senderistas por piedras o cuchillos, eso es muy doloroso. Hasta ahorita no hay justicia para nosotros”, dijo.

Carbajal Ccohachi exhorta a la fiscalía a continuar con las pesquisas, porque, según refirió, en Aranhuay hubo unas 60 víctimas del terrorismo. “Y hoy solo nos llevamos a nueve para darles una sepultura digna, donde por lo menos van a estar sus nombres y un recuerdo para nosotros”, acotó.

—El perdón del Estado—
En la ceremonia de entrega también estuvo el secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Adolfo Chávarri, quien pidió perdón a los deudos de las víctimas de Sendero Luminoso porque el Estado no estuvo siempre con ellos en su larga búsqueda.

“No hay razones que justifiquen lo que ha sucedido. Quisiera pedirles perdón, porque no supimos estar cuando debimos estar, porque no hemos respondido a tiempo, por todas las cosas que hicimos mal, perdón”, dijo el representante del CMAN, institución encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional.

Los restos de las víctimas de Aranhuay fueron encontrados en octubre del 2014. Sin embargo, la entrega se realizó un año y nueve meses después. Según explicó la fiscal adjunta provincial Zarita Vilca Torres, la demora se debió a que se tuvieron que reconstruir los cuerpos y practicarles una serie de análisis, entre ellos el de ADN.

La futura ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, indicó a El Comercio que buscará que se dé mayor presupuesto para atender la búsqueda de personas desaparecidas.

Víctimas de Aranhuay: restos recuperados
Roberto Carbajal Ortega
Macedonio Cusiche Aguilar
Edgar Durand Huamán
Paulino Camasi Curo
Marino Carbajal Quispe
Roque Taype Acuña
Florencio Salvatierra Quispe
Florinda Astopillo Quispe
Ismael Durand Azursa

LAS CLAVES DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
1. El paradigma de la búsqueda cambió: el enfoque es humanitario
Antes de la ley, solo se podían hacer búsquedas si existía un proceso penal. Con la norma promulgada hace un mes, solo se requiere que no se tenga certeza sobre la ubicación del desaparecido y que la desaparición se haya dado entre 1980 y el 2000. Ahora se busca aliviar el sufrimiento e incertidumbre de los familiares.

2. Apoyo material, logístico y psicológico para deudos
La norma contempla que el Estado acompañe a los familiares de las víctimas en todas las etapas de la investigación forense y de la restitución de los restos. Las instituciones públicas también desplegarán acciones para que los deudos participen en los procesos de recuperación, análisis, identificación, entrega y entierro digno.

3. La unificación de los listados y cifras de personas desaparecidas
La norma permitirá unificar la lista de personas desaparecidas durante la lucha antiterrorista. Ello debido a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, organismos de derechos humanos y el Instituto de Medicina Legal de la fiscalía manejan cifras distintas respecto a los estimados de desaparecidos en la guerra contra la subversión.

4. Plan nacional para la búsqueda de los desaparecidos
La ley dispone que el Ministerio de Justicia tiene un plazo de 90 días hábiles contados desde el 22 de junio para publicar el nuevo plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Además, la norma plantea la creación de un registro nacional de las víctimas y de los sitios de entierro. El registro será administrado por el Minjus.