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[INFORME] Extorsión y cobro de cupos en las vías de Arequipa

Malos funcionarios cobraban ilegalmente a los transportistas para que sigan operando en Arequipa. Gobernador Cáceres Llica pide investigar a Yamila Osorio.

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Los transportistas no denunciaban las extorsiones en Arequipa porque con el pago de los cupos podían seguir operando en la informalidad. (Foto: Zenaida Condori)

Hasta hace unos días, en la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa operaba una presunta organización criminal que, según la fiscalía, extorsionaba y cobraba cupos a propietarios de vehículos tipo miniván. El gerente de la institución, José Gamarra, es sindicado como cabecilla, junto con otros dos funcionarios de confianza y un grupo de inspectores de transporte.

La madrugada del 28 de diciembre del año pasado, efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada allanaron 14 propiedades, capturaron a los nueve supuestos integrantes del grupo delictivo denominado Los Correcaminos del Sur y decomisaron cerca de medio millón de soles.

—Transportistas ilegales—
Las minivanes circulan en la región Arequipa desde hace unos 20 años; las primeras unidades aparecieron por la demanda de los veraneantes para el traslado hacia los balnearios de la costa arequipeña. El gobierno regional les otorgó autorizaciones provisionales para llevar pasajeros a las playas de Camaná y Mollendo, porque los ómnibus interprovinciales no se daban abasto.

Elvis Jump, ex gerente regional de Transportes entre el 2006 y 2009, recuerda que la autorización era solo del 15 de enero al 15 de marzo de cada año. Sin embargo, las minivanes comenzaron a brindar servicios todo el año a otras zonas de alta demanda, como El Pedregal, La Joya, Corire, Aplao y otros.

En el 2009, se promulgó el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre, que prohibió que las minivanes y los colectivos brinden servicios interprovinciales. Las minivanes solo podrían brindar servicios turísticos y, bajo ciertas condiciones, a otras provincias de su región donde no había cobertura de buses. En esa época solo existían unas 50 unidades.

—Sin control—
En el 2010, la ex gobernadora Yamila Osorio realizaba su campaña política para el consejo regional. El presidente de la Asociación de Empresas de Miniván de Arequipa, Javier Chara Merma, contó que en aquella campaña apoyaron abiertamente su postulación a cambio de que les permitan seguir laborando. Osorio ganó las elecciones y, ya como consejera, en diciembre del 2011, gestionó la Ordenanza Regional N°153, que permitía a las minivanes hacer servicio de pasajeros en el ámbito regional. “Con ese respaldo legal empezamos a invertir. Cada miniván costaba US$ 40.000. Comenzamos a trabajar tranquilamente”, indicó el dirigente.

En menos de dos años, la cantidad de minivanes se multiplicó. Ya había unas 400 unidades que hacían servicio interprovincial, y que se disputaban los pasajeros y las vías con los ómnibus. Estos vehículos no tenían un terminal, trabajaban en las calles. No tenían horarios, salían cuando se llenaban. Los accidentes eran frecuentes pero como cobraban más barato e iban más rápido que los buses, siempre había pasajeros. Esta situación generó desorden y comercio ambulatorio en las calles aledañas al terminal terrestre de Arequipa. Luego llegaron los enfrentamientos y conflictos entre conductores.

—Demanda ante el TC—
Los empresarios de buses formales elevaron su queja por la competencia desleal hasta el Ministerio de Transportes. En enero del 2013, el MTC interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Regional N°153. Dos años después, en noviembre del 2015, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda.

Para esa fecha, ya había 38 asociaciones reconocidas con unas 600 minivanes prestando servicios por las autopistas de la región. Aquel año, el gerente de Transportes, hoy detenido, dijo que debían esperar que culminen los plazos de sus autorizaciones para retirarlos de manera definitiva. Las autorizaciones caducaban en junio del 2016.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, los intensos operativos que realizaba la Gerencia de Transportes no eran para retirar a estas minivanes de las rutas, sino para extorsionar a sus propietarios y cobrarles cupos. Los transportistas no denunciaban el delito, porque el pago de esos cupos les permitía seguir trabajando en la informalidad. Algunos transportistas indicaron a este medio que les cobraran de S/30.000 a S/40.000 por nuevas autorizaciones. El resto pagaba cupos mensuales de S/250 a S/500 por cada unidad.

El jefe de la Diviac-Arequipa, comandante PNP Darwin Venero Tito, explicó que el gerente diseñaba los operativos, los subgerentes coordinaban y los inspectores ejecutaban. Los que pagaban cupos recibían unos sticker que tenían que mostrar en los operativos para seguir circulando. “Si no era por un lado, era por otro. Pero teníamos que pagar sí o sí”, manifestó un conductor.

—Nuevo gobernador pide investigar a Osorio—
Yamila Osorio Delgado, ex gobernadora regional de Arequipa, acudió la mañana del viernes a declarar ante Fiscalía contra el Crimen Organizado, tras la captura de la captura de los presuntos integrantes organización criminal que operaba en la Gerencia Regional de Transportes.

La ex autoridad rindió por más de dos horas su manifestación. José Gamarra era su funcionario de confianza y permaneció junto a ella los cuatro años de su gestión. Durante su captura, la madrugada del 28 de diciembre del año pasado, se encontraron fajos de dinero en su ropero y debajo de su colchón. Ese día también fueron detenidos sus dos subgerentes, inspectores de transportes y una empresaria de transportes.

Osorio se retiró de la fiscalía sin dar declaraciones. En la conferencia de prensa que ofreció el 29 de diciembre, ella indicó que no conocía las actividades delictivas del funcionario y que nunca se enteró de las denuncias de cobro de cupos.

El nuevo gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, tras juramentar al cargo opinó que la fiscalía debe incluir en las investigaciones a la ex gobernadora y a todos los servidores públicos que laboran en la gerencia.

“Se ve muy raro que en cuatro años de gestión no se haya percatado de la corrupción en transportes y haya mantenido por cuatro años al mismo gerente. La fiscalía tiene que investigar”, dijo Cáceres.
Actualmente, el ex gerente de Transportes y los ocho implicados se encuentran con detención preliminar por 10 días.

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