El derecho a la razón

A los 24 años, José Antonio Segovia fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, un trastorno mental que se caracteriza por alteraciones del pensamiento y delirios, los que pueden ser controlados con medicamentos. Hoy tiene 58 años y por más de siete, luchó por el reconocimiento de los derechos que le fueron arrebatados en el 2012. Aquel año, fue declarado interdicto a pedido de sus hermanos. Tres tribunales dijeron lo que a él aún le duele escuchar: que era un incapaz absoluto.

Solo por tener esquizofrenia -a pesar de estar bajo tratamiento-, las salas concluyeron que no tenía capacidad de discernir o razonar, no pudiendo explicar cómo así tenía un título profesional. Al ser interdicto, no podía contratar, cobrar un cheque, una pensión o votar en elecciones. Pero en abril del 2018, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima anuló en última instancia la interdicción en su contra. Fue el primer fallo firme en el país en reconocer la capacidad jurídica de una persona con discapacidad (PCD).

Barreras
Para entender la historia de José Antonio, hay que remontarnos al 2008. Luego de titularse como ingeniero en la universidad San Antonio Abad del Cusco, su madre falleció. Dos años después, murió su padre. La relación que tenía con ellos era buena. La que tenía con sus hermanos, no, y con la muerte de sus padres, esta se agravó. Según el fallo que anula las interdicciones, “por razones patrimoniales”. Su padre dejó una herencia sin testamento.

La sentencia que restituye sus derechos marca un antes y un después en el trato del Estado hacia las PCD. Desde hace más de una década, la Convención de las Naciones Unidas, que entró en vigencia en 2008, lo obliga a garantizar sus derechos y libertades partiendo de una premisa: la discapacidad no es un problema individual, sino el resultado de la interacción que tiene esta persona con barreras sociales que le impiden desarrollarse en condiciones de igualdad. 

Si una persona en silla de ruedas no puede movilizarse, el problema no está en sus piernas, sino en la ausencia de rampas que le impidan lograrlo. Esta mirada social pretende superar el enfoque médico que entendía que había que reemplazar la voluntad de una PCD, antes que apoyar a que esta la manifieste. El fallo a favor de Jose Antonio reconoce su autonomía y deja atrás los prejuicios institucionalizados en quienes integran el sistema de justicia.

“Qué diferente es la vida cuando uno tiene el amor de padres, ¿no?”, recuerda José Antonio sobre los años previos a la muerte de su madre. Es una pregunta que no busca respuesta: es obvia. En 2008, el año en que ella fallece, fue internado en un centro de salud mental contra su voluntad. Sus hermanos lo denunciaron por presuntamente haber dañado la propiedad de su hermana (“reventó la pared”, según su hermano Roberto). 

En dos meses fue dado de alta. “El psiquiatra ha dicho que no es necesario su hospitalización, pero los hermanos me dijeron que yo me hacía responsable si el señor agredía a alguien allá afuera”, advirtió Mayda Mormontoy, ex directora del centro de salud mental en una entrevista en televisión (Canal 21 de Cusco).

Después de ser dado de alta, las cosas no mejoraron. Las demandas de interdicción en su contra continuaron y eso lo obligó a acudir a abogados de oficio, que firmaban los escritos que él, cuenta, aprendió a redactar. Los alegatos no rindieron fruto, sin embargo. Entre 2012 y 2013, tres tribunales en Cusco confirmaron que José Antonio no tenía discernimiento, razonamiento y autonomía. “No puede expresar su voluntad de manera indubitable”, decía el fallo. Su hermana Carmen fue designada curadora “para que lo proteja, provea o contribuya a su restablecimiento”, obviando, sin embargo, no sólo la áspera relación entre ambos, sino el hecho de que ella vivía en Lima y él en Cusco.

“Prácticamente soy curadora de nombre; mis hermanos se ocupan de eso”, declaró Carmen a este Diario. Dice que José Antonio no la quiere ver, aunque reconoce haber intentado ayudarlo. “La relación conflictiva no la hemos hecho nosotros”, comenta. Sus hermanos Roberto y Fernando atribuyen los dichos y denuncias en su contra por maltrato físico y psicológico -que no prosperaron en la fiscalía- “a su enfermedad”.

Fernando sostiene que José Antonio es una persona agresiva. Consultado por qué es así señaló: “Según los entendidos, esas personas pierden valores morales; los síntomas de piedad y amor a los padres se les va del cerebro.” Comenta que sus padres hasta le trajeron un curandero boliviano para curarlo. 

