En el Valle de Tambo persiste la resistencia ante la inminente construcción del proyecto minero. (Foto: Archivo El Comercio)
En el Valle de Tambo persiste la resistencia ante la inminente construcción del proyecto minero. (Foto: Archivo El Comercio)

Esta semana, cuando el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, llegue a la provincia de Islay () para instalar la mesa de diálogo en torno a , tendrá en frente un escenario de oposición y resistencia al proyecto minero por parte de un sector de la población.

A diferencia de hace cuatro años, cuando se promovió por última vez el diálogo en el Valle de Tambo, el Ejecutivo tiene el tiempo en contra para evitar un nuevo conflicto social, debido a que la zozobra en Islay se reactivó tras el anuncio del inminente otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto.

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Una muestra de ello ocurrió el pasado jueves 20 durante el paro de 24 horas en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, ubicados en la zona de influencia directa de Tía María. Unas mil personas acataron la protesta en rechazo a la posibilidad de que el Gobierno entregue la licencia a la minera Southern Perú, ya que el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto vence el 1 de agosto.

La mayor resistencia, que proviene de productores agrarios y población en general, continúa bajo el mismo rótulo: el miedo a ser excluidos del uso del agua subterránea necesaria para el riego de sus cultivos, así como ante el riesgo de contaminación por la extracción del cobre. El conflicto por la oposición a Tía María dejó, entre el 2011 y el 2015, siete personas muertas.

Pese a que se trata de un emporio productivo de la región, un gran porcentaje de la población aún no tiene servicio de agua potable. Además, el hecho de que durante estos años (y a pesar de los esfuerzos) no se haya concretado la construcción de la represa de Paltiture (para garantizar el agua en el valle) es otro de los pasivos que deberá asumir el Ejecutivo al iniciar el diálogo.

Otro detalle importante para entender la resistencia a Tía María es que por primera vez el gobernador regional de Arequipa se ha opuesto directamente al proyecto. En marzo de este año, en una actividad recordatoria de las protestas del 2015 en el Valle de Tambo, Elmer Cáceres Llica declaró: “Tía María no va, y no va”.

Esta oposición es compartida por los seis alcaldes de la provincia de Islay (incluidos los alcaldes de los tres distritos de influencia directa), que firmaron un memorial en abril pasado para solicitar al gobierno de Martín Vizcarra que no otorgue la licencia de construcción.

Diálogo a largo plazo

Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), reconoce que se tuvo que anticipar el proceso de diálogo en Tía María, sobre todo tras la experiencia en Las Bambas (Apurímac), aunque sostiene que una cosa es que el Gobierno otorgue la licencia a la empresa –en cumplimiento de un proceso administrativo regulado por ley– y otro que Southern Perú tenga la licencia social para iniciar operaciones.

“En esos términos estamos hablando tanto nosotros como la empresa. Como ocurrió en el caso de Quellaveco [que atendió como gobernador regional de Moquegua, el presidente Vizcarra], por más que lograron la licencia de funcionamiento, tuvo que pasar un largo período de diálogo territorial para que sea aceptado. Si tenemos que recorrer un escenario similar en Tía María, habrá que hacerlo porque lo peor es insistir en algo que la gente no entiende y no considera como parte de su escenario”, sostuvo Molina.

El funcionario, quien está a cargo de abordar la conflictividad social en el país, consideró que la instalación de esta mesa de diálogo es un paso más en el proceso que han mantenido estos años los ministerios de Agricultura y Riego y de Energía y Minas. Según su versión, la PCM ha sostenido durante semanas comunicación directa con las autoridades locales y regionales de Arequipa sobre Tía María.

“Ahora lo que vienen son los detalles operativos para poner en práctica un proceso de diálogo en el Valle de Tambo. Existe la principal demanda de afianzar los recursos hídricos y desde hace mucho tiempo está el proyecto de Paltiture. Pero no siempre los proyectos están aislados de contextos más complejos y este está justo en una zona de controversia limítrofe. No obstante, hemos logrado sentarnos a trabajar una metodología”, dijo Molina.

Rolando Luque, adjunto en Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, informó que de acuerdo con la información que los representantes de la institución han recogido en el Valle de Tambo, esta zona se mantiene como un escenario de riesgo latente.

“En el proceso del conflicto, la tendencia es la compactación de las fuerzas sociales porque se identifican con una misma oposición. Diría que las facciones del Estado han sido inexistentes, porque cuando le preguntamos a la población si hubo un interés especial en ellos, nos responden que no”, declaró Luque.

Cambios en el equipo

La posibilidad de un nuevo conflicto social en Tía María sucede en medio de cambios en el equipo de gestión de conflictos de la PCM. El lunes 17, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la resolución de cese del hasta entonces secretario de Gestión Social y Diálogo, José Antonio Caro Meléndez, quien fue reeemplazado por José Miguel Florez. Él estuvo a cargo de la gestión de conflictos desde el año pasado y  en la PCM desde junio del 2014. Caro ha sido una de las caras más reconocibles en la gestión y abordaje de esta problemática en la gestión pública desde el 2008. En su carta al jefe de la PCM, señaló escuetamente que se va del cargo por motivos personales.

En diálogo con El Comercio, Caro evitó dar detalles de las razones de su salida, pero resaltó que es importante que la institucionalidad a cargo de los conflictos sociales priorice la metodología que se ha ido aprendiendo durante años (la relación intercultural con las comunidades) y se trabaje juntos el objetivo de desarrollo.

Fuentes de este Diario indicaron que entre los motivos de los cambios en la PCM están las diferencias de enfoques del viceministro Raúl Molina y del ex secretario José Antonio Caro. Existe incertidumbre ante más cambios en el equipo, los que podrían retrasar algunos avances en casos especialmente importantes, como Las Bambas o en las cuatro cuencas de la Amazonía norte.

-Más datos-

El proyecto Tía María tiene un costo de US$1.400 millones. Según Southern Perú, lo invertido hasta la fecha son US$334 millones.

El vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, Raúl Jacob Ruisanchez, declaró previamente que si obtienen la licencia, el proyecto se iniciará cuando se considere adecuado, siempre en coordinación con el Gobierno.

En anteriores declaraciones para El Comercio, Jacob dijo que se ha hecho un intenso trabajo dentro de las comunidades para socializar el proyecto. “Nosotros hemos cumplido todos los requisitos técnicos, legales y ambientales”, agregó. Este Diario buscó a Southern Perú para obtener su versión en este informe, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

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