Luego de 52 años de existencia, abusos e irregularidades, el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), anunció su disolución definitiva a través de un comunicado publicado el pasado viernes 31 de enero. Esto se produjo a raíz de una disposición del papa Francisco contra la organización católica acusada de cometer abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes. Cabe resaltar que entre agosto y noviembre del año pasado, el Vaticano expulsó a 15 altos miembros de la organización religiosa, incluido el fundador Luis Fernando Figari.
Si bien hasta la fecha no existe un decreto oficial sobre la medida; sin embargo, la supresión del Sodalicio es un hito histórico. Asimismo, un camino para que las víctimas encuentren justicia. Previo a este hecho, el año pasado el Vaticano envió al Perú al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, con el objetivo de investigar los hechos. En la actualidad, este último es el comisario designado para ejecutar la disolución del Sodalicio.
Bertomeu informó que el Papa Francisco le delegó la supresión Movimiento de Vida Cristiana, la Asociación de María Inmaculada, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y las Siervas del Plan de Dios, los cuales conforman la denominada familia sodálite. Asimismo, resaltó que según el Papa la disolución no tenía la intención de castigar a nadie, sino de purificar la institución.
El destino del Sodalicio de Vida Cristiana es un capítulo aún no escrito. Actualmente, la organización se encuentra bajo el escrutinio desde diversos frentes por autoridades fiscales y eclesiásticas. José Enrique Escardó, primera víctima que denunció al Sodalicio, informó que como hasta el momento no se conoce el contenido oficial de la supresión del Sodalicio porque aún no se ha firmado el decreto, que según el comisario Bertomeu el documento está listo pero debe ser revisado con los representantes de las cuatro organizaciones de la familia sodálite que van a ser disueltas.
José Enrique Escardó Steck es uno de los denunciantes de abusos en el Sodalicio. Dice que nadie le ha pedido disculpas por lo que sufrió.
“Todavía no sabemos los detalles del decreto y a que extremos llega. Eso es un primer paso porque debemos saber qué se incluye en el texto oficial”, declaró a El Comercio.
Un esquema estructurado
Desde la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados en 2015, los movimientos financieros del Sodalicio han estado bajo la lupa de las autoridades. Entre 2016 y 2020, la organización consolidó una serie de movimientos que, según la periodista Paola Ugaz, buscaba proteger sus bienes.
En 2020, temiendo posibles intervenciones por parte de la Fiscalía o el Vaticano, el Sodalicio habría transferido parte de sus activos a un fideicomiso gestionado por la empresa Acres Investment, que en su momento perteneció a Rafael López Aliaga. Dentro de este fideicomiso se incluyeron los nueve cementerios de Parque del Recuerdo, así como marcas comerciales y propiedades, según una investigación de El Foco.
Esta maniobra generó controversia, pues si bien una investigación fiscal debería impedir cualquier movimiento registral, la transferencia se ejecutó sin restricciones. Posteriormente, se habrían utilizado las offshore para ocultar el acceso a estos bienes, dificultando cualquier posible reparación a las víctimas o el pago de impuestos.
“Hicieron la movida de las offshores para que ninguna autoridad peruana llegue a este dinero, buscando esconder los bienes del Sodalicio para no reparar a las víctimas y responder por evadir impuestos”, declaró Ugaz a El Comercio.
En esa línea, Escardó informó que las asociaciones y otras empresas del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) se han formado de manera estratégica con otras personas afines a la organización o inversionistas, entonces el Vaticano no puede intervenir. “Legalmente, si las cosas son así, no se puede hacer nada. No sé cuál será la estrategia, pero creo que simplemente tendrán que agarrar lo que hay a nombre del Sodalicio y con eso de alguna manera reparar”, dijo.
Escardó resaltó que de no haber patrimonio para reparar a las víctimas, el segundo responsable sería la iglesia católica a través del Arzobispado de Lima o de la Conferencia Episcopal.
El Auge Económico del Sodalicio
El crecimiento financiero del Sodalicio no fue casualidad. Según las investigaciones de Ugaz, fue diseñado por Jaime Baertl, un sacerdote que aprovechó estratégicamente el concordato entre el Perú y el Vaticano. Dicho acuerdo otorga exenciones tributarias a organizaciones religiosas, lo que permitió al Sodalicio operar colegios, cementerios y agroexportadoras sin pagar impuestos ni enfrentar las mismas regulaciones que otras empresas del sector.
