Poder Judicial e INPE se enfrentan por liberación de criminal

La escandalosa liberación del delincuente Rubén Moreno Olivo, ‘Goro’, generó el enfrentamiento entre dos instituciones del Estado.

El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia del Santa, informó días atrás que la Sala Penal Liquidadora Transitoria del Santa envió, el 27 de diciembre del 2018, un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que registrara la sentencia de 25 años de prisión en los antecedentes judiciales de Moreno Olivo (esto nunca se realizó y por ello ‘Goro’ fue liberado).

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Sin embargo, el 27 de junio pasado, tras la liberación del criminal, el Consejo Nacional Penitenciario del INPE envió un oficio al Ministerio de Justicia en el que trató de responsabilizar al Poder Judicial de la excarcelación.

Según este documento, al que tuvo acceso El Comercio, el 4 de enero del 2019 el personal de mesa de partes del INPE rechazó la documentación de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa (que sentenció a Moreno en el 2015), porque no contaba con la firma, posfirma y huella digital del secretario judicial. Además, señala que el 31 de enero pasado la Corte del Santa, por segunda vez, remitió los documentos sin el fallo resolutivo de la sentencia, por lo que el INPE devolvió el expediente. Incluso, la Subdirección de Registro Penitenciario envió un oficio al juez Daniel Vásquez, el 1 de febrero pasado, para que completara o aclarara la información para proceder con la inscripción de la sentencia. Situación que hasta el momento no ha sido subsanada.

Moreno fue liberado del penal de máxima seguridad de Piedras Gordas el 13 de junio para que cumpla 18 meses de arresto domiciliario. El INPE afirma que lo puso a disposición de la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional, pero actualmente se encuentra prófugo y con dos órdenes de captura por los asesinatos de Ezequiel Nolasco e Hilda Saldarriaga. La PNP hasta el momento no responde por qué el sujeto está prófugo.

—Explicaciones—

La jefa de la Odecma del Santa, Anita Vásquez Alva, consideró que el INPE debió consultar si había una condena pendiente por registrarse contra el sentenciado, ya que habían sido notificados el 27 de diciembre del 2018.

“La sala ha enviado oficios al Reniec e INPE de Chimbote, que han procedido a inscribir la condena de 25 años. Lo que obra en el expediente es que el INPE devuelve porque faltaban algunas piezas, pero no hay más documentos. Lo razonable era llamar, pero al haber la anotación de la existencia de un proceso porque aquí sí obra el registro, la pregunta es: ¿pudieron advertir que tenía una condena? Consideramos que sí”, enfatizó la magistrada.

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