(Foto: GEC)
(Foto: GEC)

El Juzgado Constitucional de Arequipa declaró improcedente la acción de amparo que interpuso contra la resolución que firmó el gobernador regional de , Elmer Cáceres Llica, donde anula el contrato de servidumbre de 49.532 hectáreas para el proyecto minero .

Los terrenos se ubican en el sector de Cachendo, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay. La servidumbre fue entregada a la empresa minera en la gestión de la ex gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado, por un plazo de 21 años, a cambio de que Southern abone S/ 948.000.


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Cáceres Llica, anuló la resolución el pasado 25 de julio. Días después la empresa Southern presentó acción de amparo en el Juzgado Constitucional, sin embargo esta fue declarada improcedente. De acuerdo a la resolución emitida por el juez Luis Madariaga Condori, Southern debió agotar la instancia administrativa. Es decir, primero, presentar la nulidad de resolución ante el propio Gobierno Regional y no lo ha cumplido.

Como no ha agotado la vía administrativa, no puede proceder una acción de amparo en la vía judicial. Además la empresa alegó una urgencia de pronunciamiento, pero tampoco lo ha acreditado. En este punto, el juez considera que esta demanda por ser una cuestión administrativa debió presentarse en la vía contencioso administrativa.

- Posturas -
Tras enterrarse de la resolución, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se mostró satisfecho con la disposición del juzgado. Durante una audiencia pública en la provincia de Caylloma indicó que su gobierno ha medito dos goles a Southern Perú. El ‘primer gol’ es en referencia a la suspensión de la licencia de construcción de Tía María, dispuesto por el Consejo de Minería. Y el segundo es, a la disposición del Juzgado Constitucional que declara improcedente la acción de amparo presentado por Southern.

“No se ha ganado todavía el partido, pero si actuamos con toda la base legal y los argumentos que hemos recogido, Tía María no va. No va porque se la ha otorgado una licencia ilegal sobre un terreno frágil, ecológico y donde en Estado dice no se debe tocar”, manifestó Cáceres Llica.

Además, agregó que existe un sobreposición con los terrenos por donde pasará el gasoducto del Sur. Advirtió que si se entrega esos terrenos a Tía María se cancelaría el gasoducto del Sur y la misma suerte correría el proyecto del puerto Corío. “Si tenemos un marco jurídico independiente seguro que ganamos”, agregó Cáceres Llica.