Uno de los pilares de este esquema fue la creación de la Misión Parque del Recuerdo en Lurín, que, con un acuerdo firmado con el obispo de la jurisdicción, se convirtió en una isla tributaria. Gracias a esta ventaja, el Sodalicio pudo competir de manera desigual con otras empresas del sector funerario, obteniendo márgenes de ganancia entre 30% y 40% superiores a los de la competencia, informó Ugaz.
En total, la organización consolidó una red de nueve cementerios a nivel nacional, una cifra sin precedentes en ninguna otra institución católica en el mundo. Además, este modelo se replicó en otros países como Chile y Colombia, ampliando aún más su influencia y capital.
La transición y el rol de Jordi Bertomeu
Ante la disolución del Sodalicio, la transición estará a cargo de Jordi Bertomeu, quien deberá coordinar con los exmiembros de la organización y con los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana. Parte de su labor será esclarecer el destino de los cementerios construidos en diversas diócesis del país, como el de Lurín, donde se creó una misión, operativo desde el año 2000 hasta el año 2020. Según la periodista Paola Ugaz, en este período se realizaron pagos no documentados al Arzobispado de Lurín, lo que añade más interrogantes sobre el manejo financiero de la organización.
José Enrique Escardó resaltó que en sus recientes reuniones con autoridades del Vaticano, entre ellas el Papa Francisco, expresó su pleno conocimiento de la participación de al menos nueve obispos peruanos en la creación de cementerios a través de misiones. “Si en Chile pidieron la renuncia de todos los obispos por el caso Karadima, el del Sodalicio es mucho más complejo y aquí no se ha tomado esa medida. Se lo comenté al Papa, el por qué no ha habido una sanción para la Conferencia Episcopal”, agregó Escardó.
El futuro del Sodalicio es incierto, pero lo que sí es claro es que las investigaciones en curso podrían redefinir la relación entre la Iglesia, el Estado y las estructuras económicas que han operado bajo privilegios tributarios por décadas.
El Comercio logró comunicarse con Percy García, abogado de la Asociación Civil San Juan Bautista, dueña del Parque del Recuerdo, para sabes sus descargos en este informe. El vocero precisó que existe una independencia jurídica y administrativa entre lo que es el Sodalicio de Vida Cristiana y la citada Asociación. Mencionó que mientras la primera es una sociedad de vida apostólica perteneciente a la Iglesia Católica, por lo que esta la puede disolver, la segunda es una asociación civil sin fines de lucro regulada en el Código Civil y sometido a las leyes civiles.
Asimismo, sí señaló que algunos miembros del Sodalicio han sido asociados o tenido algún cargo de apoderado en la Asociación Civil San Juan Bautista, pero que esto no tiene nada de malo, ya que también hay asociados y directivos que no tienen la calidad de miembro del Sodalicio. “Creo que el punto de partida es una confusión de dos personas jurídicas distintas, el Sodalicio de Vía Cristiana por un lado y la Asociación Civil San Juan Bautista por el otro”, señaló.
García detalló que la Asociación se creó en la década de los 90 con el objetivo de generar excedentes económicos a través de actividades, como aquellas mortuorias o funerarias. Además, comentó que como toda asociación civil no existe fin lucrativo, es decir, no genera enriquecimiento para ninguna persona, sino que las ganancias se reinvierten o en todo caso se donan a entidades que sean compatibles con sus propios fines.
“Lo que hacía la Asociación Civil de San Juan Bautista era hacer donaciones a diversas instituciones religiosas, sociales, parroquias, arzobispados, obispos, en fin, y obviamente en esa línea ha tenido una relación con el Sodalicio porque le ha dado donaciones con sus excedentes para el sostenimiento de sus actividades pastorales y también sociales”, explicó.
En eses sentido, el abogado afirmó que aquí está el motivo de la confusión. Sostuvo que como el tema de de las actividades funerarias tienen una parte religiosa, en eso necesitaba el apoyo de alguna organización religiosa y el Sodalicio le daba esa cobertura en la parte espiritual, es decir, había una relación de mutua cooperación. Sin embargo, aseveró que el Sodalicio como tal no es asociado, o sea, no forma parte y ni siquiera es propietario del Parque del Recuerdo. En tanto, algunos miembros de forma individual sí han formado parte de la asociación.
En relación al tema de la actividad de los cementerios, García indicó que es algo que la Asociación Civil San Juan Bautista ha venido realizando desde hace mucho tiempo, pues cuenta con muchos cementerios en distintas partes del Perú. Añadió que a principios del 2000, en el caso de cinco cementerios, se vio la posibilidad de convertirlos en cementerios oficialmente católicos, incluirlos dentro de la estructura de la iglesia católica. Y en ese sentido se pidió la opinión a canonistas, a personas especialistas en temas de derecho canónico y eclesiástico sobre la viabilidad de que esos cementerios pasasen bajo alguna forma jurídica a la Iglesia Católica.
