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Áncash: acusan a gobernador regional de dirigir una 'Nueva Centralita'

Procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat, sostuvo que opositores de Juan Morillo son atacados desde un centro clandestino solventado con dinero estatal.

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El abogado Richard Asmat solicitó que la Fiscalía Anticorrupción del Santa inicie una investigación por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios. (Foto: Laura Urbina)

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción del Santa por, presuntamente, dirigir un “centro de operaciones clandestino”, en la ciudad de Chimbote. Según la acusación, desde ahí se estaría atacando a quienes denuncian hechos de corrupción o que son incómodos a la gestión regional, al mismo estilo que su antecesor, César Álvarez. 

El titular de la Procuraduría Anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, pidió al Ministerio Público que investigue a Morillo Ulloa; a su asesor de imagen externo y proveedor del Gobierno Regional de Áncash, Gilmer Bacilio Villanueva; a Augusto Chinchayán Ramos, trabajador de la Red de Salud Pacífico Norte; a los comunicadores Juan José Vega Bolo y Juan Bazán Rodríguez, y a los que resulten responsables. 

“Se ha activado un centro de operaciones clandestino, al que se le denomina ‘Nueva Centralita’, solventado con dinero del Gobierno Regional de Áncash (GRA), para planificar y efectivizar ataques a las personas que denuncian hechos de corrupción o que le son incómodos al gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa. Para este fin se utiliza a periodistas (pagados) a fin de que viertan sus ataques en medios de comunicación y en redes sociales”, refirió Asmat. 

“Este aparato se estaría solventando con dinero del Estado, por eso hemos pedido que se investigue de dónde sale el capital para financiar los ataques. Se está identificando a personas que habrían estado en la gesta de la primera Centralita como el señor Bacilio Villanueva. Él sería el artífice o el cerebro de esta red. Son las mismas prácticas que se usaban en el gobierno de César Álvarez”, declaró a El Comercio. 

El abogado del Estado sostuvo que varios operadores (trabajadores dependientes del GRA) estarían replicando los ataques de las redes sociales desde equipos de cómputo designados al Estado y que están en el centro clandestino. Acoto que allí también se planifican y se perpetran amenazas directas y reglajes. 

Asmat Urcia también reiteró que en abril de este año fue víctima de reglaje en su vivienda y en su centro de labores y que por ello ha solicitado, a través de la Procuraduría Nacional Anticorrupción, garantías personales para su vida y la de su familia.

En tanto, hasta el momento, Juan Carlos Morillo no se ha pronunciado sobre esta nueva denuncia por presuntos delitos de corrupción de funcionarios. 

-Antecedentes-

El ex gobernador regional César Álvarez está acusado por crear un local donde se planificaban atentados, campañas de desprestigio contra sus opositores y se daban las pautas para ensalzar su imagen.

El proceso, que incluye a más de 40 personas, se encuentra en etapa de control de acusación por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, encubrimiento real, colusión, peculado y violencia contra la autoridad. En este caso, se ha pedido 30 años de pena privativa de la libertad para Álvarez Aguilar.

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