Áncash: identifican perjuicio económico en Dirección Regional de Educación
Áncash: identifican perjuicio económico en Dirección Regional de Educación
Laura Urbina

colaboradora de El Comercio en Áncash

lauraurbinasa@gmail.com

La identificó un perjuicio económico de S/201 mil en la Dirección Regional de Educación de (DREA), debido al incumplimiento de contrato por los servicios de consultoría de saneamiento físico legal de terrenos de 67 colegios en la región Áncash.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°004-2018-2-0706, la DREA pagó S/160.800 a la empresa Nefi Construcciones E.I.R.L., pese a que incumplió con entregar la copia literal de las inscripciones definitivas de los tierras saneadas y el informe final.

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Asimismo, no se efectuó la retención de la garantía de fiel cumplimiento por S/ 20.100 y no se aplicó la penalidad establecida por la misma suma. Esta situación impidió gestionar proyectos para mejorar la infraestructura educativa en el ámbito regional.

La consultoría fue adjudicada en diciembre del 2015, por un importe de S/ 201.000 con un plazo de ejecución de 90 días calendario. Sin embargo, la Dirección Regional de Educación canceló el 80% del monto contratado.

El órgano de control señaló que se permitió la presentación extemporánea de una solicitud de ampliación de plazo, la misma que no contó con el pronunciamiento de la entidad, favoreciendo al consultor con un periodo mayor para la prestación del servicio. La cancelación económica se hizo antes del plazo establecido en el contrato, sin contar con el informe final ni con la conformidad del servicio por el área usuaria.

La Contraloría consideró que hay responsabilidad en 12 funcionarios del DREA, por lo que ha remitido el informe al Órgano Instructor competente para el inicio del procedimiento sancionador.

Ante ello, recomendó que el titular de la entidad derive el informe a la Procuraduría Pública Regional para que inicie las acciones legales respecto a los hechos de carácter penal.

También disponer la implementación de mecanismos de verificación interna de las etapas del proceso de contratación que permita la identificación de los responsables en cada una de las fases.

Y por último, comunicar al Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las infracciones cometidas por la citada consultora.

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