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Cusco: toda la cronología del caso de hotel de 10 pisos construido en centro histórico

Empresa inmobiliaria fue sancionada este año con multas que superan las 1.800 UIT. Decisión final sobre la demolición del Hotel Sheraton y la restitución de los andenes destruidos será tomada el 28 de agosto

Antes de continuar la subida al Parque Arqueológico de Saqsaywaman, el casco de lo que sería un hotel de 10 pisos permanece cercado en la cuadra 6 de la calle Saphy, en Cusco.

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El próximo 28 de agosto la Corte Superior de Justicia de Cusco decidirá si se procede con la demolición del hotel, ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas y cuya construcción afectó seriamente andenes de la época prehispánica.

La controversia alrededor de esta construcción se arrastra desde diciembre del 2015, cuando una comisión ad hoc, integrada por representantes de la Municipalidad Provincial de Cusco y de colegios profesionales, decidía si se mantenía o revocaba el permiso de obra cedido a la empresa inmobiliaria R & G S.A.C para levantar el hotel Four Points by Sheraton a tres cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad imperial.

Las licencias para R & G S.A.C en Saphy 674 fueron ampliadas el 29 de diciembre del 2014, dos días antes de que culminara la gestión del exalcalde de Cusco, Luis Flores García.

El edificio no solo estaba siendo levantado en una zona donde de acuerdo con el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco solo se pueden construir edificios de 2 pisos, sino que según dos resoluciones directorales se cometió daño "grave e irreversible" al Patrimonio Cultural de la Nación.

La DDC Cusco inició cuatro procedimientos administrativos sancionadores a la empresa a través de los que se determinó la imposición de multas por más de 1.940 UIT, informó el Ministerio de Cultura (Mincul) a través de un comunicado.

Dos de dichos procedimientos caducaron en marzo y julio de 2018 al cumplirse los plazos establecidos por la normativa vigente. En ese sentido, para evitar una eventual nulidad a través de un proceso judicial y la prescripción de estas infracciones, el Mincul declaró el 11 de enero de este año la caducidad de dichos procedimientos y dispuso que, de manera inmediata, la DDC Cusco proceda conforme a lo establecido por la Ley N° 27444, a fin de iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador y ejercer la potestad sancionadora dentro de los plazos previstos por ley.

De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. El plazo puede ser ampliado, como máximo y de manera excepcional, por tres meses.

Se resolvió declarar fundados los recursos de apelación de la inmobiliaria porque la DDC Cusco excedió el tiempo establecido para imponer las sanciones. Por lo tanto, se declaró la caducidad de los dos procesos administrativos sancionadores. En este caso, los procesos empezaron el 2 de junio y 10 de octubre del 2017, y las sanciones fueron emitidas el 13 de julio y 31 de julio del 2018.

Esta declaración implica únicamente el control de los plazos de ley y no exime de responsabilidad a la referida empresa, aclaró el Mincul.

Como se recuerda, a través de las resoluciones directorales del 13 y 31 de julio del 2018 la empresa inmobiliaria fue sancionada con 1.131,45 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), sumando en total una multa de más de S/4 millones. 

► La Resolución Directoral N°905-2018-DDC-CUS/MC, de fecha 13 de julio del 2018, establecía la responsabilidad de la inmobiliaria en la demolición de una construcción republicana de dos pisos ubicada en la calle Saphy N° 704, inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, causando daño grave e irreversible a la zona monumental del Centro Histórico de Cusco. Por este motivo, la inmobiliaria fue sancionada con una multa de 131,45 UIT.

► La Resolución Directoral N°998-2018-DDC-CUS/MC, de fecha 31 de julio del 2018, sancionó a la empresa por promover y realizar trabajos de excavaciones arqueológicas en un sitio arqueológico sin contar con una evaluación autorizada, generando la pérdida de material correspondiente a andenes de la época pre hispánica. Además, el daño a un inmueble N°386 del Centro Histórico del Cusco (Muro Prehispánico N°1). Por estas razones, la inmobiliaria fue sancionada con 1.000 UIT.

Estas sanciones fueron impuestas luego de dos procesos administrativos sancionadores. El año pasado, Luis Nieto Degregori, director de la DDC Cusco, dijo a RPP Noticias que "la empresa infractora tuvo la oportunidad de realizar sus descargos, aunque nunca lograron desvirtuar las observaciones planteadas por los especialistas en su momento". Ambas resoluciones fueron apeladas por la empresa.

Los dos dispositivos firmados por el ministro de Cultura son la Resolución Ministerial N°009-2019-MC, que declara nula la Resolución Directoral N°905-2018-DDC-CUS/MC. Y la Resolución Ministerial N°008-2019-MC, que declara nula la Resolución Directoral N°998-2018-DDC-CUS/MC.

► El Mincul sancionó en abril de este año con multas de S/4,2 millones (1000 UIT) y S/3,3 millones (800 UIT) a la Inmobiliaria R&G, encargada de la construcción del hotel por la grave afectación al Patrimonio Cultural de la Nación.

Estas multas se efectuaron tras los procedimientos administrativos sancionadores ejecutados por la DDC del Cusco contra la inmobiliaria, por el incumplimiento de la norma sobre conservación del patrimonio cultural durante la construcción de del citado hotel. La multa de 1000 UIT se aplica por haber destruido cuatro muros incas mientras que la de 800 UIT, por el exceso de volumen de edificación, el mismo que deberá ser demolido.

► El pasado 22 de abril, el Mincul impuso a la inmobiliaria otra multa de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), estimada en S/42 mil. De acuerdo a la Resolución Ministerial 149-2019-MC, la empresa no solicitó el registro de bienes arqueológicos hallados durante la ejecución de un proyecto de evaluación arqueológica en el predio.

La infracción a la norma impidió el registro de las dimensiones totales de tales bienes, entre los que se encuentran muros de andenes de distintas épocas, pisos empedrados republicanos, así como canales líticos. Este hecho evitó que se realizara la clasificación del monumento, para ser incluido en la el inventario de bienes que conforman el patrimonio cultura de la nación.

- Reacciones - 

En enero de este año, el alcalde provincial de Cusco, Víctor Boluarte Medina, dijo a El Comercio que estas resoluciones "deja en el Cusco una sensación de impunidad, que no se sanciona la destrucción del patrimonio". Añadió que es necesaria una investigación para determinar responsabilidades. "Lamentablemente, aquí hubo una negligencia en la tramitación del procedimiento porque se ha dilatado demasiado y eso ha conllevado a la caducidad del procedimiento. Esto amerita una investigación para deslindar responsabilidades", dijo.

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