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Polémica en la ruta a Machu Picchu: juzgado ordenó que otro consorcio pueda operar

Actualmente, el trayecto es cubierto por Consettur. El frente de defensa local protestará hoy

Machu Picchu

(Foto: Alessandro Currarino)

Diariamente, más de 4 mil turistas utilizan los servicios de los buses de Consettur para llegar a Machu Picchu. Otra empresa local insiste judicialmente en operaren dicha vía. (Foto: Alessandro Currarino)

(Foto: Alessandro Currarino)

Todos los días, en la carretera Hiram Bingham, que une el distrito de Machu Picchu Pueblo con el parque arqueológico del mismo nombre, se forman largas y ondulantes filas de turistas que esperan abordar los 24 buses del Consorcio Consettur, los cuales realizan constantes viajes de ida y vuelta a la ciudadela inca. Esta empresa es la única que brinda este servicio.

En la tarifa más baja, un residente del distrito debe pagar S/8 por un viaje de ida y regreso. En la tarifa más elevada, un turista extranjero adulto debe abonar US$24 (casi S/80) por el mismo recorrido. Según la Dirección Regional de Cultura de Cusco, diariamente ingresan a Machu Picchu alrededor de 4.500 turistas, el 92% de los cuales llega al lugar en buses de Consettur; el 8% restante lo hace a pie. El recorrido es de aproximadamente 9 kilómetros.

La aglomeración de turistas en las filas de espera es una constante; ni el municipio local ni la policía se dan abasto para ordenar este flujo. Pero, además, en este momento hay una larga disputa legal en torno a la concesión de esta ruta.

—Fallo judicial—
El 11 de agosto, la jueza Bony Eve Gamarra, del Primer Juzgado Mixto de Santiago (Cusco), admitió una medida cautelar presentada por el Consorcio Machupicchu Pueblo, una empresa de transportes que busca operar en la misma ruta manejada por Consettur.

Este recurso fue aceptado porque, a decir de la jueza, la concesión a Consettur estaría vulnerando los derechos a la libre competencia y al trabajo. Por ello, establece que de los 24 buses que permite la capacidad de carga de la vía, 12 puedan ser operados por el Consorcio Machupicchu Pueblo. Además, indica que las autoridades distritales deben autorizar “el uso de la vía municipal, de paraderos y estaciones en la ruta antes mencionada”.

La Municipalidad Distrital de Machu Picchu es accionista de Consettur, a través de la empresa municipal Tramusa. Este municipio ha manifestado su rechazo ante la decisión judicial.

El abogado de Consettur, Antonio Olivera, dijo a El Comercio que la empresa ha presentado una acción de oposición a la medida cautelar. Agregó también que quejarán a la jueza ante la Odecma de Cusco por la medida, que ellos consideran “arbitraria”.

Este no ha sido el primer fallo en contra de Consettur. En abril de este año, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi publicó un informe donde evalúa qué factores limitan la competencia en la prestación del servicio de transporte turístico en la carretera Hiram Bingham.

La CLC estableció que la concesión a Consettur fue otorgada el 4 de setiembre de 1995 por el plazo de dos años, y que toda modificación, convalidación o adecuación ya estaría fuera de plazo. Es decir, habrían vencido, por lo que, a la fecha, la empresa no contaría con una habilitación legal válida que la faculte a operar en la ruta.

Además, Indecopi indica que, también en 1995, fue presentado un contrato de concesión por 30 años. Sin embargo, este ha sido declarado como falso tanto en la Corte Superior de Justicia de Lima como en la Corte Suprema de Justicia de la República. Indecopi sostiene que correspondería que la Municipalidad Provincial de Urubamba convoque a una nueva licitación del servicio.

Consultado al respecto, Antonio Olivera responde: “El mismo informe de Indecopi dice que no existe una resolución judicial que declare tal falsedad [del contrato]. El estudio presentado es solo una recomendación, no obliga a las entidades, no tiene eficacia legal”.

—Medida no aplicada—
En agosto del 2016, antes del fallo de la jueza y de la resolución del Indecopi, la Municipalidad Provincial de Urubamba aprobó la ordenanza 016-2016, que dispone “desconocer el contrato de concesión” del servicio de transporte turístico en la ruta Hiram Bingham; esta norma fue promulgada tras un paro de protesta convocado por el frente de defensa local. No obstante, según han afirmado los dirigentes de este frente, la ordenanza nunca fue publicada.

Óscar Luque, procurador de la Municipalidad de Urubamba, reconoció que la norma aún no está en vigencia porque, según dijo, los procesos judiciales pendientes de Consettur impiden intervenir en la ruta que el consorcio opera.

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