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Al menos cinco conflictos sociales requieren atención urgente

La Defensoría del Pueblo identificó que en estos casos se suspendió el diálogo y demora la implementación de acuerdos

JORGE FALLEN

De acuerdo con el Banco Mundial, en los próximos años el Perú enfrentará un entorno social y económico más desafiante que el de la última década. La conflictividad social –según el organismo internacional– se posiciona como uno de los riesgos más altos para el desarrollo del país en un entorno de desaceleración económica marcada por la disminución en los precios de los commodities.   

En este contexto, existen cinco conflictos sociales que podrían experimentar una escalada de violencia significativa en los próximos meses, según la Defensoría del Pueblo.  Estos son: la modernización de la refinería de Talara (Piura), la demora en la construcción del Hospital Materno Infantil de Juliaca (Puno), la contaminación ambiental minera en Espinar (Cusco), el reasentamiento de la población de Morococha (Junín) y la contaminación por plomo en el distrito de Bambamarca (Cajamarca) [Ver infografía].

El anuncio de nuevas protestas, la suspensión o el retiro de los espacios de diálogo, así como la demora en la implementación de acuerdos e instalación de mesas de diálogo son los factores comunes que presenta este grupo de conflictos.

EL QUE NO ESTÁ  
Tía María, el conflicto más representativo del 2015 y por el que hoy el proyecto minero de US$1.400 millones está estancado, no figura en esta lista de la defensoría. Esto a pesar de que reportó niveles de violencia más altos en comparación con otros conflictos mineros. Cerca de 250 manifestantes se enfrentaron directamente con la policía y tomaron el control de la zona (Valle del Tambo). El conflicto dejó tres muertos y 217 heridos.  

La exclusión de este conflicto activo de la lista de urgencia de la defensoría responde a su suspensión indefinida por parte de la empresa Southern Perú. Esto ha determinado el cese momentáneo de las acciones violentas, así como la estabilidad de su situación a mediano plazo.

La defensoría, al momento de monitorear los conflictos, pone mayor énfasis en aquellos en los que existe un riesgo más alto de que se atente contra la paz social y se concentra en los de competencia regional y local.

(El Comercio)

En contraste, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, centra su atención en los que comprometen el desarrollo de proyectos de inversión y aquellos de competencia nacional, según fuentes de la defensoría. Sin embargo, cuando El Comercio preguntó a José Ávila, jefe de la ONDS, sobre el monitoreo de los cinco proyectos, respondió que su oficina ha tenido una participación constante en cada uno de ellos, a pesar de que son de competencia regional y local.

VIOLENTO AUMENTO
Si bien el número anual de conflictos evidencia una tendencia a la baja en los últimos cinco años –al pasar de 362 durante el 2010 a 260 el año pasado–, esta cifra contrasta con el incremento en los niveles de violencia y radicalidad de estos. Los muertos sumaron 19 al cierre del 2015, tres más que el año anterior. En tanto, la cantidad de heridos ascendió a 872, la más alta en los últimos diez años y casi el cuádruple de lo reportado en el 2014.

Este escenario de mayor violencia está marcado por la irrupción de conflictos relacionados con la ejecución y funcionamiento de proyectos mineros a gran escala que requerían la atención directa del Gobierno Central. En la actualidad, el Perú tiene 36 conflictos relacionados directamente con este tema, la cifra más alta de América Latina.

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