“Dos personas especialistas a través del Instituto de Derecho Eclesiástico muy renombrados, emitieron informes favorables señalando que era viable la posibilidad que la Asociación Civil Católica done los cementerios a una misión que es una persona jurídica de la Iglesia Católica para que de esa manera se pudiese considerar a ese cementerio como oficialmente católico. Y la administración de esas misiones como ya era parte de la Iglesia Católica, se le encomendó al Sodalicio. Pero este nunca ha sido propietario, ni antes ni después”, dijo.
Sobre los supuestos beneficios económicos obtenidos por la Asociación Civil San Juan Bautista por ahorro tributario, el abogado detalló que al tratarse de una asociación civil no paga impuesto a la renta como ninguna otra sociedad civil lo hace. Tampoco IGV, pues sostuvo que la Sunat desde hace varios años ha determinado que los cementerios no venden nichos, sino que lo dan en uso perpetuo. Entonces, al no ser una compra-venta, no cabe aplicarle IGV. Agregó que eso sucede en cualquier cementerio del país.
Por su parte, este Diario sigue a la espera de una respuesta del Sodalicio, organización con la que mantiene contacto, aunque hasta el cierre de la edición no ha recibido ninguna declaración oficial. En ambos casos, sus descargos serán incorporados si son enviados posteriormente.
Comunicación con las entiades.
Las respuestas de la Asociación Civil San Juan Bautista
Mediante una comunicación oficial enviada a El Comercio, la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) respondió a algunas declaraciones citadas en la presente nota.
Respecto al párrafo donde se indica que en 2020 el Sodalicio habría transferido parte de sus activos a un fideicomiso gestionado por la empresa Acres Investment, donde se habrían incluido los nueve cementerios de Parque del Recuerdo, la entidad respondió:
El Sodalicio no decide sobre las actividades y el destino de los bienes de ACSJB, por tratarse de dos personas jurídicas distintas sin que el primero dirija o sea el dueño de la última. Con la finalidad de desarrollar nuevos cementerios en el Perú, la ACSJB contrató los servicios de ACRES Sociedad Titulizadora SA (entidad independiente y supervisada por la SBS) para que ayude a la obtención de financiamiento de terceros por medio de la creación de un fideicomiso con alto estándares de compliance. Creado el Fideicomiso San Juan Bautista, los cementerios fueron aportados para respaldar a los inversionistas. El fideicomiso es administrado por ACRES, quien no tiene ningún derecho de propiedad sobre los cementerios, pues es una fiduciaria cuya labor es administrar el patrimonio que forma parte del fideicomiso.
Sobre la afirmación: “Esta maniobra generó controversia, pues si bien una investigación fiscal debería impedir cualquier movimiento registral, la transferencia se ejecutó sin restricciones”, la entidad declaró que durante la constitución del fideicomiso, la ACSJB no estaba sometida a ninguna investigación fiscal.
“En la actualidad hay una investigación preliminar abierta a raíz de las publicaciones hechas por la Sra. Paola Ugaz, quien ha ido a declarar y no ha podido sustentar con prueba alguna sus afirmaciones. Pero adomás debe sufñalarse que la apertura de una investigación preliminar no afecta la disposición de los bidnud, led datamente puede tener lugar por una decisión judicial (por ejemplo: embargo). En consecuencia, es falsa la afirmación de que la constitución del fideicomiso es inválida por la sola existencia de una investigación preliminar reservada”, agregó.
Sobre el texto donde se menciona que se habrían utilizado offshore para ocultar el acceso a estos bienes, dificultando cualquier posible reparación a las víctimas o el pago de impuestos, la entidad resaltó que lo comentado es falso.
“Es falso que la ACSJB haya realizado operaciones financieras en paraísos fiscales, menos aún con el fin de no reparar víctimas o evadir impuestos con el negocio de los camposantos. La ACSJB no tiene ninguna obligación legal, ni moral de reparar eventuales victimas del Sodalicio. A esta institución le corresponderá asumir esas obligaciones, pero no a una persona jurídica jurídicamente distinta”, indicaron.
“En cuanto a que se haya buscado evadir impuestos, es necesario recordar que la ACSJB, como toda asociación civil sin fines de lucro en el Perú, tiene un régimen de exoneración del impuesto a la renta establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. Por lo que es un absurdo insinuar que hemos buscado evadir impuestos cuando se goza ya de una exoneración. Además, los servicios mortuorios no están afectados por el IGV. Entonces ¿de qué evasión de impuestos se habla si los cementerios de la ACSJB antes de pasar a las misiones no pagaban impuestos? La respuesta es más que evidente”, agregaron.
