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Armas legales contra la violencia: establecen medidas para frenar agresiones a la mujer

Protocolo enfatiza roles de policía y fiscalía para atender denuncias. El 60% de los peruanos pide más sanciones legales para los feminicidas

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La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Elena Revollar, opina que este es un “buen avance” normativo, ya que delimita las funciones de los operadores de justicia. Sin embargo, considera que debe implementarse de manera ágil y en corto plazo. (Foto referencial / archivo)

El Comercio

Un día después de la muerte de Eyvi Ágreda –a quien Carlos Hualpa le prendió fuego cuando iba en un bus, luego de acosarla durante semanas–, el Ejecutivo declaró la lucha contra la violencia a la mujer como un problema de interés nacional.

Como un primer paso, se han establecido 11 acciones para que ministerios e instituciones como la policía y fiscalía apliquen en el corto plazo. Una de ellas es la actualización del protocolo de atención de casos de tentativa de feminicidio, feminicidio y violencia en pareja.

—Respuesta rápida—

Este nuevo protocolo enfatiza las responsabilidades tanto de la policía como de la fiscalía para atender estos casos y promover que sean procesados con severidad.

El protocolo establece la inmediatez con la que las denuncias deberán ser derivadas de la policía a la fiscalía, para evitar que el agresor vuelva a atacar a su víctima. Es el caso de María Elizabeth Fernández, quien fue atacada a cuchillazos por su ex pareja Luis Pazos en una agencia bancaria en Miraflores. El día anterior, Fernández había denunciado a Pazos en la comisaría de Monterrico, Surco, porque él la acosó cuando se dirigía a su casa.

El protocolo indica además que el policía que reciba la denuncia deberá garantizar que se custodie la escena del hecho para evitar que se alteren o destruyan los indicios o evidencias.

También se establece una ficha de valoración de riesgo, documento que podrán responder las mujeres que denuncien agresiones de sus parejas. Con esta ficha se determinará si la mujer está en riesgo leve, moderado o severo de volver a ser agredida.

La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Elena Revollar, opina que este es un “buen avance” normativo, ya que delimita las funciones de los operadores de justicia. Sin embargo, considera que debe implementarse de manera ágil y en corto plazo.

Según un sondeo de Ipsos-El Comercio, el 60% de los entrevistados cree que el feminicidio debe ser enfrentado con mayores sanciones legales. Ver infografía: 

INFOGRAFRIA

(El Comercio)

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