Rubén Salas, fiscal a cargo del caso, indicó que los dueños e inquilinos sabían que el hotel no cumplía con las normas establecidas para la seguridad del local. (Foto: cortesía)
Rubén Salas, fiscal a cargo del caso, indicó que los dueños e inquilinos sabían que el hotel no cumplía con las normas establecidas para la seguridad del local. (Foto: cortesía)
Redacción EC

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Abancay, en , formalizó la acusación en contra de los dueños e inquilinos del hotel Alhambra, a fin de determinar las responsabilidades penales y civiles del derrumbe del inmueble durante la celebración de un matrimonio, que causó la muerte de 15 personas y dejó a otras 30 heridas.

El hecho ocurrió a las 00:30 a.m. del 27 de enero del 2019, en el centro de convenciones del hotel Alhambra. La pared y el techo del local colapsaron debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona durante los días previos.

Rubén Salas Ninantay, fiscal a cargo del caso, indicó que tanto los dueños como los inquilinos sabían que el hotel no cumplía con las normas establecidas para la seguridad del local, por lo que no accedieron a la licencia.

Estos hechos habrían sido conocidos por los dueños del hotel, Rubén César Ledezma y su pareja Dulia Basilio Ochoa, quienes construyeron el local con el fin de alquilarlo para eventos.

En tanto, Nataly Zuzunaga Pedraza y su pareja Edwin Alarcón Valenza, representantes de Wappu Eventos, tenían alquilado el local por varios años y pagaban S/10.000 mensuales. En todo ese tiempo notaron grietas, rajaduras, paredes húmedas por filtraciones de agua y muros que colapsaban cerca del lugar del accidente.

Según el informe pericial, la construcción era clandestina, no contaba con dirección técnica ni profesional y tenía como base un relleno artificial. También se determinó que el muro que cayó sobre las victimas carecía de cimentación.

Además de las víctimas mortales y heridos graves, seis personas perdieron sus extremidades. Según el Código Penal la pena para los responsables podría ser de entre 6 y 20 años de prisión.

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