Acerca del párrafo donde se indica que “uno de los pilares de este esquema fue la creación de la Misión Parque del Recuerdo en Lurín, que, con un acuerdo firmado con el obispo de la jurisdicción, se convirtió en una isla tributaria. Gracias a esta ventaja, el Sodalicio pudo competir de manera desigual con otras empresas del sector funerario, obteniendo márgenes de ganancia entre 30% y 40% superiores a los de la competencia, informó Ugaz”, respondieron lo siguiente:
En el año 2000 Monseñor José Ramón Gurruchaga, Obispo de Lurin, hizo las consultas correspondientes sobre la posibilidad de que el cementerio Parque del Recuerdo sea donado a una institución del Obispado que tenga como fin la tarea sagrada de enterrar y velar por la atención espiritual, pastoral y social de los familiares de los difuntos, los empleados y el público en general. Para esto pidió informes Instituto de Derecho Eclesiástico presidido por el Dr. Carlos Valderrama Adriansén; a Monseñor Luis Martinez Sistach, en ese entonces Arzobispo de Tarragona, España y Presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española; y al R.P. Gianfranco Ghirlanda SJ, entonces decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Contando el Obispado de Lurin con estos informes y siguiéndose las recomendaciones contenidas en ellos, la ACSJB procedió a formalizar su intención de donar el cementerio Parque del Recuerdo. En el mes de junio del año 2000, el Obispo de Lurin erigió mediante decreto episcopal la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo como persona jurídica patrimonial conforme al Derecho Canónico, y aprobó sus estatutos. Su cuidado fue encomendado al Sodalicio para que cumpla con su fin de velar por el carácter sagrado de su actividad a través de un Consejo de Administración.
En relación con a la supuesta competencia desleal, debe señalarse que, en el año 2003, una sociedad anónima propietaria del cementerio Campo Fe interpuso una demanda por competencia desleal contra la Misión Parque del Recuerdo por considerar que su inafectación tributaria en el IGV le otorgaba una ventaja competitiva que no era admisible en el mercado. Sin embargo, su demanda fue desestimada porque nunca hubo tal competencia desleal ya que los servicios funerarios en el Perú no están gravados con el IGV, según fue establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en el Informe N°. 076-2011-SUNAT/2B0000. Asimismo, es importante mencionar que la sociedad anónima demandante, al ser una sociedad lucrativa, debía pagar el Impuesto a la Renta, mientras que la Misión estaba exenta porque su régimen de entidad de la Iglesia se equiparaba al de las asociaciones sin fines de lucro. Esto, sin embargo, no habría cambiado si no existía la misión, pues en el Perú ninguna asociación sin fines de lucro tributa impuesto a la Renta, como era el caso de la ACSJB. En conclusión: el que el cementerio estuviera a nombre de una misión bajo el amparo del Concordato no cambió en nada el régimen tributario que tenía cuando era de propiedad de la ACSJB.
Ante la afirmación que señala que “en total, la organización consolidó una red de nueve cementerios a nivel nacional, una cifra sin precedentes en ninguna otra institución católica en el mundo. Además, este modelo se replicó en otros países como Chile y Colombia, ampliando aún más su influencia y capital”, a entidad indicó que no cuenta con camposantos en los países mencionados. Asimismo, enfatizó que cuenta con diez cementerios ubicados en distintos lugares del Perú, donde brinda atenciones funerarias, acompañando a familias con la esperanza propia de la fe en la resurrección.
En tanto, sobre la cita: “Según la periodista Paola Ugaz, en este período se realizaron pagos no documentados al Arzobispado de Lurín, lo que añade más interrogantes sobre el manejo financiero de la organización”, respondieron:
Dentro de los fines de la ACSJB está la ayuda a la Iglesia Católica y a sus instituciones; a modo de ejemplo se encuentran las más de 500 sepulturas donadas a distintas diócesis del Perú para el entierro de personas de bajos recursos, sacerdotes, religiosos o sus familiares cercanos, especialmente durante la crisis del COVID-19.
Conforme a sus estatutos y a las leyes peruanas, los excedentes de las actividades funerarias de la ACSJB estuvieron destinados a sostener las obras pastorales y vocacionales de instituciones de la Iglesia u otros fines congruentes con el espíritu de caridad cristiana, en cualquier lugar donde desarrolle sus actividades de manera propia o a través de terceros. Ello sucedió de manera especial con el sostenimiento de las actividades pastorales y sociales del Sodalicio.
