Más presupuesto, menos búsqueda: el Estado no ejecuta recursos para hallar a mujeres desaparecidas

En el Perú, desaparecer no es un hecho inusual ni fortuito, es una crisis con rostro de mujer adolescente. A pesar de contar con normas y discursos oficiales sobre la protección de la población vulnerable, la realidad técnica y financiera cuenta una historia distinta. Entre enero de 2023 y mayo de 2025, se registraron más de 45 mil denuncias por desaparición en el país. De este total, el 58% corresponde a mujeres, y casi la mitad de estos casos involucra a adolescentes de entre 12 y 17 años.

El informe “Análisis de Presupuestos Públicos destinados a la búsqueda de Mujeres Desaparecidas en el Perú (2023–2025)”, elaborado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional Perú, revela que solo el 52% de las víctimas son ubicadas. La ineficiencia estatal no nace de la falta de recursos brutos, sino de una gestión deficiente: mientras el Presupuesto General de la República subió un 17,2%, el dinero destinado a las unidades especializadas se perdió en la burocracia o simplemente no se usó.

Para Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, el problema central radica en la incapacidad de gasto. “Lo que encontramos es que persiste una brecha entre lo que se asigna y lo que se ejecuta. Se pueden asignar recursos, pero no se ejecutan por falta de capacidades o comprensión real del problema”, señala.

Esta desatención tiene cifras que la reflejan. En el Ministerio de la Mujer (MIMP), el presupuesto asignado creció casi un 22%, pero ese incremento no se tradujo en mayor capacidad operativa: entre 2023 y 2024 la ejecución creció apenas un 4,8%, mientras el gasto destinado a bienes y servicios —campañas, logística, intervenciones territoriales— se redujo en casi un 86%. Sin embargo, el patrón más alarmante aparece en el Programa Presupuestal 1002 —orientado a la lucha contra la violencia—: mientras los recursos destinados a personal aumentaron un 335%, el gasto en “bienes y servicios” sufrió un recorte drástico del 81%.

Los “bienes y servicios” son, en la práctica, el motor de cualquier investigación de campo: gasolina para los patrulleros, mantenimiento de vehículos, tecnología para geolocalización de celulares, kits forenses y materiales básicos para registrar denuncias. Sin este presupuesto, el sistema se paraliza.

Esta no es una excepción del MIMP, sino una tendencia en diversas entidades. En el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), el gasto en bienes y servicios colapsó hasta un 92,9% en ejecución, afectando directamente la operatividad de los Centros de Emergencia Mujer y las acciones territoriales. En el Ministerio Público, ese mismo rubro registró una reducción del 76,5% en ejecución, debilitando la capacidad investigativa de las fiscalías. Y en el Plan Nacional contra la Trata de Personas, los recursos para operativos, viajes y servicios profesionales cayeron un 80%.

Esta asfixia presupuestaria se ve agravada por la ausencia de un clasificador presupuestal específico para la desaparición de personas, una deficiencia técnica que provoca que el dinero se diluya en diversas categorías administrativas, volviendo prácticamente imposible fiscalizar el destino real de cada sol.

Jennie Dador Tozzini, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, advierte que el país ignora su obligación de “debida diligencia reforzada”. Según Dador, el constante cambio de autoridades en el Ejecutivo ha ralentizado los mecanismos de búsqueda creados en los últimos años. “Miramos con horror el caso de México, pero esto ya es un patrón regional vinculado a economías criminales como la trata y la explotación sexual”, explica. Esta falta de resultados genera una “desesperanza aprendida”: muchas familias no denuncian porque el sistema las revictimiza con prejuicios como “se fue con el novio”, alimentando un subregistro que oculta la magnitud real de la tragedia.

Frente a esta parálisis estatal, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional relanzarán este miércoles 29 de abril en Miraflores la campaña “Búscalas”. El evento contará con el testimonio de Carlos Rodríguez, padre de Solsiret Rodríguez, cuyo caso se convirtió en símbolo de la negligencia institucional en el país. Solsiret desapareció en agosto de 2016 y, tras años de lucha familiar contra la indiferencia policial y fiscal, se confirmó que fue víctima de feminicidio.

Como eje de la campaña, se presentó la “Guía práctica de prevención y acción inmediata”, un documento que orienta a las familias en las primeras horas de una desaparición, que son determinantes para encontrar a alguien con vida. La guía establece un protocolo de respuesta por tiempos y un semáforo de señales de riesgo que permite identificar conductas que suelen preceder a una desaparición.

Finalmente, el informe recuerda que existen canales gratuitos como la Línea 114 —específica de la PNP para desaparecidos— y la Línea 1818 para casos de trata. “Ninguna familia debería enfrentar sola una desaparición. Actuar a tiempo y exigir una búsqueda inmediata marca la diferencia entre la vida y la muerte”, concluye el documento.