El líder indígena del pueblo kiwcha Quinto Inuma Alvarado fue asesinado por encapuchados en Pucallpa, mientras él, su esposa y sus hijos retornaban de un evento sobre protección a defensores ambientales. Desde hace varios años denunciaba constantemente la extracción ilegal de madera los territorios de su comunidad en Santa Rosillo de Yanayacu, en la región amazónica de San Martín.
La tarde del miércoles 29 de noviembre fue interceptado por desconocidos, quienes le asestaron varios impactos de bala, mientras él y su familia navegaban en un bote por el río Yanayacu, en un intento de retornar a su comunidad.
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En julio del 2021 fue golpeado y amenazado de muerte precisamente por su labor en defensa de los bosques, luego de que representantes de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y la Antidrogas ingresaran al territorio comunal para atender la denuncia realizada contra taladores ilegales y cocaleros.
Garantías sin ejecución
La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) advirtió que Inuma Alvarado fue asesinado a pesar de había logrado, desde el 2020, la activación de alerta temprana en el marco del Protocolo de Protección de Defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; sin embargo, las medidas de seguridad y garantía no se cumplieron. Tampoco el apoyo para que la comunidad indígena logre su titulación y no se halle a merced de la depredación de sus territorios.
“Quinto Inuma y comuneros de la comunidad Santa Rosillo, desde el 2016 han venido comunicando a las autoridades del sistema de justicia la tala indiscriminada y la presencia del narcotráfico acechando sus bosques comunales, sin que a la fecha haya un solo condenado por estos delitos. No puede haber nada más impune que esto, ejemplo de lo lejano del acceso a la justicia para los pueblos indígenas en este país”, expresó la organización indígena.
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Luego de seis años de denunciar constantes amenazas, el hoy fallecido defensor ambiental también llevó sus demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Debido al asesinato del Apu Quinto Inuma, dos menores de 14 y 4 años de edad quedaron en la orfandad. La esposa y familiares de la víctima piden apoyo para trasladar su cadáver a Tarapoto y pagar el entierro.
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