En la segunda mitad del año, temas como la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la identidad de género y los derechos no reconocidos de la comunidad LGBT volvieron al debate nacional, luego de tres decisiones asumidas por diferentes poderes del Estado.

1 La redistribución de la píldora del día siguiente.

El 22 de agosto, el Poder Judicial dictó una medida cautelar para que el Ministerio de Salud (Minsa) volviera a distribuir gratuitamente el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) –o píldora del día siguiente– en los centros de salud pública del país.

De esta manera, el Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado el recurso presentado por la ciudadana Violeta Cristina Gómez y la ONG Promsex, dentro del juicio que iniciaron para que el Estado retome esta política de salud, la cual se había prohibido en el 2009.

El mandato debía ser cumplido por el Minsa en un plazo de 30 días. Por ello, el sector Salud anunció el 15 de setiembre que ya se había iniciado el reparto progresivo del AOE en su red de establecimientos médicos.

Sin embargo, si bien la mayor parte de la población aprobaba la píldora (según una encuesta de El Comercio-Ipsos, del 89% que decía conocer el fármaco, el 71% estaba a favor de su uso), algunos sectores de la sociedad la rechazaban.

Uno de los primeros en alzar su voz de protesta fue el cardenal Juan Luis Cipriani, quien calificó al AOE de “abortivo” y llamó “respondonas” a las ministras de Salud (Patricia García) y de la Mujer (Ana María Romero-Lozada) por defender la píldora. Según dijo, porque el presidente Kuczynski nunca tuvo en su agenda este tema. 

Sobre la distribución del fármaco, Carmen Mayuri, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, explicó que tras la medida cautelar el sector inició dos procesos de compra del Levonorgestrel (nombre científico del AOE) para su reparto en todo el país, aunque no especificó en qué regiones se priorizó este proceso.

“Hemos monitoreado que la demanda de la píldora ha sido muy baja. Se ha entregado principalmente en hospitales de zonas urbanas, y se ha capacitado al personal para que haga un seguimiento de la paciente que recibe el anticonceptivo. En seis meses, podremos definir cuál es la verdadera demanda del AOE”, dijo Mayuri.

Desde setiembre, el Minsa reparte gratuitamente la píldora del día siguiente en sus centros de salud por una decisión judicial. (Foto: El Comercio)

2 Nuevos criterios para la identidad de personas trans.

A través de una sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) determinó –en mayoría– que el transexualismo “no debe ser considerado como una patología” y modificó los criterios para el reconocimiento del derecho a la identidad de género de las personas trans en el Perú.

El TC precisó que la realidad biológica (haber nacido hombre o mujer) no debe ser el único elemento determinante para establecer el sexo de una persona, ya que también intervienen factores culturales e interpersonales, según los estudios científicos y jurídicos recogidos por los magistrados para su fallo.

El tribunal también señaló que los fundamentos establecidos anteriormente –en una sentencia del 2014, el TC sostuvo que el transexualismo sí era una patología– restringían las posibilidades de modificar, a través de un proceso judicial, la identidad legal de un transexual. Por ello, tras el cambio de criterios, una persona trans tiene la opción de cambiar de nombre y sexo en el DNI con mayor celeridad.

No obstante, algunos juristas y los propios magistrados del TC que votaron en contra del nuevo fallo criticaron la sentencia porque, según dijeron, esta permitiría los “matrimonios homosexuales”, ya que un transexual nacido varón, con una nueva identidad femenina, podría contraer matrimonio con un hombre, o viceversa.

3 Nuevo proyecto de ley sobre unión civil no matrimonial.

El 30 de noviembre pasado, los congresistas Carlos Bruce y Alberto de Belaunde (ambos del partido Peruanos por el Kambio) presentaron un nuevo proyecto de ley para implementar la unión civil entre personas del mismo sexo.

En marzo del 2015, una iniciativa similar fue archivada por el Congreso, luego de que algunos parlamentarios –como Julio Rosas (hoy en Alianza para el Progreso)– argumentaran que la unión civil tergiversaba el concepto de “familia natural” (compuesta por una pareja heterosexual), y abría la puerta al matrimonio homosexual y la adopción de niños.

Según Bruce, el nuevo proyecto legislativo establece que, quienes contraigan la unión civil, no estén obligados a cambiar su estado civil en el DNI. Asimismo, señaló que su texto busca reconocer de manera explícita que la unión civil es un tipo de familia, pero que esta no representa un matrimonio. El documento podría ser debatido en la Comisión de Justicia del Congreso en el 2017. 

¿Ideología de género?

Cuestionamientos

Grupos de padres de familia y algunos congresistas cuestionaron el currículo escolar del 2017 porque su contenido (cuentos como “El Caperucito Rojo”) promovería la homosexualidad y la “ideología de género”.

Respuesta de Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) precisó que el contenido criticado pertenecía a una guía de educación sexual que no estaba vigente, y que su nuevo currículo fomentaba la igualdad de género en las aulas.