Lita Cuentas, ex esposa de Roberto, cuenta que mientras vivía cerca a esa familia, no presenció agresiones físicas de parte de los hermanos de José Antonio, pero “sí agresiones verbales; sí lo trataban de menos”.

“El reportaje que van a sacar debería ser del flagelo de un enfermo a su familia. Deben ver cómo se sufre y cómo es un vía crucis tener un enfermo de esa naturaleza”, dijo Roberto a este diario. Para el psiquiatra Pedro Morales, el apoyo de la familia de un paciente con esquizofrenia es fundamental; incide mucho en su mejora. “Yo he visto familias que se acercan mucho al paciente, lo ayudan y la evolución es muy diferente, en comparación con los casos en el que lo marginan o hasta llevan a un manicomio”, cuenta.

Desafíos
“Sabes que el hombre consta de una multitud de almas, de muchísimos yo’s. Descomponer en estas numerosas figuras la aparente unidad de la persona se tiene por locura, la ciencia ha inventado para ello el nombre de esquizofrenia.” La frase es sacada del libro de Herman Hesse, el Lobo Estepario y recoge un estigma  que permanece en los pacientes con esquizofrenia.

José Antonio llegó a las puertas de la Defensoría del Pueblo en 2003. “Cuando lo atendían, los comisionados perdían los papeles; venían y me contaban que era un ‘loquito’ que aparecía de vez en cuando, hasta que decidí atenderlo yo con estrategias que me permitieron llegar al fondo del asunto: era un problema de abuso de sus hermanos, de querer quedarse con la propiedad, bienes, herencia y la pensión de su padre”, cuenta el ex Defensor del Pueblo en la región Sur andina, el Dr. Silvio Campana.

Una vez, cuenta, llegó José Antonio al local, diciendo que tenía un arma de fuego y que necesitaba atención. “Llamé a resguardo policial y lo hice pasar para revisarlo. No tenía ninguna arma y le dije que no podía hacer eso, pero estaba en un estado de desesperación. Podía ver que no había tomado su medicina; estaba con la barba crecida, desorientado, mal vestido”, comenta. Hoy gracias a las gestiones de la Defensoría del Pueblo, tiene acceso gratuito a sus medicamentos.

José Antonio dejó de aparecer por la Defensoría por mucho tiempo y regresó en 2008, cuenta el Dr. Campana. La institución no podía patrocinarlo, por eso, buscaban a abogados que pudieron apoyarlo, pero no había buenos profesionales que quisiera hacerlo gratis. “Decidí tomar el caso para mi clase. Los alumnos de la facultad de derecho de la Universidad Andina, donde enseño, le brindamos asistencia legal. No sólo discuten el caso, sino que conocen a José Antonio”, cuenta el ex funcionario.

En 2013, el caso fue derivado a un estudio de abogados en Lima, a manos del constitucionalista Samuel Abad. Era un caso pro bono (gratuito). El estudio logró anular la interdicción, lo que permitió a José Antonio recuperar sus derechos, pero aún queda pendiente su casa. “Su hermano Roberto lo sacó del manicomio para vender su propiedad y ahora están en un litigio para anular esa venta”, comenta Rosa Santa Cruz, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Sus hermanos dicen que él firmó la venta. “En ese momento, él estaba vulnerable, no podía decidir con lucidez; estaba en situación de crisis”, señala el Dr. Campana.

Mientras ese pedido se resuelve, José Antonio vive en uno de los cuartos de esa vivienda y en el resto, habitan dos personas más. “Uno es un tinterillo que quiso ayudarme y ahora no tengo cómo despojarlo”, advierte. La habitación es precaria. En la puerta cuelga un documento que dice “garantías de protección policial”, escrito en una hoja bond que pretende resistir toda agresión física. Las paredes están cubiertas de posters, calendarios, recortes de periódicos, y apenas hay espacio para caminar al lado de la cama.

La interdicción le impidió ejercer su profesión de ingeniero e incluso dictar clases como docente (como solía hacerlo). Desde entonces, ha sobrevivido de la venta de prendas de segunda mano en mercados de pulga y a veces, de pedir limosnas en restaurantes. Aun almuerza en comedores populares, pero asegura que no es seguro y que no le hace bien a la diabetes que padece. “Hay gente tuberculosa; ahí conocí a terroristas rehabilitados”, dice con la mirada cabizbaja. Lo ayuda también una cofradía religiosa. Pero a quien más le debe las gracias es al Dr. Rommel Béjar, el primer juez invidente en el país que lo asesora en temas de discapacidad.

