Las Bambas: tentación de la simpleza, por José Carlos Requena

Como es humano hacer más sencillo lo complejo, cada conflicto social que padecemos invita a optar por la simpleza. El reciente estallido en torno al (hasta el lunes) modélico y fundamental proyecto Las Bambas no es la excepción.

Recapitulemos. En el 2004 se asigna el proyecto a la suiza Xstrata. El país empezaba a consolidar su despegue económico. A pesar del adormecedor entorno político, se respiraba optimismo y expectativa. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) centralizaba todo lo referido al sector minero.

En el 2009 se concluyó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Las provincias hoy impactadas por el proyecto figuraban entre las más pobres del país. Su geografía permitía solo la agricultura de subsistencia. La minería se presentaba como una posibilidad tangible. La población empezaba a asentarse en zonas aledañas, esperando alcanzar los beneficios económicos del proyecto.

En el 2011 se aprueba el EIA. Ese mismo año, el Perú no solo había cambiado de gobierno (Ollanta Humala reemplaza a Alan García), sino que se había creado un nuevo ministerio: el de Inclusión Social (Midis). Durante el gobierno de García se crearon los de Ambiente (Minam, 2008) y Cultura (Mincul, 2010). Sin ver directamente temas mineros, estos tres nuevos entes verían aspectos referidos a programas sociales para el alivio de la pobreza (Midis), permisos ambientales (Minam) y consulta previa (Mincul), temas vitales para el relacionamiento con las comunidades.

En el 2013, en medio de un entorno poco favorable, Xstrata vende la operación a Glencore. Ese mismo año se aprobó el llamado “paquetazo ambiental”, que relaja varios dispositivos legales para agilizar la inversión privada en el sector extractivo. En el 2014, MMG adquiere el proyecto.

En el 2015 se anuncia que el proyecto, al 95% de avance, empezará a operar en el primer trimestre del 2016. En reiteradas ocasiones, Las Bambas era visto como un ejemplo a imitar.

Eso pasó entre el 2004 y la última semana: aciertos, traspiés, cambios, silencios. De fondo, cambios institucionales que trascienden el remplazo de funcionarios de confianza: nuevos ministerios que se terminan de instalar sobre la marcha, con funciones poco claras al principio y fronterizas después; funciones que se adquieren y pierden debido a cambios legales; funcionarios que rotan entre el sector público o privado sin mayor reparo (las acusaciones a varios ministros de esta administración son emblemáticas).

Según el INEI, la extracción de minerales e hidrocarburos es una de las tres principales actividades económicas del país. Para defenderla, se debe aspirar a contar con una institucionalidad confiable y predecible, capaz de blindarla y hacerla sostenible.

Institucionalidad que esté más allá de cualquier sospecha, lejos de conflictos de intereses, inmune a presiones comunales, privadas, mediáticas. Difícil en un país donde reina la desconfianza, se dirá. Pero vale intentarlo. La otra opción es sucumbir a la tentación de la simpleza: culpar a los radicales de siempre, decir que todo se reduce a actividad foránea, insinuar que la población puede ser llevada de las narices por cualquier charlatán, acusar a las autoridades de estar coludidas con intereses oscuros, denunciar criminalización de la protesta cuando el Estado quiere poner orden.