"La barbarie por la educación", por José Carlos Requena

JOSÉ CARLOS REQUENA

Analista político

Es una lamentable ironía que una protesta motivada por educación (el funcionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, UNAT) alcance niveles de barbarie. 

La brutal golpiza que sufrieron policías por parte de los manifestantes el jueves último, en el distrito de Pampas, provincia de Tayacaja (Huancavelica), no solo debe ser censurada como el abuso de la mayoría sobre una desarmada autoridad, sino que también debe ser juzgada y sancionada como lo que es: el delito de agresión y desacato a la autoridad policial. La violencia perpetrada alcanzó además a periodistas cubriendo los bloqueos de carretera que impedían el libre tránsito entre Pampas y Huancayo. 

Como en todos estos conflictos poco comprensibles, la historia es larga. Reproduce, además, las rivalidades entre dos provincias en una misma región: la capital regional, Huancavelica, y Tayacaja, más emparentada con Huancayo, la capital de la vecina región Junín.

El conflicto estalló en junio del 2011, cuando al gobierno de Alan García le quedaban solo algunas semanas de gestión. La ley que crea la UNAT fue promovida por los congresistas José Saldaña, profesor sanmarquino de simpatías izquierdistas devenido en castañedista, y Miro Ruiz, tristemente célebre como el “mataperro”. El texto sustentatorio del proyecto es un dechado de generalidades. Carece, además, de un análisis costo-beneficio mínimo. 

Aprobada por el Congreso el 3 de junio por abrumadora mayoría (con 58 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones), la norma indicaba que la UNAT se debía basar en la sede que tenía la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) en Tayacaja. El 17 de junio, la Mesa Directiva del Congreso la envió al Ejecutivo, pidiendo su promulgación. 

La reacción no se hizo esperar. Tres personas, incluida una menor de edad, murieron en la ciudad de Huancavelica, debido a manifestaciones que se oponían a la creación de la UNAT. Los huancavelicanos temían que los fondos de la UNH fueran sacrificados para beneficiar a la neonata UNAT. Para atenuar en algo las protestas, la entonces primer ministra Rosario Fernández anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignaría fondos especiales, sin tocar fondos de la UNH, aunque la ley promulgada (Ley 29716) con la firma de García y Fernández el 23 de junio no lo indicaba así. 

Con la llegada del nuevo gobierno, es poco lo que se hizo por la UNAT. Además, no es claro si cuenta con autoridades oficiales. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) incluye a la UNAT en el grupo de universidades “por institucionalizar”. El 1 de abril, la Municipalidad Provincial de Tayacaja y el Ministerio de Educación acordaron la instalación de una comisión organizadora para la UNAT. Como en otros conflictos, han abundado autoridades elegidas irresponsables y funcionarios insensibles. Las víctimas han sido las mismas de siempre: ciudadanos que tienen poco que ver con las demandas y personas cumpliendo su deber.

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