De víctima de violación a acusada: la historia de Camila, la menor de 13 años cuyo caso obligó a que la ONU condene la legislación peruana

Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto terapéutico y procesarla penalmente por auto aborto, así lo dice las Naciones Unidas (ONU) luego de la decisión del Comité de los Derechos del Niño (CDN) del organismo ante el caso de Camila, una niña que fue violada por años en Huanipaca, provincia de Abancay, Apurímac.

Camila tenía solo 9 años cuando fue violada por primera vez. El violador: su padre. Durante años la agresión sexual no se detuvo. Fue recién en 2017 que el agresor paró, Camila había quedado embarazada. Tenía solo 13 años en ese entonces.

La menor fue llevada hasta el hospital de Abancay por un familiar. Ahí, Camila expresó que no quería tener un hijo de su padre. Sin embargo, la petición no fue escuchada y tampoco se le informó su derecho a solicitar el aborto terapéutico, pese a la situación en la que ella se encontraba física y mentalmente.

La menor dio a conocer su voluntad repetidas veces. No solo eso, la madre de Camila, en conjunto con una organización de derechos humanos, presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo al hospital y a las autoridades judiciales que fue ignorada. “Los médicos deben informar en 72 horas la respuesta”, dijo Jenny Yamamoto, coordinadora del área legal de Litigio de Promsex, organización que luego tomaría el caso de Camila para llevarlo a instancias internacionales.

En el Perú, el aborto está penalizado salvo para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre. “No solo se vulneró el derecho a Camila de acceder a un servicio que debió proveer el Estado, que es el aborto, si no se puso en peligro su vida. El cuerpo de una menor no está preparado para esto, además del estrés de ser víctima de violencia”, agregó Yamamoto.

A esto se sumó que el personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares sin tomar en cuenta el estado de la niña. Cuando Camila no acudía a dichos controles, el personal médico se apersonaba hacia su hogar, en ocasiones acompañados de la Policía para presionarla a que continuara con el embarazo. Esto provocó una estigmatización de parte de toda su comunidad y acoso a la familia, lo que generó que abandone la escuela y más tarde su pueblo. Esto no es extraño, según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) 8 de cada 10 niñas que salen embarazadas abandonan sus estudios.

"No solo se vulneró el derecho a Camila de acceder a un servicio que debió proveer el Estado, que es el aborto, si no se puso en peligro su vida"

Cuando Camila quedó embarazada, además de la situación que vivía en el hospital, se comenzó un proceso judicial por violación en contra de su padre. Mientras este seguía su curso y Camila tenía 13 semanas de embarazo, la menor tuvo un aborto espontáneo. Pese a esto, “la obstetra del centro de salud va con un Policía y exige que continúe con los controles pre natales”, contó Yamamoto.

Tras el aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por auto aborto, sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de no querer seguir con el embarazo. “Es la propia fiscal, la que está investigando el caso de violación donde Camila es victima, la que promueve la persecución del supuesto delito de auto aborto”, indicó Yamamoto. “Luego de todo lo vivido, pasa a ser criminalizada por los operadores de justicia”, agregó.

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La fiscal ordenó el examen de la “escena del crimen” con la presencia obligatoria de Camila y su padre. Asimismo, desvió la investigación de la violación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias del presunto delito, comentó la ONU. “Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto”, declaró Ann Skelton, presidenta del CDN. “Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”, dijo.

Dada la falta de apoyo que recibió por las autoridades peruanas, el caso de Camila fue elevado a instancias internacionales, al CDN, alegando que se había violado sus derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la que Perú es parte. El proceso fue iniciado desde Promsex con el soporte de otras ONG como Planned Parenthood Globaly, el Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento Niñas no Madres. Este fue presentado a la comunidad internacional el 8 de octubre del 2020.

“Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”

Casi tres años después, el CDN de la ONU determinó que el estado peruano había violado los derechos a la salud a la vida de una niña indígena y rural víctima de violación al no haberle proporcionado información ni acceso al aborto legal y seguro. El comité indicó que el Perú expuso a Camila a un riesgo real, personal y previsible para su vida y salud. Asimismo, se observó que la menor fue revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales.

El comité ha pedido al Perú que se despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantice el acceso de niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto y que modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.

La especialista de Promsex indicó a El Comercio que actualmente el padre de Camila se encuentra preso con cadena perpetua. Fue condenado en mayo del 2019. Además, la fiscal a cargo fue amonestada luego de que se planteara una queja sobre ella.

Lamentablemente, en el Perú, el caso de Camila no es aislado, explicó Hugo González, representante del Unfpa en Perú. Según cifras de la misma institución, cada día ocurren 4 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, todos los casos producto de violaciones. “Una relación con una menor de 14 años está tipificado como un delito”, indicó González a este Diario.

Agregó que en el 2020 el Perú registró 1.158 niñas de 10 a 14 años que fueron madres, en el 2021 subió a 1.437 y en 2022 a 1.626 niñas que fueron madres. El especialista sostuvo que durante la pandemia esta situación empeoró, aún más, porque muchas niñas se quedaron encerradas en casa con sus propios agresores. Además, explicó que esta data es sobre niñas que llegaron a dar a luz un bebé vivo, por lo que el caso de Camila no sería parte de estas estadísticas; es decir, hay más niñas entre 10 y 14 años que salen embarazadas.

González comentó que el caso de Camila es una tragedia por muchos factores. Camila logró llegar a instancias internacionales para apelar por sus derechos, luego de que fueron vulnerados en su mismo hogar y luego cuando buscó ayuda con las autoridades, dijo.

Según cifras del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a abril del 2023 se registraron 3.911 casos de violación sexual. De estos, el 65,2% (2.549) fueron a niñas o adolescentes menores de 17 años. En todo el 2022 los Centros de Emergencia Mujer atendieron 8.100 casos de violación sexual a menores 17 de años.

En un análisis realizado por EC Data se revela que, en una década, 12.165 menores de 15 años han dado a luz. De ellas, 2.500 se encontraban en primaria. Además, 176 ya estaban casadas o eran convivientes. Las regiones con más casos por cada 100 mil habitantes son Ucayali, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Huánuco.

Hugo González explicó que el Estado debe procurar proteger a las niñas, que tengan un proyecto de vida, un lugar seguro, salud y seguridad. Para esto es importante que las escuelas se mantengan como lugares seguros, sostuvo.

Además, indicó que en ciertas ocasiones, cuando una violación termina en embarazo, los hombres se casan con la menor para evitar ser llevados a la justicia. “En el ordenamiento jurídico de Perú, una menor de 14 puede casarse. Entonces el violador pasa de ser violador a esposo. Se debe eliminar la figura del matrimonio infantil”, expresó.

Por último, aseguró que se deben deconstruir las normas sociales y discriminatorias de género que son la base de todo el caso de Camila y demás agresiones sexuales a niñas, adolescentes y mujeres.