Dos realidades, un país: La Fiscalía reporta casi 6.000 denuncias más por extorsión que la Policía en el primer semestre

No se trata de un hecho aislado. Dos días antes, la mañana del domingo 12 de julio, un bus que trasladaba a los integrantes de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia también fue atacado por presuntos extorsionadores mientras circulaba por la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. Los disparos impactaron la parte frontal del vehículo, en una modalidad similar a la utilizada contra la empresa El Dorado. Según denunciaron los músicos, los delincuentes les exigían el pago de hasta S/100.000 para no atentar contra sus vidas.

Veinticuatro horas antes de ese ataque, otro bus interprovincial, esta vez de la empresa CIVA, fue baleado cerca del paradero Villa Sol, también en Los Olivos. La unidad, que cubría la ruta hacia Chiclayo, fue atacada por delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.

Estos son solo algunos de los episodios recientes que evidencian la escalada de violencia en Lima Norte, donde el transporte interprovincial se ha convertido en uno de los principales blancos de las organizaciones dedicadas a la extorsión.

En medio de este escenario, hace una semana la Policía Nacional del Perú (PNP) presentó su primer balance semestral sobre incidencia delictiva, acompañado de una campaña de comunicación en la que destacó una reducción de más del 50 % en las denuncias por extorsión. Según la institución, los casos pasaron de 13.901 durante el primer semestre de 2025 a 6.659 en el mismo periodo de este año.

Sin embargo, las cifras del Ministerio Público muestran un panorama muy distinto. De acuerdo con el balance correspondiente al periodo enero-junio de 2026, en el país se registraron 12.634 denuncias por extorsión, lo que equivale a un promedio de 70 denuncias diarias. Con una población estimada de 34,1 millones de habitantes, la incidencia alcanza las 37 denuncias por cada 100.000 habitantes durante el primer semestre.

Lima concentra la mayor cantidad de casos, con 6.164 denuncias, una cifra que, por sí sola, se aproxima al total nacional reportado por la PNP. Le siguen La Libertad (1.441 casos), Piura (719), Callao (501) y Áncash (461).

A nivel distrital, las jurisdicciones con más denuncias fueron Trujillo (613), San Juan de Lurigancho (590), Cercado de Lima (582), Ate (432) y Callao (359).

La comparación entre ambas fuentes revela una diferencia de 5.975 denuncias. Mientras la PNP informó 6.659 casos en el primer semestre, el Ministerio Público registró 12.634, casi el doble.

No es la primera vez que las estadísticas oficiales presentan inconsistencias. En una edición anterior, este Diario advirtió que la PNP reportó una reducción del 52,1 % en las denuncias por extorsión respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior —que utiliza información del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol)— consignó 11.736 denuncias para el primer semestre de 2025 y 7.694 para el mismo periodo de 2026, cifras que también difieren de las difundidas por la Policía, pese a provenir del mismo sistema de registro.

Los ataques ya no se concentran únicamente en empresas de transporte urbano. Durante los últimos meses, las organizaciones criminales también han dirigido sus amenazas contra compañías de transporte interprovincial, agrupaciones musicales, pequeños comerciantes, emprendedores y empresas constructoras, ampliando el alcance de un delito que continúa extendiéndose pese a los balances oficiales que reportan una reducción de las denuncias.

Días antes de que la PNP presentara su balance semestral, Freddy Espinoza Atena, de 56 años, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Sergio Bernales, en Comas, luego de haber sido baleado, el 2 de julio, por presuntos extorsionadores mientras conducía una unidad de la empresa Translima en Carabayllo. Tras el crimen, la empresa suspendió sus operaciones e informó que los delincuentes les exigían S/30.000 para permitirles seguir trabajando.

La violencia tampoco se limita a Lima. Según las cifras del Ministerio Público, La Libertad es el segundo departamento con mayor número de denuncias por extorsión. A finales de junio, un ataque dirigido contra mototaxistas en los exteriores de una universidad dejó dos estudiantes universitarios y a un niño de dos años gravemente heridos.

En el Callao, tres días antes de ese atentado, Erick Recalde, conductor de la empresa de transporte público Acorsa, fue asesinado a balazos en Ventanilla. Tras el crimen, familiares y compañeros de trabajo bloquearon vías y quemaron llantas para exigir mayor seguridad y justicia.

La situación en el primer puerto también alcanzó a menores de edad. La noche del 16 de junio, un niño de 11 años intentó impedir que un grupo de extorsionadores incendiara la cúster de su padre en la intersección de las avenidas Bocanegra y Pacasmayo. Pese a la presencia del menor, los delincuentes ejecutaron el ataque contra la unidad de la empresa HR Express, reflejando el nivel de violencia e impunidad con el que operan estas organizaciones criminales.

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ejecutado entre noviembre de 2025 a abril de 2026, reveló que la denominada “cifra negra” de la criminalidad continúa siendo elevada en el territorio nacional. Según el informe, solo el 18,2 % de las personas que fueron víctimas de algún hecho delictivo presentó una denuncia, lo que significa que el 81,8 % no acudió a las autoridades. En Lima Metropolitana y el Callao la situación es similar: apenas el 19,2 % de las víctimas denunció el delito, mientras que el 80,8 % optó por no hacerlo.

El principal motivo para no denunciar es la percepción de que hacerlo “es una pérdida de tiempo”, razón señalada por el 43,5 % de las víctimas a nivel nacional y por el 48,8 % en Lima y Callao. Además, el INEI reportó una ligera disminución en la proporción de denuncias respecto a abril de 2025, al pasar de 18,7 % a 18,2 % a nivel nacional y de 20,3 % a 19,2 % en Lima y Callao.

La falta de claridad y congruencia entre los reportes de las instituciones encargadas de administrar justicia pone en cuestionamiento la consistencia de las cifras oficiales sobre extorsión y evidencia el complejo escenario que enfrenta la sociedad peruana frente a un delito que continúa expandiéndose en el territorio nacional.

En una edición anterior, el exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general (r) PNP Juan Carlos Sotil, advirtió que las inconsistencias detectadas en las estadísticas sobre extorsión revelan un problema estructural en el manejo de la información criminal del país.

Según explicó, la existencia de registros diferentes entre dependencias policiales y otras instituciones impide construir diagnósticos precisos y, por consecuencia, desarrollar estrategias eficaces contra el crimen.

“Siempre hemos observado que hay información dispersa y discordante entre una unidad y otra. Incluso los datos que maneja la misma Policía, en diferentes dependencias, son distintos”, afirmó Sotil.

Para el exjefe de la Dirincri, esta situación demuestra que el Estado no está abordando con suficiente rigor la gestión estadística, pese a que los datos constituyen una herramienta fundamental para generar inteligencia policial. “Si trabajas con seriedad la ciencia estadística, esa es la base para producir inteligencia, tanto estratégica como táctica”, concluyó.