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Azul Rojas Marín
Redacción EC

Azul Rojas Marín, de 36 años, ha logrado lo que ningún miembro de la comunidad LGTBI: que la Corte Interamericana de Derechos Humanos procese al Estado por detención ilegal y tortura sexual.

En febrero del 2008, tres policías la interceptaron en Casa Grande, Ascope (La Libertad), la golpearon y la llevaron a una celda por ser travesti bajo la excusa de que la debían identificar. La tuvieron toda una noche encerrada, la siguieron golpeando y luego, dice, le introdujeron una vara por el recto. Todas las investigaciones se entramparon o archivaron.

Su testimonio, dice Rojas, fue desacreditado desde el inicio por pertenecer a la comunidad LGBTI. Luego, asegura, tanto ella como su familia comenzaron a ser víctimas de hostigamiento.

"Los policías buscaron acercarse a mí a través de su abogado para que desista en mi denuncia. Me indispusieron en mi trabajo y comenzaron a  acosar a dos de mis hermanos, que eran mototaxistas. Los intervenían a cada rato y les decían que si yo no retiraba la denuncia, iba a aparecer muerta en cualquier momento", recuerda. 

Con el tiempo, los hermanos decidieron irse a vivir más lejos. Azul se quedó con su madre, Juana Rosa Tanta Marín —que murió el año pasado—. Pidió garantías personales en varias oportunidades. "Nunca obtuve una", se queja. 

Diez años después de la agresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ha dado la razón. No solo ha acreditado que Rojas Marín fue víctima de violencia física, psicológica y sexual, sino que hubo un especial ensañamiento contra ella por su orientación sexual. Concluye también que hubo un "incumplimiento" del Estado, que debió "investigar con la debida diligencia", y recomienda una reparación integral a la víctima.

La Comisión, además, ha dado resuelto que el caso de Azul sea visto por la Corte IDH. "Será el primer caso de tortura sexual que vea la Corte IDH contra un miembro de la comunidad LGTBI en la región", indica Brenda Álvarez, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que asesora a Rojas Marín.

Más datos
-Según Promsex y la Red Peruana TLGB, entre el 2014 y el 2015 hubo 4 suicidios, 13 asesinatos y 13 casos de agresión física contra la comunidad LGTBI en el país. 
-De acuerdo con las mismas fuentes, entre el 2015 y el 2016 hubo 8 asesinatos y 8 casos de violencia familiar contra gays, lesbianas y transexuales.
-El Observatorio de Derechos LGTB de la Universidad Peruana Cayetano Heredia identificó, en el 2016, 65 golpizas contra personas LGTB y 26 atentados con armas.

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