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Conflictos sociales: ¿por qué el 2018 es un año de escenarios complejos?

A diciembre del 2017 había 169 conflictos sociales en el país. Demoras en la reconstrucción podrían generar conflictividad

Conflictos sociales

El 71% de los conflictos actuales son de tipo socioambientales, y casi el 9% del total están relacionados con gobiernos locales. (Foto: archivo)

El Comercio

Según el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, a diciembre del 2017 había 169 conflictos en el país (119 activos y 50 latentes).

El 71% de los conflictos actuales son de tipo socioambientales, y casi el 9% del total están relacionados con gobiernos locales. Las regiones que más conflictos registran son Áncash (27), Puno (15) y Apurímac (13).

–Panorama complejo–
El año pasado, la huelga de maestros fue el conflicto social más relevante en el país. Comenzó en junio en Cusco, pero en las semanas siguientes se extendió, y todas las regiones fueron afectadas, en mayor o menor medida, por esta situación.

Según Porfirio Barrenechea, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la defensoría, el escenario de conflictividad durante el 2018 podría presentar ciertas similitudes y algunos añadidos, tomando en cuenta que en los recientes días un sector del magisterio anunció una posible paralización indefinida.

“Se nos presenta para el 2018 un panorama mucho más complejo, donde temas de la reconstrucción, de corrupción y del proceso electoral que vienen podrían generar algunas condiciones para los conflictos”, dijo Barrenechea a El Comercio.

Precisamente, uno de los conflictos señalados en el reporte, y en el que aún no hay diálogo, se presenta en Huarmey (Áncash), donde ciudadanos afectados por El Niño costero exigen a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) la ejecución de obras.

Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad y docente universitario, explicó que en estos casos se ha presentado un conflicto intergubernamental, donde una de las consecuencias más recientes fue la salida de Pablo de la Flor de la ARCC en octubre del año pasado.

Además, el escenario podría complicarse este 2018 por la vinculación de autoridades locales, provinciales o regionales en probables casos de corrupción. “En un contexto electoral, eso hace que sea mucho más visible”, añadió Barrenechea.

–Actuar a tiempo–
El reporte de la defensoría indica también que hay 34 alertas tempranas; es decir, situaciones en las que se puede actuar antes de que deriven en conflictos sociales. Cinco de estos casos se concentran en Áncash y otros cinco en La Libertad.

En esta lista de alertas tempranas se incluyen las protestas en 20 regiones del país contra el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al ex mandatario Alberto Fujimori. Si bien las marchas no suponen un conflicto social en sí, la Defensoría del Pueblo las tiene bajo observación.

Según Barrenechea, “ha bajado el nivel de coordinación, ya no hay una rápida toma de decisiones, hay otros niveles previos que hacen que estas decisiones demoren. Ahora lo que hay es una actitud reactiva, se interviene cuando hay una situación de crisis”.

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