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Así operaba red criminal presuntamente integrada por funcionarios del GORE Arequipa

José Gamarra fue detenido junto a dos subgerentes, dos inspectores y otras cuatro personas. Todos integrarían organización que extorsionaba a transportistas. Escándalo golpea a administración de Yamila Osorio.

Así operaba red criminal presuntamente integrada por funcionarios del GORE Arequipa

Según las autoridades que investigan a la red criminal, el gerente de Transportes, José Gamarra, operaba desde su oficina en el Gobierno Regional de Arequipa. (Foto: Zenaida Condori)

A pocos días de que la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, culmine su mandato, un alto funcionario de su administración fue detenido por las autoridades.

Se trata del gerente regional de Transportes, José Gamarra Vásquez, quien fue arrestado este viernes por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

Al funcionario se le acusa de ser el cabecilla de la organización criminal denominada Los Correcaminos del Sur, acusada de dedicarse a la extorsión y al cobro de cupos a transportistas que cubren las rutas interprovinciales en el sur del país.

Gamarra Vásquez cayó junto a dos subgerentes (de Transporte Interprovincial y de Comunicaciones), dos inspectores del gobierno regional y otras cuatro personas (entre estas una empresaria de transportes). En total son nueve los arrestados.

Todos han sido acusados por el Ministerio Público de integrar presuntamente la organización criminal.

La captura se produjo la madrugada del viernes en distintos puntos de la ciudad de Arequipa. Durante la operación, las autoridades allanaron 14 propiedades y decomisaron cerca de medio millón de soles y un arma de fuego.

El comandante PNP Darwin Venero Tito, jefe de la Diviac, explicó que las acciones de la banda criminal empezaron a principios del 2015, fecha que coincide con el inicio de la gestión de la actual administración en el Gobierno Regional de Arequipa.

Modus operandi

Según la policía, el centro de todas las operaciones ilegales habría sido la oficina de José Gamarra, como gerente de Transportes. De acuerdo con las investigaciones, la organización primero identificaba a las unidades que transitaban sin autorización. Luego, Gamarra, habría coordinado y diseñado operativos con sus subgerentes en lugares estratégicos de su jurisdicción. En estas acciones participaban los inspectores.

En vez de internar en el depósito a las miniván infractoras, como ordena la ley, los miembros de la agrupación criminal conminaban a los transportistas a pagar cupos de entre S/250 y S/500 por cada vehículo para seguir circulando.

Según las autoridades, los inspectores no recibían directamente el dinero. Lo hacían a través de terceros, como habría sido el caso de la empresaria de transportes de Perú Bus Kley, Mary Lucelia Rivera Cárdenas.

Los transportistas que pagaban recibían unos stickers (logos), que tenían que mostrar en los siguientes operativos para que pudieran circular con normalidad. Según la investigación, el dinero captado por los terceros era entregado a los inspectores, luego pasaba por las manos de los subgerentes hasta llegar al gerente regional, quien se asume es el cabecilla de la banda.

Investigación

La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada inició su investigación hace siete meses. Habían recibido 15 denuncias de diferentes transportistas sobre el cobro de cupos. El Ministerio Público logró sustentar el pedido de levantamiento del secreto de comunicaciones, gracias al testimonio de seis testigos protegidos, quienes revelaron el modus operandi de la banda.

En total se realizaron más de 2.000 escuchas telefónicas durante tres meses. Así se pudo identificar a los miembros de la banda y la función que cumplía cada uno de ellos.

La fiscal especializada contra el crimen organizado, Alejandra Cárdenas, indicó que no solo los vehículos informales (unas 500 minivan) fueron víctimas de esta banda. También hubo formales.

La fiscal sostiene que los empresarios que solicitaban formalmente las autorizaciones de nuevas rutas o ampliaciones tenían que pagar en promedio S/30.000 para agilizar su trámite.

Las autoridades estiman que al año esta banda captaba un promedio de S/10 millones. Aún no se ha determinado el destino final del dinero. De ahí que la fiscal no descartó citar a la gobernadora regional Yamila Osorio para que brinde su declaración.

Los nueve detenidos están con detención preliminar de 10 días. En ese plazo la fiscal armará el expediente para solicitar un prisión preventiva. Para ello, convocó a quienes hayan sido víctimas de extorsión a denunciar el hecho.

En un comunicado, el Gobierno Regional de Arequipa, lamentó los hechos y precisó que tanto los funcionarios, como la institución se ponen a disposición de las investigaciones. De otro lado, rechazaron que se insinúe que existe relación de estos hecho con autoridades y funcionarios sin pruebas.

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