Lourdes Fernández Calvo

Eran las 3 a.m. cuando más de 100 policías se formaron en filas para partir al Parque Nacional Huascarán (). En el cuartel militar de Huaraz, además de frío (7 grados) había tensión e incertidumbre ante la operación que se iba a ejecutar. “Ya se ha conversado con los pobladores y han acordado dejarnos entrar”, comentó el general PNP William Carrasco, jefe de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente (Direjma).

El general Carrasco se refiere a los pobladores de la comunidad de Vicos, ubicada en la entrada de Quebrada Honda, en el paraje Cancagua, dentro del Parque Nacional Huascarán. Desde el 2010, según refiere Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), esta comunidad se ha opuesto y ha amenazado a las autoridades que han intentado ingresar a la zona. Esta situación llevó a que se denunciara el hecho ante la fiscalía. Recién desde el 2015, los comuneros de Vicos accedieron al ingreso de la policía. “Aún hay un grupo renuente”, refiere Gamboa.

Ayer, periodistas de este Diario acompañaron a la policía, la Fiscalía Ambiental y de la Alta Comisión contra la Minería Ilegal a la primera interdicción en la zona. En marzo hubo un intento, pero se frustró por falta de camionetas. “Los comuneros amenazaron a los choferes y no nos quisieron llevar”, cuenta uno de los policías. Ayer, finalmente, ingresaron.

Después de seis años, las autoridades lograron llegar a la zona donde operan los mineros ilegales. (Dante Piaggio / El Comercio)

Después de seis años, las autoridades lograron llegar a la zona de Áncash donde operan los mineros ilegales. (Dante Piaggio / El Comercio)

—Zinc y plomo—
Para llegar a Quebrada Honda desde Huaraz hay que avanzar por una trocha durante cuatro horas esquivando caballos, burros, toros e incluso alguna vizcacha, especie típica del parque. En determinado momento, una tranquera de madera advierte que hay que atravesar la comunidad de Vicos. “Hace años, cuando el parque fue declarado como tal, construyeron esa tranquera y tomaron el control de esa zona”, cuenta el coronel César Sierra, a cargo de la Alta Comisión contra la Minería Ilegal.

Ya a 4.800 m.s.n.m. se encontró lo que desde hace seis años se venía denunciando: minería ilegal. Se halló 15 campamentos pequeños, 15 camarotes, 200 metros de manguera y un socavón. La policía destruyó con explosivos el socavón e incendió los campamentos. No se encontró maquinaria ni hubo detenidos. Al parecer, los mineros habían sido alertados de la interdicción y huyeron.

Según explica Sierra, la minería ilegal es realizada por unos 150 mineros en este lugar. Lo que más se extrae es zinc y plomo, a través de la minería filoniana o de socavón.

Gamboa explica que este tipo de extracción es tan contaminante como la aluvial, porque los residuos de cianuro y combustibles tóxicos empleados se filtran con las lluvias hacia las quebradas de las que se abastece la población. Además, la presencia de campamentos mineros afecta la fauna de esta zona protegida. Tal como sucede en Madre de Dios, pese a que la interdicción es un primer paso, aún no parece ser la solución.

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