Fernando Alayo Orbegozo

Periodista de la sección Nacional

fernando.alayo@comercio.com.pe

Solo se sabe que una bala atravesó el cráneo de Quintino Cereceda. Hace dos semanas, el comunero falleció durante un violento enfrentamiento entre las comunidades de la provincia de Cotabambas (Apurímac) y la Policía Nacional.

Los moradores locales reclamaban que la empresa MMG Las Bambas, a cargo de las operaciones mineras en la zona, les pague por el uso de la trocha de acceso al yacimiento, la cual –dicen– está sobre sus terrenos. La compañía ha señalado que la vía es pública, por lo que puede utilizarla para el transporte de minerales.

Sin solución a la vista, la provincia inició un paro indefinido y bloqueó la vía principal que conduce a la mina, lo cual obligó a suspender durante varios días el transporte del mineral extraído. Una delegación del Ejecutivo –liderada por el primer vicepresidente Martín Vizcarra– llegó a la zona para proponer una tregua de 45 días. De las diez comunidades involucradas, seis aceptaron la propuesta; las cuatro restantes rechazaron la medida y hasta hoy bloquean el camino.

—Acuerdos “incumplibles”—
Esta no ha sido la primera protesta contra Las Bambas. En setiembre del 2015, otro enfrentamiento entre los comuneros de Cotabambas y la policía dejó tres fallecidos, todos por impactos de bala. El gobierno de Ollanta Humala entabló mesas de trabajo y diálogo en la zona, las cuales concluyeron con la suscripción de diversos compromisos. A través de resoluciones ministeriales, varios sectores del Ejecutivo ratificaron estos ofrecimientos destinados a mejorar la calidad de vida en la provincia, cuyo índice de pobreza alcanza el 88%.

En una reciente entrevista con este Diario, Vizcarra dijo que “hay muchos compromisos [firmados durante el gobierno anterior], muchas actas, pero poco cumplimiento. Algunos acuerdos son de resolución inmediata y otros tomarán tiempo”.Por esos mismos días, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, calificó esas promesas de “incumplibles”, entre otras razones por falta de presupuesto.

Las comunidades de esta provincia de Apurímac reclaman que todos los acuerdos adquiridos con el gobierno de Humala se cumplan para evitar conflictos mayores. Estos son algunos de los compromisos pendientes.

1. Sector Salud
(Resolución Ministerial 744-2015)
El 20 de noviembre del 2015, el Ministerio de Salud (Minsa) ratificó los compromisos adquiridos con el distrito de Challhuahuacho y la provincia de Cotabambas. El sector Salud había acordado lo siguiente: elaborar un plan multianual de inversiones en la zona; suscribir un convenio para incluir un servicio de ambulancias en los establecimientos de salud de Haquira, Cotabambas y Challhuahuacho; desarrollar una estrategia de afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS); brindar asistencia técnica para la construcción de casas maternas; e instalar diez módulos de atención médica. Asimismo, se planteó la construcción de un hospital categoría II-1 (que debía incluir salas de emergencia y hospitalización).

Los proyectos nunca se concretaron. En cambio, el gobierno de Humala fijó un presupuesto inicial de S/7,5 millones para la Red de Salud de Cotabambas, el cual debía ser distribuido durante el 2016; con ello, el Minsa contaría únicamente con S/144 anuales para la atención de cada habitante. Además, pese a que en la provincia existen 39 postas de salud, estas no tendrían el personal suficiente. En el proceso de nombramiento 2016-2018, se determinó que 66 personas (entre médicos, obstetras y enfermeras) fueran asignadas a esta provincia. Es decir, hoy solo habría un profesional o técnico de salud por cada 800 pobladores. Alejandro Agüero, dirigente de la comunidad de Allaua (una de las cuatro que rechazaron la tregua propuesta por el Ejecutivo), explicó a El Comercio que, debido al déficit de personal médico, tienen que viajar hasta Cusco para atenderse.

Este Diario buscó al ex ministro de Salud Aníbal Velásquez, pero dijo no tener información actualizada sobre los cumplimientos de su sector en dichos acuerdos.

2. Sector Transportes
(Resolución Ministerial 014-2016)
El 21 de enero de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resolvió que se declare como prioridad la ejecución de dos proyectos de infraestructura: la conservación de la Red Vial Nacional de Cotabambas (en los ejes Challhuahuacho-Mollepuquio y Challhuahuacho-Ayaviri) y la construcción de 12 puentes en el distrito de Challhuahuacho. Con ello, se mejoraría la conectividad en la zona de influencia de la mina Las Bambas.

El primer proyecto fue licitado en enero pasado al consorcio Vial Sierra, que gestionará y mantendrá ambos ejes viales durante los próximos cinco años. Sin embargo, los puentes –cuya construcción quedó a cargo de Provías Descentralizado (organismo del MTC)– fueron postergados. José Gallardo Ku, ex titular del MTC, explicó a El Comercio que el objetivo de la resolución ministerial era crear ejes de desarrollo en la región a través de la red vial, y darle tranquilidad a la población.

Sobre los puentes, señaló que “es un compromiso que se tiene que cumplir” durante este nuevo gobierno. “Esos son proyectos que toman tiempo; sin embargo, como programa sí se cumplió [...] No se puede tener esa costumbre de echarle la culpa a la gestión anterior”, dijo.

