Este sábado, el Gobierno publicó el protocolo que detalla la actuación de cada uno de los sectores e instituciones del Estado para proteger y atender a las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia y que sepan que no están solas ni solos, informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
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“Nuestro compromiso es firme contra la violencia hacia las mujeres, y exigimos el mismo compromiso de las autoridades de justicia. La policía, el personal médico, los jueces, fiscales, todos estamos en la obligación de dar un trato respetuoso e integral a las víctimas de la violencia. Cerremos filas contra el maltrato”, sostuvo la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro.
Este protocolo aprobado vía decreto supremo 012-2019-MIMP, precisa los procedimientos de cada entidad estatal involucrada en la atención y protección de mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia.
Precisa, por ejemplo, que los efectivos de la policía deben verificar el domicilio de las víctimas e informar de las medidas de protección otorgadas; así como coordinar con los juzgados de paz y las autoridades comunales en las zonas más alejadas con débil presencia del sistema de justicia ordinario.
Según un comunicado del MIMP, el objetivo principal es proteger a las mujeres e integrantes del grupo familiar que cuenten con estas medidas, y prevenir que sean vulneradas por sus agresores.
Asimismo, el protocolo establece que los centros de salud que reciban a una mujer o integrante del grupo familiar que ha sido víctima de violencia, deben denunciarlo y brindar orientación e información a la persona sobre las medidas de protección que puede recibir para garantizar su integridad.
De otro lado, el protocolo destaca el trato diferenciado y especializado hacia las víctimas, que deberá priorizar la empatía y la celeridad.
Dice que si por ejemplo, la víctima es una niña, un niño o adolescente, debe tomarse en cuenta su opinión; además de asistirlo/a en otras necesidades que puedan ser urgentes. En caso el presunto agresor sea un familiar, este no deberá permanecer junto a su víctima.
En los casos donde las víctimas sean personas adultas mayores o presenten alguna discapacidad, se enfatiza el trato directo prioritario con la víctima y no únicamente con sus acompañantes.
Además, cualquier víctima que se encuentre en desprotección deberá recibir apoyo para contactarse con sus parientes o familiares, si fueran migrantes se establecerá diálogo con las embajadas o consulados, según corresponda.
Las personas LGTB deberán recibir un trato adecuado y sin discriminación, respetándose la identidad y nombre con el que la persona se identifica.
Si las víctimas forman parte de pueblos indígenas, el protocolo estipula que los centros o servicios de ayuda deberán proporcionarse en la lengua originaria, y ajustar sus horarios de atención a los usos y costumbres de estas poblaciones.