Dicha iniciativa buscará que las instituciones del Estado reconozcan la promoción y defensa de los derechos de las mujeres como un tema central de la agenda nacional ante el incremento de los casos de violencia de género y feminicidios registrados en el país (Foto: referencial)
Dicha iniciativa buscará que las instituciones del Estado reconozcan la promoción y defensa de los derechos de las mujeres como un tema central de la agenda nacional ante el incremento de los casos de violencia de género y feminicidios registrados en el país (Foto: referencial)
Alicia Rojas Sánchez

Durante el año pasado, el Ministerio Público registró 25.068 denuncias de violación sexual en el país, siendo los distritos fiscales de Lima, Arequipa, Lima sur, Lambayeque, Lima norte y Junín los que sumaron la mayor cantidad de estos delitos.

El ensañamiento con que estos se cometen y los últimos hechos de violencia contra las mujeres reportados en el país vuelven a encender los focos sobre la necesidad de que se implemente también el registro único de agresores, como dicta el artículo 42 de la ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Este registro único de víctimas y agresores fue también anunciado en octubre del 2017 durante la ceremonia de presentación del pronunciamiento “Los peruanos no podemos tolerar más violencia contra la mujer”, donde la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, sostuvo que “todos podemos coadyuvar a que exista este registro”.

De acuerdo a la ley N° 30364, este sería un sistema intersectorial en coordinación con la Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), en el se consignan todos los datos de la víctima y el agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencias, la existencia de denuncias anteriores y otros datos, según se establece.

En diálogo con El Comercio, Juan Huambachano Carbajal, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, dijo que ya hubo varias reuniones sobre el tema y que se está en una fase de obtener la información de la base de datos.

"Debe quedar claro que en el Ministerio Público existe la información. Lo que se quiere es que exista una interfase para que se pueda saber, de esa base de datos, quiénes son los agresores", dijo Huambachano.

-¿Qué avances hay en el registro?-
En cuanto a los alcances que se están haciendo, indicó que se han hecho protocolos, formatos del tema para que exista y se pueda cumplir con el marco legal. "Eso va a ser fundamental en la medida que se pueda complementar con otras acciones", agregó.

Respecto a las acciones que se podrían emprender a la luz de esta lista, dijo que "la idea es que la información que se pueda gestionar permita desarrollar intervenciones para trabajar con agresores. Hoy, a nivel de agresores, se trabaja con quienes ya tienen una sentencia".

Mencionó que al ser el agresor quien comete el feminicidio, este registro podría permitir una intervención de monitoreo y seguimiento, que apunte a reducir la probabilidad de feminicidio.

"El registro de agresores básicamente se convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones, pero uno necesita tener otras medidas que complementen la lista de agresores, como trabajar un programa a nivel nacional en convenio con el Colegio de Psicólogos", detalló como las posibles medidas a asumir.

- ¿En cuánto ayudaría el registro de agresores?-
Huambachano dijo que, para lograr resultados, este registró deberá complementarse con otros programas. "Tener un registro de agresores va a permitir identificar potenciales agresores de otras víctimas, pero eso estaría complementado con trabajar un programa con ellos para poder reducir la probabilidad", finalizó.

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