Imagen de uno de las audiencias del juicio que se realizó contra 53 pertenecientes a comunidades indígenas en Bagua por la Curva del Diablo (Foto: Lino Chipana / Archivo El Comercio).
Imagen de uno de las audiencias del juicio que se realizó contra 53 pertenecientes a comunidades indígenas en Bagua por la Curva del Diablo (Foto: Lino Chipana / Archivo El Comercio).
Francesca García Delgado

Este miércoles 26 a partir de las 9:00 a.m., los abogados defensores de los 51 indígenas procesados por el caso "Curva del Diablo", expondrán sus argumentos ante la Primera Sala Penal Transitoria de la , instancia que decidirá en los próximos días si ratifica la sentencia absolutoria contra ellos o inicia un nuevo juicio oral contra los procesados.

Los nativos awajún y wampis están procesados en este caso por el daño agravado contra 27 policías (doce de ellos muertos) durante los hechos ocurridos en la "Curva del Diablo", el 5 de junio de 2009 en el llamado ''. Ese día, además, murieron en la zona diez indígenas. 

El caso llegó a esta instancia de la Corte Suprema, luego de que la Fiscalía Superior Mixta de Bagua apeló la sentencia de setiembre de 2016 de la Sala Penal de Bagua la cual declaró inocentes a los 51 procesados. Estas personas, entre ellas, líderes indígenas, estaban acusadas, por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra los medios de transporte públicos, motín, disturbios, tenencia ilegal de armas de fuego, arrebato de armamento o municiones de uso oficial y daño agravado.

"La responsabilidad penal atribuida a los acusados, por parte del Ministerio Público, deviene en arbitraria, puesto que no existe una sola manifestación en el proceso que determine que los procesados, sean todos o algunos de ellos, hayan tenido la condición de instigadores o autores materiales en la ejecución del delito de lesiones graves", fue uno de los argumentos de la Sala Penal de Bagua.

La Fiscalía también había solicitado en el caso de algunos líderes indígenas como Alberto Pizango y Santiago Manuin, la pena de cadena perpetua por la muerte de los policías. 

Otro de los argumentos por los que la Sala Penal de Bagua declaró inocentes a los 51 procesados, fue que las muertes de los policías fueron provocadas por balas de fusil y la prueba de absorción atómica resultó negativa en todos los procesados. Es decir, no se determinó quienes hicieron los disparos.

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal y titular de la defensa de cinco de los procesados, sostuvo que dentro de la Corte Suprema la votación está en un 3 a 2. Por un lado, los votos a favor de ratificar la sentencia de la Sala de Bagua son de los magistrados supremos Jorge Bayardo Calderón Castillo y Sabina Chávez Mella. Y los votos para anular la misma e iniciar un nuevo juicio son de los magistrados: José Luis Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado y Juan Chávez Zapater. 

"Debido a esto se ha llamado a una nueva magistrada, la jueza suprema Iris Pachecho Huancas quien podría inclinar su voto por ratificar la sentencia e igualar los votos a 3 -3. En ese caso tendría que llamarse a un nuevo juez supremo para que defina el caso", explicó Quispe a El Comercio. Luego de la audiencia del miércoles, indicó el abogado, la magistrada tendrá 15 días para emitir su decisión.   

—Solicitan ratificación de sentencia—
En conferencia de prensa este martes, representantes del IDL, la Iglesia Católica y de los pueblos wampis y awajún exhortaron a la Corte Suprema a ratificar la sentencia que absolvió a 51 personas por el asesinato de los policías el 5 de junio de 2009 en la 'Curva del Diablo'.

Héctor Requejo Longinote, alcalde provincial de Condorcanqui es uno de los procesados por la presunta instigación de los hechos del 5 de junio. Requejo relató que hace diez años, también como autoridad local, participó de la mesa de diálogo que intentó acabar con el conflicto pero, dijo, nadie anticipó que la protesta que iniciaron las comunidad nativas terminaría en los hechos de violencia tras el desalojo de la Curva del Diablo. Consideró que el inicio de un nuevo juicio generaría inestabilidad social en la zona.

De otro lado, el Obispo de Jaén, Alfredo Vizcarra, expresó su preocupación sobre la situación de las comunidades indígenas y el riesgo que sea anulado un juicio que calificó de "histórico". En esa línea, monseñor Jorge Izaguirre, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, exhortó a los magistrados a ponderar las evidencias presentadas durante el juicio en Bagua.

Durante el 'baguazo' murieron 33 personas (23 policías y 10 indígenas). En la 'Curva del Diablo' murieron doce agentes, los otros once murieron en la Estación 6 de Petro-Perú. Tras diez años de los sucesos de Bagua, no hay ni una sola persona sentenciada por la muerte de estas 33 personas.  

—Otros procesos pendientes del 'baguazo'—
Tras los hechos del 5 de junio del 2009, se abrieron procesos para determinar las responsabilidades en las muertes de 33 (23 policías y 10 indígenas).

- El caso de los generales de la Policía: la fiscalía solicitó 25 años de prisión para los tres generales PNP en retiro José Sánchez Farfán, Luis Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano, y para el comandante policial Luis Carpio Sánchez, por ser presuntos autores mediatos del homicidio calificado de 6 personas.

- El caso de la estación 6: se atribuye responsabilidad a 25 personas (todas indígenas) por los presuntos delitos de extorsión, secuestro, arrebato de armamento y disturbios contra 38 policías en la base petrolera.

- El caso por la desaparición del mayor Bazán: se imputó a seis personas por el secuestro agravado del mayor PNP Felipe Bazán.

- El caso de la denuncia de los deudos de la familia policial en contra de la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, la investigación fiscal quedó archivada luego que la Fiscalía Provincial Penal resolvió que no daba a lugar una acción penal contra la ex funcionaria. En esa investigación también estaba incluida la ex ministra de Comercio Exterior y actual vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz. Se les acusaba del presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica. En este último caso, la defensa de los indígenas anunció que solicitarán a la fiscalía que la ex ministra Mercedes Cabanillas sea incluida como en la investigación del caso de los generales de la Policía. 

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