En Cusco, siete personas fueron intervenidas la noche de ayer cuando realizaban una reunión con bebidas alcohólicas en las oficinas de la subgerencia de Logística del municipio provincial de Canchis. Se trata de Wilver Chaupe Ccahua (35), Efraín Fredy Mamani Pilco (33), Juan Humberto Paucar Cahuana (35), Sandra Felix Tapara (38), Sonia Mesa Mesa (25), Julio César Condorena Mamani (38) y una mujer que se negó a entregar su DNI.
De acuerdo a la PNP, los efectivos policiales de la comisaría de Sicuani llegaron, al promediar las10:50 p.m. del último jueves, hasta el local de la municipalidad provincial de Canchis, ubicado en la Plaza de Armas de Sicuani, en donde presuntamente trabajadores de dicha entidad estaban realizando una reunión social con ingesta de bebidas alcohólicas.
Los agentes ingresaron al local edil por la puerta principal y subieron hasta el segundo nivel, donde constataron bulla que provenía de las oficinas del área de Logística y Servicios Generales. Al tocar la puerta evidenciaron que en la subgerencia de Logística se encontraban las siete personas con visibles síntomas de ebriedad.
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Los efectivos policiales, así como la representante de la segunda Fiscalía Provincial Penal de Canchis, Aracely Manrique, realizaron las diligencias pertinentes. Al interior de la subgerencia mencionada se hallaron vasos descartables, botellas de ron, gaseosa y agua mineral.
Se investiga si los siete intervenidos son trabajadores del municipio provincial. Sin embargo, según la Resolución de Alcaldía N° 072-2020-A-2020, Efraín Fredy Mamani Pilco (intervenido), fue designado el pasado 4 de marzo en el cargo de confianza de jefe de Adquisiciones de la Municipalidad Provincial de Canchis. En tanto, la Resolución de Alcaldía N° 073-2020-A-2020, firmada la misma fecha por el alcalde Jorge Quispe Callo, designa también en el cargo de confianza a Fredy Mamani, como encargado de la Subgerencia de Logística y Servicios Generales de dicha comuna edil.
Los detenidos serán denunciados por infringir las normas sanitarias decretadas por Gobierno ante el avance del COVID-19, por el presunto delito contra la salud pública, violación de medidas sanitarias y propagación de enfermedades contagiosas. Asimismo, la Ley 30057 establece que tomar licor en cualquier entidad pública es una falta grave que puede ser sancionada con un año de suspensión o la destitución de los trabajadores y funcionarios públicos. No importa si el consumo se realizó fuera del horario de trabajo.
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La PNP indicó en el acta policial que los intervenidos pusieron resistencia, faltando el respeto a la autoridad policial en presencia de los representantes del Ministerio Público, por lo que fue necesario, según se indica, el uso de la fuerza en forma proporcional a fin de resguardar la integridad física de los intervenidos y del personal policial.
Más escándalos
No es la primera vez que la Municipalidad Provincial de Canchis es involucrada en actos similares y plena pandemia. El 6 de abril, el propio alcalde Jorge Quispe Callo fue denunciado por violación en la modalidad de tocamientos indebidos. El hecho habría ocurrido durante una reunión en el local edil. También se le imputó desacato a las medidas sanitarias. Aquella fecha la fiscalía y la policía de la localidad realizaron una inspección en la oficina del titular y encontraron botellas de licor y ropa de mujer.
Días después, durante la audiencia, el juez Julio Céspedes, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Canchis, decidió que el burgomaestre afronte el proceso judicial en libertad, al no hallar, según él, elementos de convicción que ameriten su internamiento en prisión.
Separan a funcionario
El gerente municipal de Canchis, Ludwing Díaz Velásquez, confirmó que el subgerente de logística ha sido cesado de sus funciones mientras que los otros trabajadores involucrados también serán despedidos.
“Los siete son trabajadores de la entidad. Tomamos las acciones pertinentes, se cesó en sus funciones al subgerente de Logística y Servicios Generales. Sobre los otros trabajadores, se aplicará el proceso administrativo disciplinario para su cese correspondiente, dando el tiempo adecuado, para que hagan la entrega de cargo y con los que trabajan por locación de servicios, con ellos, daremos fin a sus contrato” aseveró,
Finalmente, agregó que se informó del caso a la Procuraduría Municipal para que tome las acciones pertinentes. “Se diligenció bajo documento a procuraduría para que pueda tomar las acciones legales correspondientes, porque serían varios delitos los que se han cometido dentro de la municipalidad”, refirió Díaz Velásquez.
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