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Luego de que el Gobierno otorgara la licencia de construcción a Southern para la ejecución del Proyecto Tía María, la Defensoría del Pueblo indicó que tanto el Estado como la empresa minera deben garantizar la protección del Valle de Tambo (Islay) y los beneficios para sus habitantes.
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"El Estado y la empresa están en la obligación de darle a la provincia de Islay y a la región Arequipa todas las garantías de protección del valle y de beneficios para sus habitantes, en los términos que se acuerden", precisó a través de un comunicado.
Asimismo, ante la decisión de las organizaciones sociales y residentes de la zona de realizar movilizaciones y un paro a partir del lunes 15, en oposición a dicho proyecto, la Defensoría mencionó que los altos niveles de desconfianza en el valle de Tambo "son producto de la deuda social acumulada hasta la fecha que, es común a las zonas en las cuales se desarrollan proyectos mineros".
"Esta desconfianza sólo será superada con medidas de transparencia absoluta, un plan de desarrollo concordado entre los tres niveles de gobierno y la población organizada, y un proceso de diálogo que ofrezca las garantías necesarias para tratar los temas ambientales y sociales respecto de los cuales la población tenga dudas", dice el comunicado.
En relación a la seguridad en la zona, exhortó a la Policía Nacional y las autoridades políticas tomar precauciones para evitar enfrentamientos con la población, garantizando el orden y los derechos fundamentales de todos.
Por otro lado, resaltó que pese a que la actividad minera es un factor de crecimiento económico, esta debe reflejarse de manera inmediata en el desarrollo socioeconómico de la zona.
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