Solo hay 32 presos más por extorsión en comparación al 2018: Las cifras que explican el fracaso de las autoridades ante este crimen

Las denuncias y casos de extorsión han aumentado en los últimos años a un ritmo exponencial. Sin embargo, a pesar de las estadísticas y las propuestas para intentar cambiar esta situación, parece no haber una sanción verdadera para los responsables de este delito. De acuerdo con cifras del INPE, en junio del 2018 había 1.333 presos por extorsión y un promedio de 3,2 denuncias cada día por este delito. En junio del 2025, la cantidad subió a 1.365, es decir, solo 32 presos más en siete años.

El promedio de denuncias por extorsión para ese mes era de 75,6; en otras palabras, el promedio aumentó en 2.265%.

Las cifras han sido procesadas por el Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del BCP y Capital Humano y Social S.A., que ha presentado los resultados de su cuarto reporte sobre el panorama de la inseguridad ciudadana en el Perú.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y gerente general de Capital Humano y Social S.A., y Carlos Basombrío, exministro del Interior e investigador en temas de seguridad y economías criminales, son los autores del reporte.

“Entre septiembre del 2024 y septiembre del 2025, los nuevos encarcelados por este delito fueron 199, una cifra insignificante si se compara con la magnitud del problema y el número de denuncias registradas”, expresó Basombrío.

En los primeros ocho meses del 2025 se registraron 18.385 denuncias, lo que representa un crecimiento de 29.3% respecto al mismo periodo en el 2024. El observatorio resalta que en el 2022, el primer año de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, las denuncias por extorsión fueron 4.671.

El reporte también demuestra que todas las regiones del país presentan casos de extorsión, aunque con diferencias significativas entre ellas. Lima Metropolitana ocupa el primer lugar de casos con 7.863. La Libertad en segundo lugar con 3.089 y luego sigue Piura con 2.048.

“Existe una correlación bastante alta entre las regiones con mayor número de denuncias por extorsión y aquellas donde se registran más homicidios por sicariato”, destacó Basombrío.

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Precisamente, el reporte llama la atención sobre un hecho significativo: el crecimiento de denuncias por extorsiones que se observa en zonas que aún presentan niveles relativamente bajos de denuncias. Este es el caso de Madre de Dios, Tumbes, Puno y Cusco, que son las cuatro primeras regiones con mayor aumento de denuncias al comparar los primeros meses del 2024 y del 2025.

Ambos autores del reporte destacan que el problema de la extorsión no es un fenómeno nuevo en la historia del crimen. “Todas las experiencias exitosas en el pasado han estado vinculadas a la capacidad de penetrar y destruir las organizaciones criminales dedicadas a ese negocio. Siendo muchas y actuando en competencia, solo en el momento en que se tome la iniciativa y se avance más rápido que su capacidad de recuperación, empezará a producirse un círculo virtuoso de reducción de su fuerza, que paulatinamente irá disminuyendo la magnitud del problema”, indicó Basombrío.

Valdés, por su parte, mencionó que una mejora de la problemática requiere un incremento significativo de la capacidad de acción de la investigación criminal y de la inteligencia. En ese sentido, aseguró que se requieren cinco pasos para llevar a cabo un cambio.

“Más recursos humanos capacitados, que pasen por un proceso de selección muy riguroso; asegurar una infraestructura y logística adecuadas; acceso a la mejor tecnología disponible en el mundo; derogar las leyes que han reducido de manera importante la capacidad de los operadores de justicia para enfrentar al crimen organizado; y supervisar los recursos que se destinen a esta tarea para asegurar que cumplan su propósito de manera transparente y honesta“, detalló.

Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, recordó que no todas las denuncias por extorsión necesariamente se convierten en sentencias de forma inmediata. “Para demostrar la responsabilidad penal de sujeto denunciado por extorsión hay todo un procedimiento que puede demorar más de un año. Por ejemplo, una denuncia en el 2025 puede recibir sentencia en el 2026 o 2027″, precisó.

El experto añadió que muchos casos de denuncias de extorsión no están acompañados de elementos suficientes que permitan a la Policía Nacional (PNP) y la Fiscalía tomar medidas. "Esto responde a la necesidad de mejorar la capacidad para recibir denuncias con elementos para que instituciones puedan investigar y actuar”, destacó.

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Zevallos también sostuvo que un problema severo es que con frecuencia se requiere la participación de la víctima de extorsión en el proceso penal que empieza con su denuncia para que la PNP tenga elementos para operar. “Eso requiere mejorar el sistema de recepción de las denuncias de las víctimas para que no tengan temor de que sean perseguidos o existan represalias en su contra”, subrayó.

Por su parte, Basombrío aseguró que la experiencia internacional demuestra que solo cuando el Estado logra penetrar y desarticular a las organizaciones criminales se empieza a reducir la magnitud del problema. “Para ello necesitamos más capacidad de inteligencia, mejores herramientas tecnológicas y operadores de justicia con recursos suficientes”, señaló.