Jose Antonio ha visto ‘Una Mente Brillante’; la película que cuenta la vida de John Nash, un matemático y economista estadounidense, también diagnosticado con esquizofrenia paranoide, ganador del premio Nobel de Economía. “Era muy inteligente, pero yo creo que a él lo enfermó la policía cuando se lo llevaron al manicomio a someterlo a electroshock; lo volvió demente”, relata. 

La película permite conocer cómo es vivir con esta discapacidad y cómo una sociedad responde a ello. “No soy un monstruo: tengo esquizofrenia”, es el nombre de un TedTalk con más de 2 millones de visitas en Youtube. Cuenta el testimonio de Cecilia McGough, una astrónoma de PennState que comparte su experiencia como activista en búsqueda de combatir los estereotipos de “loca o loco” o "peligrosa o peligroso" que pesa sobre personas como ella.

Cambios
El caso de José Antonio es uno de tantos en donde los derechos de las PCD se desconocen como resultado del estigma que se tiene sobre ellos. De una falsa idea de que las personas que viven con esquizofrenia son, como afirma un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de 2009, locas, peligrosas, impredecibles, violentas e incapaces de trabajar y de decidir por sí solo. 

En mayo del 2018, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez dijo que las sentencias de interdicción “son un estado de cosas inconstitucional”. El año pasado una ley del Congreso eliminó las interdicciones y modificó varios artículos del Código Civil para reconocerles plena capacidad jurídica a las PCD. Ya no recoge que son “retardados mentales” , que son necesariamente “incapaces relativos”, y reemplaza las “interdicciones” por un sistema de “apoyo y salvaguardas”.

“El apoyo garantiza que la persona tenga información suficiente para que tome decisiones por sí misma, y las salvaguardias son medidas para que las personas que sirven de apoyo no abusen de su cargo”, señala María Isabel León, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. 

Desde 2008, el Estado peruano está obligado por la Convención de las PCD de las Naciones Unidas y por una ley del 2015 a apoyar a estas personas a manifestar su voluntad, no a reemplazarla y a eliminar las barreras sociales que le impiden desenvolverse como lo haría cualquier otro. El fallo a su favor y estos últimos cambios son una muestra de cómo el Estado puede y debe integrar a este colectivo a la sociedad. “Es solo el reconocimiento de mis derechos; es lo que me toca”, cuenta José Antonio. 

De la esquizofrenia
Según la OMS, 24 millones de personas alrededor del mundo padecen de esquizofrenia, una enfermedad mental crónica e incurable que altera el pensamiento. En Lima, se estima que serían 32 mil, según cifras del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”. 

La esquizofrenia es crónica e incurable. Empeora con el tiempo: no todos los pacientes la viven de igual modo. Los delirios, alteraciones mentales, alucinaciones y desórdenes de ideas pueden controlarse con medicamento, pero no todo depende de esto. 

El psiquiatra Carlos Vítor, del Centro de Salud Mental, Juan Pablo II del Cusco, dice que el factor ambiental es súmamente importante en desencadenarlo. En una persona sin esquizofrenia, por ejemplo, el estrés de ciertos episodios en la vida altera nuestros neurotransmisores, pero estos luego, se regularizan. Eso no pasa si la persona tiene esquizofrenia. “Las situaciones altamente estresantes que modifican el sistema neurológico no se restituyen”, comenta.

Vítor dice ser uno de los pocos psiquiatras en Cusco con una mirada rehabilitadora de la enfermedad. Sabe que es incurable, pero tratable. No sólo con fármacos y psicoterapias, sino particularmente, con apoyo social. Principalmente, de la familia. Con esto, puede desenvolverse como cualquier otra persona. “Las personas iletradas también necesitan un apoyo, pero que lo necesite, no lo hace incapaz. Es cierto que la parte cognitiva del esquizofrénico no mejora, pero hasta que se demuestre que se ha deteriorado a un nivel de demencia, debe ejercer sus derechos”, señala. 

Michel Foucault decía que la locura no se encuentra sino en sociedad: "ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan". Es la sociedad quien crea el rótulo de 'loco' para marginar; y es esta también, desde el nuevo enfoque social de la discapacidad, quien tiene el deber de desterrarlo para permitir integrar a quienes esperan ser tratados como un igual.