Fiscal ambiental Evelyn Lamadrid vuelve a recibir amenazas de muerte y permanece sin resguardo policial en Áncash

Desde hace seis años, Evelyn Lamadrid, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, en la región Áncash, viene investigando y presentando acusaciones ante el Poder Judicial contra empresas y empresarios involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de especies acuáticas, la minería ilegal y otros delitos ambientales. El camino no ha sido fácil. A lo largo de su labor fiscal, Lamadrid ha sido víctima de graves amenazas de muerte como consecuencia directa de su trabajo.

El Comercio pudo conocer que a inicios de la presente semana un grupo de criminales autodenominado ‘Los Empresarios’ envió nuevas amenazas directas contra la fiscal Lamadrid a través de mensajes de texto, en los que le otorgaban un plazo de diez días para abandonar la ciudad de Chimbote. En los mensajes no solo prometieron atentar contra su vida, sino también contra la de su familia, incluyendo a los parientes que residen fuera de su jurisdicción fiscal.

Hasta el año pasado, la fiscal ya había denunciado que mineros ilegales se apersonaron a su despacho para amenazarla directamente. “Me informaron que habían contratado a un grupo de sicarios para resguardar la minería ilegal en Chimbote, con la intención de poner fin a mi vida. Uno de los miembros del clan familiar cooperó mientras solicitaba que no se le investigara. Proporcionó información sobre las actividades de sus parientes. Además, me advirtió que mi vida estaba en peligro y que los sicarios habían sido contratados con el propósito de asesinarme”, expresó Lamadrid durante una entrevista anterior con El Comercio.

Debido a esa situación, hasta agosto de 2023 contaba con resguardo policial permanente; sin embargo, este le fue retirado y, desde el año 2024 hasta la fecha, la fiscal se encuentra en total desprotección, a pesar de los antecedentes de riesgo que pesan sobre ella. El panorama se tornó aún más crítico hace dos días, cuando las amenazas volvieron.

La Asociación de Fiscales del Perú exigió la protección inmediata para la fiscal provincial. A través de un comunicado oficial, el gremio expresó su rechazo absoluto a las amenazas directas contra la magistrada y condenó los actos de amedrentamiento que buscan obstaculizar su labor en defensa del medio ambiente. Asimismo, la asociación invocó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a disponer de manera inmediata el resguardo policial necesario para garantizar la seguridad de la fiscal y la de sus familiares.

Lo preocupante es que el mismo documento advierte que Lamadrid ha solicitado formalmente el resguardo policial al jefe de la Región Policial de Áncash, pero que dicho pedido ha sido tramitado por el conducto regular, es decir, bajo un procedimiento administrativo que podría demorar hasta tres meses. En ese contexto, la Asociación advirtió que “de no tomarse acciones inmediatas, hacemos responsables a las autoridades competentes de cualquier cosa que pudiera afectar a la fiscal o a su familia”.

El gremio también solicitó que, de manera urgente, se investigue, ubique y sancione a los responsables de las graves amenazas, las cuales buscan forzar la salida de la fiscal de su cargo en el plazo de diez días.

Luego de la publicación de esta nota, El Comercio tomó conocimiento de que el Comando General de la Policía Nacional del Perú aprobó la designación de un agente de Seguridad del Estado para que resguarde a la fiscal Lamadrid, quién desempeña labores dentro de la Región Policial Áncash.

En el 2019, Lamadrid presentó cargos contra el representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources, propietaria del Damanzaihao, el barco factoría más grande del mundo. Solicitó una condena de tres años y ocho meses de prisión por el delito de extracción ilegal de especies acuáticas. También llevó a juicio oral al capitán de la embarcación de origen chino Run Da 608, Zhuang Hanbo, en el 2020, acusándolo de tráfico ilegal de especies.

Además, su despacho alcanzó un hecho histórico en el Perú. Sentenció a cuatro años y medio de prisión a Jorge Roldán Angulo Sánchez, gerente general de Ajansa Perú SAC, y a Poly Diks Pinto Gonzáles, por el delito de comercio ilegal de aletas de tiburón.

Por otro lado, en el 2021, la fiscal del Santa ordenó la incautación de cuatro volquetes, una excavadora, un cargador frontal y una zaranda que estaban siendo utilizados en la extracción de minerales no metálicos en el centro poblado de San Jacinto, ubicado en el distrito de Nepeña. Lamadrid explicó que tomó la medida de confiscar la maquinaria pesada después de verificar que se llevaba a cabo actividad minera sin la autorización correspondiente de la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash.