Gobierno aplica estado de emergencia como estrategia para mediar conflictos

En abril de este año, durante su primera entrevista como viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha Stucker, declaró a El Comercio que la nueva estrategia del gobierno para disminuir la conflictividad social se basaría en mejorar la gestión pública pero además, incluía la opción de declarar el estado de emergencia en zonas en conflicto para "garantizar el respeto orden jurídico".

Este enfoque se evidenció claramente a partir de diciembre de 2016. Antes de esta fecha, la estrategia aplicada por el ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Rolando Luque, fue el de la instalación de las mesas de diálogo, tal como se hizo en los conflictos en Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac).

Este cambio significó en el corto plazo la creación en febrero pasado del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial (que reemplazó la ONDS), ente que desde esa fecha se ha hecho cargo de los conflictos sociales, la descentralización y organización territorial. 

Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en cuatro localidades. En las provincias de Chumbivilcas en Cusco (20 de diciembre) luego de la destrucción de las oficinas de la empresa de agua potable en Santo Tomás y Cotabambas en Apurímac (10 de febrero) por las protestas en torno al proyecto Las Bambas; y en los distritos de Coporaque en Cusco (21 de febrero) por disturbios en torno a la minera Hudbay y ahora Tumán en Lambayeque (12 de junio), en todas estas localidades se registraron actos de violencia.

Excepto en la última, en todas se levantó el estado de emergencia una vez vencido el plazo otorgado.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 064-2017-PCM, publicado ayer en una Edición Extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en Tumán por 30 días calendario. De acuerdo a la norma, esta medida de excepción se adoptó por actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de Tumán.

-Reunión con dirigentes en la PCM-

Fuentes de la PCM, confirmaron a este Diario que la declaratoria de emergencia en Tumán responde a la estrategia del gobierno para abordar la conflictividad. Hoy a partir de las 4 de la tarde se reúnen en Lima un grupo de dirigentes de Tumán con el viceministro Javier Fernández Concha en la PCM. 

"Bajo el estado de excepción los dirigentes saben que podrían ir a prisión si realizan alguna actividad. La decisión ha sido viajar a Lima para llegar a un acuerdo", afirmó otra fuente desde Tumán. Ayer, la protesta entre trabajadores y accionistas de la empresa azucarera Tumán y la policía dejó al menos seis heridos y 16 detenidos.

-Estado de emergencia-

De acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política del Perú, el estado de emergencia es una medida de excepción que se declara "en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación". Es oficializado a través de decreto supremo por el Presidente de la República, en acuerdo con los ministros de Estado por un tiempo determinado.

Según la ley, cuando se declara estado de emergencia se pueden restringir y suspender el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Además, se establece que el plazo de la excepción no puede exceder los 60 días y que su prórroga depende de un nuevo decreto.

Dato
Según el Reporte de Conflictos Sociales N°159 de la Defensoría del Pueblo, en mayo se reportaron 179 conflictos sociales en todo el país (123 activos y 56 latentes).

La metodología para registrar conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo difiere de la aplicada por la PCM, según la versión del propio viceministro Javier Fernández- Concha se consideran cinco conflictos sociales (donde se haya registrado crisis): Lote 192, Maypuco, Afrodita, Majes Siguas y Bosque Altomayo. Con la declaratoria de emergencia, Tumán se sumaría a esta lista.