Desde el 14 de octubre, la vía principal que conduce a la mina Las Bambas está bloqueada y el tránsito está restringido. (Miguel Neyra / El Comercio)

3. Sector Agricultura
(Resolución Ministerial  0354-2016)
Días antes de culminar su período de gobierno, el 13 de julio último, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ratificó su compromiso  –asumido en el 2015– de ejecutar 17 proyectos menores de riego en Cotabambas, así como la construcción de cinco represas. Se dispuso también el lanzamiento del programa Aliados II en Challhuahuacho, para mejorar las condiciones productivas de las familias campesinas; la identificación de un terreno para la instalación de oficinas del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (Senace) y de Agro Rural; el inicio de una campaña antiparasitaria para 45 mil cabezas de ganado; y la formalización de derechos de uso de agua poblacional.

La actual gestión del Minagri precisó a El Comercio que, si bien el sector cumplió con los acuerdos a corto plazo (la campaña antiparasitaria, la formalización de derechos de uso del agua, el lanzamiento del programa Aliados II), aún están pendientes las obras de represamiento y los proyectos menores de riego, que permitirán mejorar el déficit de tierras agrícolas en la provincia (solo el 9,4% de su superficie es apto para la agricultura). Este Diario intentó ubicar al ex ministro Juan Manuel Benites, pero no fue posible.

4. Sector Vivienda
(Resoluciones ministeriales 180-2015 y 199-2015)
El 70,8% de la población de Cotabambas no cuenta con servicio de agua potable y el 95,6% carece de una red de desagüe. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) declaró como prioridad –a través de dos resoluciones– la ejecución de un total de 34 proyectos de agua y saneamiento en la provincia. Los distritos directamente beneficiados serían Challhuahuacho, Coyllurqui, Haquira, Mara y Tambobamba.

La priorización de estas obras se planteó a partir de las mesas de diálogo en la zona y tenía como objetivo disminuir el alto índice de desnutrición crónica infantil (el 67,7% de niños menores de 5 años de Cotabambas padece de anemia, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2015).
Aunque la mayoría de proyectos han sido declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y datan de entre el 2012 y 2015, a la fecha no se han concretado. Incluso, los perfiles de cuatro obras de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable –situados en las localidades de Chuntahuillque, Anta Anta, Llamahuire y Huancuire– recién han sido aprobados por este nuevo gobierno; es decir, entre agosto y setiembre de este año. Este Diario solicitó a funcionarios de la actual gestión del MVCS mayores detalles sobre los compromisos pendientes, pero prefirieron no participar en este reportaje.

5. Sector Inclusión Social
(Resolución Ministerial 232-2015)
En noviembre del 2015, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) declaró como prioridad la implementación y ejecución del programa de desarrollo productivo Haku Wiñay en la provincia de Cotabambas. Para ello, el sector determinó que este debía funcionar en los distritos de Mara, Challhuahuacho, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira y Tambobamba, por lo que se beneficiarían cerca de 2.500 hogares. Se contempló la creación de 24 proyectos en las zonas focalizadas.

Pese a ello, el gobierno anterior aprobó para este año un presupuesto de S/1,8 millones para el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), que está a cargo de Haku Wiñay, en Cotabambas. De esta manera, solo se destinaron S/185 anuales para cada uno de los 9.887 usuarios que tiene el programa social en esta provincia. Asimismo, se contempló la ampliación progresiva de los programas Juntos y Cuna Más. De acuerdo con el actual gobierno, la cobertura nunca se extendió por falta de financiamiento.

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LA TROCHA QUE GENERÓ EL CONFLICTO

Inicialmente, la carga minera producida en Las Bambas se debía transportar a través de un mineroducto, el cual se iba a conectar con Tintaya, en Espinar (Cusco). Sin embargo, al independizarse ambos proyectos se postergó tal infraestructura. En su reemplazo, se propuso que el transporte se hiciera vía terrestre con una flota diaria de hasta 250 camiones.

La empresa MMG Las Bambas utilizaría una ruta “de acceso público” para sacar el mineral hacia el puerto de Matarani (Arequipa), por lo que incluyó la trocha entre Quehuira y Huancuire, en Cotabambas. Según los comuneros, esta vía no puede ser utilizada para tal propósito, ya que está sobre sus terrenos y, además, porque los vehículos pesados levantan una polvareda que afecta sus sembríos y viviendas.

MMG refirió que el ex alcalde de Cotabambas Guido Ayerve solicitó al MTC en el 2014 que la trocha fuera jerarquizada como una “vía vecinal”. Este proceso se concretó el 27 de julio de este año, un día antes de que culminara el gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo, la actual viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, explicó a El Comercio que la jerarquización no es suficiente para que la empresa minera pueda utilizar la vía, ya que eso lo determina el municipio provincial.

Tras el enfrentamiento con la Policía Nacional del viernes 14 de este mes, los comuneros decidieron velar a Quintino Cereceda en la vía para bloquearla. Las cuatro comunidades que rechazaron la tregua propuesta por el Ejecutivo han cavado zanjas en esta trocha para evitar el paso de los camiones, que hoy deben transitar por la antigua ruta que conecta la mina con el distrito de Challhuahuacho (ruta R-73).

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