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Editorial: Consecuencia

El viceministro de Gobernanza Territorial debería demostrar la consistencia de su discurso frente a la toma del lote 192.

Editorial: Consecuencia

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El lote 192 ha sido históricamente una de las mayores fuentes de petróleo del país, llegando a representar hasta el 17% de la producción nacional. Sin embargo, como en varios otros proyectos que involucran a industrias extractivas, en este se ha hecho presente un nuevo conflicto social. 

El sábado pasado, alrededor de 600 nativos de las comunidades de Los Jardines y Nueva Alianza de Capahuari tomaron las instalaciones del lote 192 ubicado en el distrito de Andoas en Loreto, y cerraron la válvula de control de bombeo del lote. El motivo fue el reclamo de estas comunidades por el pago de una compensación que debía realizar la empresa Pacific Stratus –concesionaria del lote– por el uso de tierras que, según las comunidades, se encontraban en la zona de influencia del área de explotación.

La compañía petrolera y las comunidades disputan actualmente a cuánto ascendería la retribución económica que la primera tendría que abonar a las segundas. Mientras estas reclaman un monto de 1 millón de soles, la empresa ha ofrecido 106 mil soles anuales para Los Jardines y 110 mil soles anuales para Nueva Alianza de Capahuari, argumentando que serían las mismas sumas que pagaba su antecesora en la concesión (Pluspetrol). En atención a la controversia, desde agosto del 2016 se ha iniciado un proceso de servidumbre legal ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el mismo que sigue en curso, y dentro del cual se emitió un primer informe de tasación que no habría satisfecho a las comunidades.

“El problema es que el equipo de tasaciones del Minem solo ha tomado en cuenta los cálculos de Pacific, que son una bicoca”, afirmó el apu Wilmer Chávez, presidente de la Organización Regional Indígenas Achuar del Pastaza, quien indicó también que la medida de fuerza “continuará hasta que el Ejecutivo resuelva el proceso […] para obtener una debida compensación económica”. Además, las comunidades han exigido la presencia del primer ministro Fernando Zavala y altos funcionarios del gobierno para instalar una mesa de diálogo. “Mientras tanto, no nos iremos a ningún lado”, advirtió Chávez.

Hasta la fecha, sin embargo y pese a las consultas de este Diario, no se ha obtenido pronunciamiento alguno de parte del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial a cargo de Javier Fernández-Concha, una instancia creada precisamente para lidiar de forma más eficaz con este tipo de circunstancias. De hecho, ante el desorganizado manejo de conflictos sociales que venía exhibiendo el Ejecutivo, el flamante viceministro anunció en una entrevista con este Diario a inicios de este mes que se fortalecería la legitimidad del gobierno y se respetaría el principio de autoridad.

“No se pueden tolerar situaciones de violencia. La violación del orden jurídico tiene que tener consecuencias”, declaró en aquella oportunidad. Y en relación con las demandas de algunos grupos de contar con la presencia de altos funcionarios –que se había hecho costumbre en recientes protestas– como condición para restablecer el diálogo y deponer actitudes violentas, indicó: “No queremos que esto tenga una nueva consecuencia y pidan la presencia de un ministro, el primer ministro o el presidente”.

Afirmaciones que harían suponer que, frente a una coyuntura como la actual, el Ejecutivo no cedería nuevamente ante las acciones violentas ni a los condicionamientos de quienes optan por rechazar el canal institucional de solución de conflictos. Aunque, valgan verdades, no es la primera vez que expresiones de este tipo se han dado desde el gobierno. Como se recuerda, Rolando Luque, ex jefe de la Oficina de Diálogo de la PCM, señaló al recién asumir funciones que “la decisión es que no participen ministros en los procesos de diálogo”… y claudicó en esa posición al cabo de unos días. 

Sumados a los antecedentes, entonces, la falta de acciones concretas para restablecer el orden institucional y el elocuente silencio del viceministro de Gobernanza Territorial hacen temer que no haya verdadera consistencia en un discurso que prometía algo muy elemental: la violación de la ley debe traer consecuencias.

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