Las recientes declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, mencionando que los presuntos casos de violaciones y abusos sexuales cometidos contra niñas awajún en Condorcanqui (Amazonas) podrían considerarse como parte de las “costumbres culturales” en las comunidades de la selva, han generado gran indignación. La palabras del vocero de gobierno han sido interpretadas como una justificación ante estas execrables acciones, por parte de personal docente y administrativo. Tras ello, diversos sectores y organizaciones sociales ya han pedido la renuncia de Quero.
“Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que correspondan. Si estas niñas han sido violadas no nos va a temblar la mano”, declaró Quero el pasado 10 de junio. Dijo esto al anunciar que un equipo de especialistas viajaba desde Lima a la comunidad precisamente para investigar esta denuncia.
Y aunque luego, el ministro trató de reconstruir sus iniciales declaraciones y explicarlas mejor. Un nuevo golpe, esta vez de parte de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, han sumergido al gabinete en este escándalo. La titulara del MIMP también utilizó la misma (criticada) definición de Quero: “prácticas culturales” y hasta se animó a dar recomendaciones a las niñas y adolescentes de Amazonas.
“Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido. Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir”, se le escuchó decir en el informe de 24 horas.
Recientemente, se tomó atención a las graves cifras de violencia sexual que hay y persisten desde hace años en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc Tena, dio a conocer que más de 500 maestros han sido denunciados por violación sexual en agravio de cientos de estudiantes.
Pero ahí no queda todo, y es que muchos de los docentes transmitieron VIH a sus alumnas. Algunos casos se reportaron en los centros educativos de las localidades del Cenepa y Nieva.
¿Declaraciones tergiversadas?
Tras la andanada de críticas, el Ministerio de Educación señaló que “tergiversaron” las declaraciones de Quero. Además, su cartera señaló que desde el primer día de la actual gestión, 228 docentes y administrativos implicados en delitos graves fueron separados de instituciones educativas en Lima Metropolitana, y en Amazonas, específicamente en la UGEL de Condorcanqui, se hizo lo mismo con 116 maestros y administrativos acusados por delitos sexuales.
“Rechazo enfáticamente la tergiversación de las declaraciones que di el pasado 10 de junio en torno a los graves hechos ocurridos desde el 2010. Mi posición es clara y categórica: rechazo total y absolutamente cualquier forma de abuso y violencia, especialmente contra niños y niñas”, expresó.
Agregó que: “No existe justificación alguna para actos tan atroces como los ocurridos desde hace 14 años en las residencias estudiantiles del ámbito de la UGEL, Condorcanqui en Amazonas. Como sociedad, debemos proteger a los menores y garantizar su seguridad en todo momento, especialmente en los entornos educativos, que deben ser espacios de confianza y desarrollo”, agregó.
A la par, la cuenta del Ministerio de Educación publicó en redes sociales un comunicado en defensa del titular de la cartera. “El Minedu envió, el pasado 28 de mayo de 2024, una primera comisión a Condorcanqui, la que emitió un informe preliminar recomendando las acciones a seguir...un segundo equipo técnico se trasladó a la zona desde ayer, por 30 días, para trabajar con las víctimas de la mano con el Gobierno Regional de Amazonas y la UGEL de Condorcanqui, y llevar asistencia legal y psicológica a los afectados. Este proceso se realiza con la participación de directivos, docentes y estudiantes en su idioma originario, a través de especialistas awajún”
Finalmente, lamentaron “el olvido en que han estado estos casos desde el 2010. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los niños y niñas. Desde el Minedu, no descansaremos hasta que se haga justicia y se implementen medidas correctivas, pues la integridad y seguridad de nuestros niños y niñas es una prioridad”.
Indignación y rechazo
Ante ello, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) expresó su indignación y rechazo frente a recientes declaraciones del Ministro de Educación. Onamiap considera inaceptable la utilización del relativismo cultural para minimizar y justificar la violencia sexual.
“Esta postura instrumentaliza y estigmatiza ‘la cultura’ y niega nuestros derechos fundamentales. Las organizaciones de mujeres awajún han denunciado claramente estos abusos como violaciones cometidas por profesores, exacerbando una situación de vulnerabilidad extrema para estas niñas, agravada por la limitada accesibilidad a servicios de salud adecuados y culturalmente pertinentes, lo cual deja a las víctimas sin el apoyo necesario para recuperarse y denunciar los abusos. Utilizar la cultura como excusa es una forma de perpetuar la impunidad y de invisibilizar la gravedad de estos crímenes. ¡Exigimos al ministro de Educación que rectifique sus declaraciones y que asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de nuestras niñas y mujeres indígenas!”, apuntan.
En ese sentido, exigieron se tomen tres medidas concretas: “La primera, que se tomen medidas inmediatas para investigar a fondo todas las denuncias de abuso y se implemente una política de cero tolerancia hacia los agresores, incluyendo el cese inmediato de aquellos involucrados en el sistema educativo. En segundo lugar, se garantice la protección y el apoyo integral a las víctimas, incluyendo atención médica, psicológica y legal especializada y culturalmente adecuada. En tercer término, que el ministro de Educación ofrezca una disculpa pública por sus comentarios y presente su renuncia inmediata”.
Asimismo, el Movimiento Manuela Ramos, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), entre otras organizaciones, expresaron indignación por la normalización de estos delitos por parte del titular del sector Educación, tras calificar como “prácticas culturales” al abuso sexual en comunidades indígenas.
“Permitir la continuidad de un funcionario público a cargo del sector Educación supone un grave riesgo para más de 9 millones de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, ya que carece de enfoques de interculturalidad, derechos humanos y niñez en las decisiones que se toman desde el ministerio”, sentenciaron a través de un comunicado las organizaciones.
Defensoría
Al respecto, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la grave situación de vulnerabilidad e inminente riesgo en el que se encuentran niñas y adolescentes indígenas awajún que habrían sido víctimas de violencia sexual por parte de docentes, situación que data de años atrás y viene afectando su dignidad y vulnerando sus derechos a la integridad, protección, educación, salud física y mental, así como al desarrollo integral y otros derechos conexos.
Cabe indicar que, desde el 2010 a la fecha, se han presentado 524 denuncias de presunta violencia sexual contra estudiantes indígenas en Condorcanqui, en la región Amazonas, por lo que urgen acciones focalizadas de los sectores competentes e instancias del gobierno regional y local para garantizar los derechos de niñas y adolescentes indígenas.
En ese sentido, se exhorta al Ministerio de Educación a que, al finalizar el trabajo de la comisión que ha conformado para el diálogo y acompañamiento permanente de las comunidades awajún, en Condorcanqui, elabore un informe dando cuenta de los resultados de las acciones adoptadas para garantizar la atención integral a las niñas y adolescentes indígenas afectadas, bajo los enfoques de niñez e interculturalidad, en coordinación con las autoridades locales. Asimismo, a que dé a conocer las acciones respecto a las denuncias por violencia sexual contra la niñez y adolescencia indígena de la referida zona, y el procesamiento administrativo de las mismas a fin de que se proceda a la separación inmediata de los docentes.
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