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Cerca de 25 alcaldes serían sometidos a procesos de revocación

Cambios en la norma han permitido reducir los casos. Especialistas piden fortalecer alternativas de control ciudadano

El número de autoridades regionales y locales sometidas al proceso de revocación muestra un marcado descenso respecto a años anteriores. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tanto el número de kits (planillones con firmas de adherentes) vendidos como las solicitudes aceptadas a trámite registran niveles bajos.

La etapa de recolección y presentación de firmas terminó a inicios de diciembre. Fueron adquiridos un total de 940 kits para revocar autoridades provinciales y distritales, 58%  menos  que en el período 2010-2014 (2.247).

 Solo 26 solicitudes de revocación pasarían a consulta popular después de haber completado la  validación de firmas a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).  

Esta cifra marca un mínimo histórico y a la vez un quiebre en la tendencia de años anteriores. Desde su implementación hace casi 20 años, en 1997, las  consultas de revocación aumentaron hasta alcanzar un máximo de 397 en el período 2010-2014 (ver infografía). 

En todo el país, alrededor de 25 alcaldes distritales y 56 regidores enfrentarán en junio del 2017 un proceso de consulta para saber si continuarán en sus cargos. 

(Imagen: El Comercio)

—Los factores detrás—

Este marcado retroceso  obedecería a las modificaciones realizadas a la Ley de Participación y Control Ciudadano, efectuadas en abril del 2015.

Fernando Tuesta, politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que la más importante es la eliminación de las elecciones complementarias. En adelante, las autoridades revocadas serán  reemplazadas por accesitarios (vicegobernadores, tenientes alcaldes o primeros regidores), quienes terminarán el período de gobierno. Es decir, si una autoridad es revocada ya no habrá nuevas elecciones.

“Este era el incentivo perverso. Un alto porcentaje de las personas que compraban los kits eran candidatos que habían perdido las elecciones”, explica Tuesta.

Entre otros cambios aplicados figura la cantidad de firmas necesarias para iniciar el proceso. Si bien se mantiene el porcentaje de adhesiones en un 25% del padrón electoral, se eliminó el tope de 400 mil firmas por circunscripción. En años anteriores, este límite permitió poner en marcha la revocación en localidades grandes, como Lima Metropolitana en el 2013, donde las 400 mil firmas validadas correspondían solo al 7% de los electores. 

Asimismo, ahora la consulta de revocación se debe plantear una sola vez dentro del período de mandato de la autoridad, y al tercer año de gestión. Antes podía realizarse desde el segundo año y más de una vez durante una misma gestión.

Otro aspecto importante está ligado a la rendición de cuentas. Tanto promotores como autoridades sometidas a consulta deberán detallar sus gastos de campaña obligatoriamente.

Gilbert Vallejos, gerente general de la ONPE, afirma que los cambios efectuados han tenido hasta el momento un impacto positivo, aunque reconoce que es muy pronto para sacar conclusiones.“Si uno ve el tema histórico, [el número de casos] ha bajado drásticamente. Algunos revocadores pensaban que se mantenía la norma anterior; una vez que se enteraban de que tenían que rendir cuentas, desistían”, dice Vallejos.

—Ajustes adicionales—

Si bien las modificaciones han disminuido los pedidos de revocación, aún quedan cambios pendientes para mejorar el mecanismo de consulta en sí.

 Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, opina que el tiempo que toma un proceso de revocación (que va desde la compra del kit hasta la consulta) debe ser menor. “Todo el proceso, desde la recolección de firmas hasta la votación, debería darse  solo durante el tercer año”, dice. Actualmente, la venta de kits procede un año antes de la consulta.

Según Castiglioni, esto genera inestabilidad en las gestiones locales, ya que las autoridades invierten parte de su tiempo  en hacer frente a las acusaciones planteadas.

—Más datos—

Áncash, Apurímac y Arequipa concentran 14 de las 26 solicitudes de revocación evaluadas por la ONPE para la consulta popular. 

Por primera vez, las solicitudes aceptadas a trámite comprenden únicamente a autoridades distritales.

Solo el 27% de los alcaldes sometidos a consulta en los últimos 20 años  fueron revocados. En el caso de los regidores, la cifra sube a 34%.

En promedio, el 20% de los kits adquiridos logra convertirse en consulta popular de revocación.

—Balance requerido— 

El Perú es uno de los pocos países que aplica la revocación para autoridades locales. Este mecanismo ha  removido de sus cargos a casi 1.700 autoridades en el país desde su implementación (en 1997).

El analista político José Carlos Requena sostiene que es necesario hacer un balance de su aplicación frente a otras alternativas disponibles.

“Hay otros mecanismos  que se deben fortalecer, como las reuniones de cabildo abierto o la ley de presupuesto participativo.  La revocación soslaya el proceso de consolidación de la democracia local”, dice Requena.

Fernando Tuesta, por su parte, resalta  que este mecanismo también  ha traído complicaciones. “De todos los países que aplican [la revocación], no se conoce alguno donde funcione bien. El Perú ha sido el país con más revocatorias en el mundo”, concluye.

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