(Foto: Zenaida Condori)
(Foto: Zenaida Condori)

Más de mil agentes de la Policía Nacional permanecerán estas fiestas de fin de año en la provincia de Islay, región , para garantizar la seguridad y el orden público pese a que las protestas contra el proyecto minero se tranquilizaron en el Valle de Tambo.

El jefe de la Novena Macro Región Policial, general Víctor Zanabria Angulo, explicó que esta grupo policial pertenece a la Unidad de Servicios Especiales (USE). El 90% del personal son de Lima y el resto de Arequipa. Este equipo permanecerá en el lugar hasta que se llegue a un acuerdo a través de una mesa de diálogo y haya el compromiso de los antimineros para manifestarse pacíficamente.

Para el coordinador del paro, Miguel Meza, la presencia de la policía es innecesaria en la zona, ya que las manifestaciones son pacíficas. Si bien dijo que aún mantienen el rechazo al proyecto minero, precisó que las medidas de protestas se han reducido a plantones y movilizaciones por las tardes. “Esos policías deberían estar detrás de la delincuencia y dando seguridad a la población. Aquí están por gusto”, agregó.

Por su parte, Zanabria Angulo señaló que la presencia policial en la zona seguirá hasta que culminen las protestas en el Valle de Tambo. “Un conflicto social es dinámico, va cambiando de acuerdo a sus actores y sus intereses. En el caso del Valle de Tambo, según la Defensoría del Pueblo es un conflicto social latente. Mientras esté el riesgo de bloquear la vía y afectar la tranquilidad de Arequipa y de todo el sur se darán las garantías”, acotó.

Por otro lado, el oficial informó que mantener un efectivo en la zona del conflicto le cuesta al Estado entre S/200 a S/320 por día. Este monto incluye los viáticos, alojamiento, alimentación y otros gastos. No incluye implementos, equipamiento de bombas lacrimógenas y perdigones.

De acuerdo al último reporte de la Policía Nacional de noviembre pasado, el Estado había gastado un promedio de S/11 millones en el traslado del personal, combustible y uso de armas. En un momento se especuló que estos gastos iban a ser asumidos por la empresa Southern Perú, pero fue descartado por el general.

“Por disposición del presidente de la República todo los recursos que se utilizan en el mantenimiento del orden son del Estado. Las operaciones en los conflictos de Las Bambas y Tía María son con recursos públicos. Se alarmarían si les digo cuánto le está costando al Estado mantener a los efectivos allí”, apuntó Zanabria.

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